Por Juan José Agustín Reyes Rodríguez (*).

Durante décadas ha habido un constante ataque a los recursos naturales en nombre del desarrollo, que nos ha llevado a situaciones verdaderamente dramáticas en cuestión de recursos naturales, bosques, selvas, humedales, semidesiertos, agua, playas, cerros, montañas, entre otros, cuya pérdida y deterioro se hacen cada vez más dramáticos.

En una historia no muy remota, recordamos el Plan Nacional de Desmontes Benito Juárez, en el periodo de Gustavo Díaz Ordaz, cuando se hizo una devastación masiva de las selvas de Veracruz, Tabasco, Yucatán, Tamaulipas, Quintana Roo y Campeche, principalmente, además de otros estados.

Posteriormente se les ocurrió al Plan Nacional Hidráulico, predecesor de la CONAGUA, hacer su programa de Drenaje Tecnificado en aquellas zonas cubiertas de humedales, con la consecuente desaparición de estos ecosistemas en varias partes del país, como por ejemplo el Plan Chontalpa, por mencionar sólo uno.

En tiempos de Salinas de Gortari, como continuidad del periodo de De la Madrid, se inventaron el PROCAMPO que llevó a más desmontes de tierras forestales para dedicarlas a la agricultura subsidiada, pero no necesariamente productiva de manera sostenida, sino como una manera de crear programas, aunado al programa SOLIDARIDAD (más bien sólo dar y dar) para los pobres, en paralelo con la instauración del régimen Neoliberal, para los ricos, que hasta la fecha padecemos.

En la actualidad uno de los principales causantes de destrucción forestal, es la producción de aguacate, principalmente en Michoacán, Jalisco y Estado de México, entre otros.

Otro factor importante de destrucción forestal y de tierras y pueblos es la minería de metales preciosos y minerales no metálicos en prácticamente todo el país. Estas minas hacen destrucción de la cubierta forestal, contaminan los arroyos, ríos, manantiales y espejos de agua donde están presentes. Los impuestos que pagan son menos del 2% y las regalías son ridículas. Se llevan la riqueza de la nación, atentan contra los pueblos que se oponen a esta explotación y dejan desastre por doquier.

Las exploraciones y explotaciones petroleras y de gas, son otras fuentes de destrucción de los ecosistemas y contaminación de tierras, aguas y aire. Está por iniciarse la explotación de gas y petróleo por el fracking o fractura hidráulica en San Luis Potosí, Tamaulipas y Coahuila, donde se han encontrado depósitos de esquistos, ricos en gas y petróleo, lo que implica el uso de grandes cantidades de agua y la contaminación de suelo, aire y mantos acuíferos por la gran cantidad de químicos contaminantes que utilizan.

 

Otro de los graves asuntos que afectan a toda la sociedad es la consigna a privatizar el agua y disponer de grandes cantidades de esta para para las minas, el fracking, cerveceras, refresqueras, agua embotellada y otras industrias altamente consumidoras de agua.

La construcción de presas en Guerrero, Chiapas y otros estados han significado el despojo de tierras y recursos de pueblos donde se están programando y construyendo, lo que ha causado inconformidad y violencia social.

La concesión de playas que ha hecho la SEMARNAT, en la Zona Federal, a partir de la ley respectiva aprobada en el 2013, ha privatizado en términos reales, disfrazadas de concesiones, las playas de los principales centros turísticos, totalmente violatorios de la Constitución.

El caso más reciente, que tendrá que resolverse ambiental, social y económicamente, es el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se estaba construyendo en el lecho del Lago de Texcoco y que tanta controversia ha creado en la sociedad.

Al cancelarse se detendrá la devastación ambiental en el propio lago y en toda la cuenca, por lo que las poblaciones afectadas están reclamando la reparación de los daños causados.

Esto implica necesariamente, la planeación participativa del gobierno federal, del estado de México e Hidalgo y los municipios, con los pobladores, para definir estrategias, programas y proyectos de restauración y de una vez realizar un verdadero ordenamiento ecológico territorial en toda la cuenca.

El desarrollo de la infraestructura carretera, puesta en manos de empresas privadas, ha causado una grave deforestación y conflictos sociales, en donde se han construido, al expropiar terrenos privados o de ejidos y comunidades, en nombre del interés público, pero poniendo su operación en selectas empresas privadas.

Están en perspectiva megaproyectos en el sur sureste del país, como son el tren interurbano México Toluca, el Tren Maya y el Corredor del

Istmo de Tehuantepec.

Ello implica en algunos tramos del tren, destruir bosques y abrir selvas con lo que reduciría la superficie, ya de por sí mínima, que nos queda de estos ecosistemas.

 

La Selva de los Chimalapas, en Oaxaca y parte mínima en Chiapas y Veracruz, es uno de los ecosistemas selváticos de gran relevancia, inclusive más importante que Kalakmul y La Lacandona, que se ha visto amenazada constantemente por talamontes y ganaderos de Chiapas y Veracruz, impactando negativamente esta selva alta perennifolia.

La propuesta de conectar el Océano Pacífico con el Golfo, a través del Istmo de Tehuantepec, debe considerar los posibles impactos en estos ecosistemas primigenios que aún tenemos, para evitarlos realmente.

Todos estos desarrollos y actividades que se están construyendo en el país, han contado con la autorización de sus manifestaciones de impacto ambiental, por la SEMARNAT, la cual ha sido fuertemente cuestionada por los grupos y pueblos afectados directamente y que han creado una desconfianza y enojo porque muchos de los dictámenes emitidos por la SEMARNAT, están cuestionados por estar manipulados, con información falsa, omisiones y con una clara consigna de que se autoricen a pesar de todas las deficiencias y contradicciones que tienen, como es el caso reciente del NAIM, en el Lago de Texcoco.

Se tendrá que hacer una revisión exhaustiva de todas las autorizaciones que se han otorgado con dudas razonables, sobre todo en los megaproyectos, para cancelarlos o corregirlos, según prevalezca el interés público y no los beneficios privados.

 

Se requieren establecer políticas públicas nacionales, estatales y municipales, de desarrollo sustentable, para evitar el crecimiento anárquico y con una limitada visión economicista y extractivista, como ha ocurrido hasta la fecha, en donde han prevalecido los intereses económicos privados, sobre los sociales y ambientales.

(*) Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques. por la Escuela Nacional de Agricultura, de Chapingo, Texcoco, Estado de México (hoy, Universidad Autónoma Chapingo); Maestro en Ciencias y Candidato a Doctor en Recursos Naturales por The University of Michigan, en Ann Arbor, Michigan; Consultor en Recursos Naturales, Ambiente y Desarrollo.