Por Jorge Santa Cruz (*)

La tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, es una de tantas consecuencias de las traiciones contra Petróleos Mexicanos, cometidas durante el régimen neoliberal (1982-2018).

En su urgencia por desmantelar a la petrolera mexicana y entregar sus recursos a poderosos intereses privados, los neoliberales solaparon toda clase de actos corruptos dentro de la empresa, protegieron a la mafia sindical, dilapidaron los excedentes petroleros y dejaron operar a sus anchas a los ladrones de combustible, es decir, a los huachicoleros.

Fue una verdadera conspiración que hoy cobra relevancia por las decenas de personas muertas y heridas. También, por los reportes de fugas, lo mismo en Querétaro que en Tabasco.

En la colonia Tezozómoc, de la Alcaldía de Azcapotzalco, de la Ciudad de México, prevalece la incertidumbre. Ubicada en una zona estratégica para los huachicoleros, la población teme que haya tomas clandestinas porque una eventual explosión provocaría otra tragedia.

La traición contra México y contra PEMEX es un asunto de seguridad nacional. Expliquemos por qué:

1. Siete de cada 10 litros de gasolina que se consumen en el país, es de importación. Nuestros principales proveedores son estadounidenses. Si el presidente Donald Trump decidiera prohibir la venta de combustibles a México, la nación se paralizaría.

2. El huachicol paralizó varios estados del país. De esa magnitud es su fuerza criminal (apuntalada desde el sistema político).

3. La traición a PEMEX la pagamos, todos los días, con los altos costos de las gasolinas y el diésel.

4. Los precios al consumidor suben todos los días porque se importa gasolina que se paga con dólares; porque el huachicol provoca escasez; porque PEMEX tiene poca capacidad de refinación, y porque a la empresa se le quebró para beneficiar a Shell, Gulf, Oxxo, etcétera.

5. La tragedia ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, se puede repetir en cualquier otro punto del país, sea por soberbia de los huachicoleros, sea por imprudencia de la población civil o… ¡por sabotaje!

El daño a la nación es enorme. Lo primero a considerar son las vidas humanas. Enseguida, los daños al patrimonio nacional y al de millones de personas.

Para los presuntos responsables no debe haber amnistía. Deben ser investigados de manera imparcial y -en caso de demostrarse su culpabilidad- enviados a prisión.

Los huachicoleros, tanto los de cuello blanco como los que componen las diferentes bandas delincuenciales, se han enriquecido perforando la tierra y haciendo conexiones ilegales.

El nuevo fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, tiene ante sí el enorme reto de establecer conexiones entre los autores intelectuales y los ladrones materiales de combustibles con el único propósito de hacer justicia.

La ley le otorga absoluta independencia con respecto al Poder Ejecutivo Federal. Por lo demás, conoce las entrañas del sistema. Recuérdese que cuando tenía mucha información, en 2004, de los entonces llamados chupaductos, el presidente Vicente Fox lo quitó de la Secretaría de Seguridad Pública federal. ¿Casualidad? No lo creemos.