Reforma judicial: menos derechos y más corrupción

Por eso, debe de haber un mecanismo jurídico de apoyo a los que hacen las detenciones, que les ayude además a complementar las carpetas de investigación. Esto evitaría que se prodiguen toda clase de mimos a criminales como los que mataron a normalistas de Ayotzinapa solo porque declararon contra elementos del Ejército porque así convenía al actual gobierno federal

El combate a los criminales en México dista mucho de ser como en las películas en las que las fuerzas de seguridad llegan a una casa o complejo y capturan a todos los malos para poner fin a la historia con el triunfo de los buenos.

Aquí no es así. No puede ser así porque los delincuentes tienen relaciones con políticos poderosos, con funcionarios influyentes y con policías corruptos. Adicionalmente, existen personas que los protegen o se abstienen de denunciarlos.

Para colmo, existen agentes del ministerio público que faltan al debido proceso ─por ineptitud o por complicidad─ y jueces de control que le ponen peros a todo.

En el extremo caso de que sean detenidos, los delincuentes tienen otra forma de evadir a la justicia: se convierten en testigos protegidos. La fiscalía los recibe con los brazos abiertos (aunque deban vidas ─incluso de servidores públicos honestos─) cuando conviene que hablen contra alguien al que quiere poner tras las rejas. A la representación social no le importa lo que hicieron, sino el provecho que les puedan sacar.

En este sentido, sí es necesaria una reforma judicial, pero que sea integral. En palabras de Mario Rosales Betancourt:

«Esto es, se requiere un cambio radical en todo lo relacionado con la actividad jurisdiccional; porque si los ministerios públicos no hacen su trabajo por ineficiencia o corrupción, los abogados del gobierno se venden o no saben y los particulares corrompen ─entre otras cosas─ de nada serviría tener buenos ministros, magistrados y jueces».

Se trata, por ejemplo, de que, si se detiene a un capo, no se le ponga en manos de quien lo va a soltar. Y aún más: de que se le inicie el debido proceso a pesar de sus presuntos contactos con políticos, funcionarios, legisladores, jueces y jefes policiacos.

Morena ya difundió los resultados de sus encuestas, según los cuales 7 de cada 10 encuestados estuvieron de acuerdo en que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Y 8 de cada 10 aprobaron la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, el 52 por ciento no sabía de la propuesta de reforma.

La reforma judicial debe pasar por legisladores comprometidos con México y con los mexicanos, no con el jefe máximo, la virtual presidenta y la nomenklatura de Morena.

Lo peor que le pudiera pasar a México es que los jueces, magistrados y ministros del poder judicial sean incondicionales de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum, de Mario Delgado y demás. Eso daría impunidad a la clase gobernante y dejaría indefenso al pueblo «bueno y sabio».

La reforma de López Obrador y de Sheinbaum daría oportunidad, también, como lo expone el maestro en Justicia Federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio, de que los poderes económicos y criminales tengan jueces, magistrados y ministros a modo.

Perjudicaría en cambio a los militares, guardias nacionales y policías honestos que cumplen labores de seguridad pública (los elementos de la Secretaría de Marina ya fueron relevados de esta pesadilla) porque quedarían en la mira de los jueces, magistrados y ministros que les deben sus puestos a los poderes políticos y económicos que están coludidos con los poderes criminales.

Los criminales saben que las oficinas de los jueces de control tienen dos puertas.

Una, es factible abrirla cuando la detención tuvo errores; cuando el juzgador les dice: «Caíste. Ya estás aquí. ¿Cómo nos arreglamos?; o cuando doblegan a los jueces débiles con amenazas como las siguientes: «Sabemos dónde hace tu esposa sus compras, a qué escuelas van tus hijos, cuáles son sus horas de entrada y de salida, cuáles son tus rutinas personales…».

La otra permanecerá cerrada si la investigación está bien hecha y si el juez de control es honesto, ético y valiente.

Por eso, debe de haber un mecanismo jurídico de apoyo a los que hacen las detenciones, que les ayude además a complementar las carpetas de investigación. Esto evitaría que se prodiguen toda clase de mimos a criminales como los que mataron a normalistas de Ayotzinapa solo porque declararon contra elementos del Ejército porque así convenía al actual gobierno federal.

La justicia no debe ser moneda de cambio. Todo aquel que cometa un delito, debe ser correctamente juzgado y justamente sentenciado. El que la haga, que la pague.

Dicho de otra manera: si alguien alguien mató, que reciba una sentencia, por dar un ejemplo, de 150 años de cárcel, y si aportó algo útil a la justicia, que le perdonen 10, no más.

Conclusión

La elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mediante el voto popular no erradicará la corrupción. Seguirá vigente aquello de «Caíste. Ya estás aquí. ¿Cómo nos arreglamos?».