Editorial

Foto de Ciudad Universitaria: Wikipedia.

La sociedad vio con agrado la decisión presidencial de echar atrás el recorte al presupuesto de las universidades públicas porque evitó el agravamiento de la crisis financiera de este sector.

Si López Obrador se hubiera mantenido en su posición, se habría afectado -según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES- a 3.2 millones de alumnos que asisten a escuelas públicas del país. Esta cantidad es superior a los 2.3 millones de jóvenes que recibirán becas de capacitación para el trabajo por parte del gobierno federal.

El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, al reunirse este martes con diputados federales de los distintos grupos parlamentarios, dijo que la cobertura de las universidades públicas aumentó en 116 por ciento entre el 2000 y el 2017, en tanto que el gasto federal sólo subió en 71 por ciento.

Valls Esponda planteó que el crecimiento de recursos en términos reales sea cero, pero que, por lo menos, no haya reducciones al presupuesto de las universidades.

También solicitó considerar la expansión de la educación superior y media superior con un aumento de 100 millones de pesos, así como ampliar los fondos extraordinarios, porque éstos han menguado en 43 por ciento.

Informó que el 90 por ciento de la investigación se hace en las universidades asociadas a la ANUIES, por lo que requieren de certeza financiera, tanto de recursos ordinarios como extraordinarios.

El recorte a universidades e instituciones púbicas de educación superior hubiera tenido, pues, efectos catastróficos.

El problema se ha conjurado en apariencia, pero la solución es parcial. Urge que el Estado mexicano meta más tijera en gastos innecesarios y consolide el sector de la enseñanza superior para que los jóvenes mexicanos aporten las patentes que necesitan todos los sectores estratégicos: desde el campo y la industrialización hasta la medicina y la enseñanza.

En tanto no se haga esto, México seguirá dependiendo de los proveedores extranjeros que nos venden sus bienes y servicios a precios de dólar.