El autor alerta en el sentido de que la cancelación del NAIM no frenó las ambiciones de los grandes consorcios que quieren hacer grandes negocios a costa del ambiente y de la salud de los habitantes de la zona.

Por Juan José Agustín Reyes Rodríguez (*)

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se inició en el 2015 y se canceló parcialmente en el presente año, causó una verdadera devastación en el entorno inmediato, no sólo a las finanzas públicas, sino fundamentalmente al Lago de Texcoco y a la subcuenca oriente del Valle de México.

Pueblos, organizaciones, grupos, vecinos y en general pobladores afectados por este megaproyecto ecocida, desarrollamos una lucha intensa por redes sociales, marchas, plantones, levantamiento de barras en las autopistas, entrevistas en los medios de comunicación, escritos, demandas legales, amparos y todas las acciones legales que estuvieron a mano para cancelar esa obra, sin que fueran atendidos, menos escuchados, por las anteriores autoridades federales, del estado de México y de los municipios participantes.

A pesar de la guerra mediática que emprendió el gobierno de Peña Nieto, sus súbditos, empresarios con sus intereses económicos metidos en el NAIM, paleros y desconocedores de la situación real, se logró que Andrés Manuel López Obrador, después de la consulta nacional o sondeo, realizada desde finales de octubre del año pasado,  cancelara el NAIM, apenas hace unas semanas. Después del anuncio que hizo el entonces candidato presidencial electo que se cancelarían las obras ahí, Peña Nieto, Ruiz Esparza y Federico Patiño, responsables de esa construcción, anunciaron y cumplieron que seguirían trabajando hasta el último día de su mandato, por lo que la devastación continuó durante varios meses.

Lo que está muy cuestionado es que el nuevo Director General del Grupo Aeroportuario de la CDMX, tenga la intención de seguir construyendo algunas de las obras, para que no se desperdicie la “inversión” y se determine que se hará ahí, lo cual va en contra de toda la lucha y movimiento social que se hizo para regresar su función natural del lago de Texcoco que es un regulador de las aguas que llegan a ese espacio lacustre. Se ha reiterado que cualquier construcción, actividad o proyecto que se haga ahí y que signifique utilizar o seguir metiendo concreto, seguirá siendo un atentado contra la naturaleza, aun cuando se disfrace de “ecológico y sustentable”. Lo único verdaderamente ecológico y sustentable es la recuperación de toda la superficie lacustre del lago, no sólo de la zona federal sino de todo el espacio inundable, que tiene como 17,000 hectáreas.

Hay que reconocer que está lucha por el Lago estuvo apoyada, además de los pueblos afectados, por varios grupos de lucha social, científicos, académicos de varias universidades del país y en especial por el presidente de la Comisión para el Seguimiento de las Obras del NAIM, quien sin utilizar su comisión con fines partidistas dio seguimiento puntual hasta el término de su función, tanto en lo financiero como en la devastación que se hizo en los municipios del entorno.

En la nueva legislatura de la Cámara de Diputados, toma la estafeta la Dip. Federal Azucena Rodríguez Zamora, de la Comisión de Infraestructura, quien propone un punto de acuerdo en el que “Exhorta a diversas autoridades federales, así como al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a atender a los vecinos y comunidades afectadas por las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México”.

Este punto de acuerdo fue aprobado por la mayoría el 14 de febrero, de acuerdo con los medios de comunicación, y va dirigido a las siguientes dependencias y entidades:

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para que revise el cumplimiento de la Manifestación de Impacto Ambiental del NAIM, así como las consecuencias y afectaciones que tuvo en la región. Esto debe entenderse no sólo en el polígono del NAIM, como lo ha querido manejar el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), sino a toda la cuenca del Valle de México donde hubo esa devastación.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para inspeccionar los daños causados por esa obra en la zona contigua y las acciones correctivas que deban realizarse, con el vertimiento de lodos tóxicos en minas de Tlaminca, Tequexquinahuac, San Dieguito, San Miguel Tlaixpan y Huexotla, todos del municipio de Texcoco, entre otras afectaciones.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), para censar las viviendas y comunidades afectadas, así como verificar los datos manipulados por en los ejidos con la compra de parcelas.

La Secretaría de Bienestar (Sebien), para llevar el registro de beneficiarios de los programas sociales en esa zona contigua al NAIM.

Al momento de escribir este artículo no tuve a la vista el texto completo del punto de acuerdo y solamente estoy tomando la referencia de los boletines de prensa publicados en periódicos nacionales. No se mencionan las responsabilidades que deben atender el GACM y la Comisión Nacional del Agua, organismos que tienen la mayor responsabilidad de la afectación a los recursos naturales del Lago y de la Cuenca del Valle de México, por lo que esperamos que las otras instituciones revisen a fondo los documentos técnicos que se autorizaron por las dependencias involucradas y se actué en consecuencia.

Enhorabuena por la Diputada Azucena Rodríguez Zamora que logró este exhorto de los legisladores, al gobierno federal para que tome acción en varios aspectos de los señalados en ese punto de acuerdo.

Es muy lógico que muchos de los que vieron afectados sus intereses económicos, estén utilizando a algunos comentócratas, articulistas, reporteros, conductores de radio y televisión y prensa escrita, para seguir machacando que el desastre por el que pasa México es por la cancelación del NAIM y que eso ha significado la pérdida de miles de millones de pesos, pero no han logrado ponerse de acuerdo si son, 45, 100 o 250 mil millones de pesos y hasta algún expresidente perdido ha señalado que serían 145 mil millones de dólares (¿?) los que “perderá” el país y nos llevará a la “bancarrota” (¡esto último es de mi cosecha!).

Sin embargo soslayan o ignoran abiertamente que de haber seguido con la construcción del NAIM, sería un nuevo FOBAPROA AEROPORTUARIO, o sea otro barril sin fondos, además de los costos ambientales y sociales que no se consideraron para nada en esa obra faraónica.

Las mismas dependencias del nuevo gobierno, emplazadas por la Cámara de Diputados, están heredando las acciones oscuras, ilegales, fraudulentas u omisas con las que actuó el gobierno anterior, por lo que se echaron un trompo a la uña y ahora tendrán esa obligación legal y en su momento levantar las responsabilidades a los funcionarios que por acción u omisión provocaron todos los daños al medio y a las personas, que se han señalado reiteradamente y por varios años, sin asumir sus responsabilidades como servidores públicos en funciones.

También sería conveniente que la Cámara de Diputados Federal hiciera un llamado a la Cámara de Diputados del Estado de México, para que proceda en el mismo sentido con las autoridades estatales y municipales que faltaron a su responsabilidad haciéndose cómplices o viendo para otro lado la devastación ambiental que ocurría. Hay numerosos casos de represalias de autoridades judiciales del Estado de México que se confabularon para imputar e inventar delitos a luchadores sociales que defienden sus recursos naturales, los cuales también deben rendir cuentas.

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(*) Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques, por la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, Texcoco, Estado de México (hoy Universidad Autónoma de Chapingo); Maestrom en Ciencias y candidato a Doctor en Recursos Naturales por The University of Michigan, en Ann Arbor, Michigan; Consultor en Recursos Naturales, Ambiente y Desarrollo.