Por Mario Rosales Betancourt (*)

Foto superior: kienyke.com

López Obrador, al violar la Constitución, no es ni ignorante, ni tonto; sabe bien que a los más de los mexicanos no les gusta respetar el estado de derecho y sabe que aparte de la opinión contraria de juristas y políticos de oposición, no hay acción legal efectiva contra su memorándum. Esto es, ni amparos, ni denuncias penales, ni controversias constitucionales procederán y su peligroso discurso de que un criterio subjetivo de justicia debe prevalecer sobre la ley lo dejará impune y aceptado por la mayoría. Ello, sin embargo, llevará a México a la anarquía.

Hoy pasa al pleno de la Cámara de Diputados la nueva reforma al artículo tercero constitucional que abrogará la reforma educativa de Peña Nieto y, si los dejan trabajar, se aprobará, y después en el Senado, y en la mayoría de las legislaturas de los estados.

Con esto quedará sin materia para juicio el inconstitucional memorándum, así se verá que es más rápido reformar la Constitución que protegerla jurisdiccionalmente.

Finalmente habló la ex ministra Sánchez Cordero, quien sabe que es inconstitucional el memo, y dijo algo terrible: que eso es algo político, con destinatarios políticos (o sea la CNTE) y «que no tiene nada que ver con la Constitución y la ley». El caso es que la secretaria de Gobernación olvida que todo acto del Presidente —incluso los de naturaleza política— tienen que ajustarse a la constitución y a la ley.

Pasan los días, y aparecen nuevos temas, y se diluye la reacción contra el poderoso memo y contra la doctrina de que la justicia debe ser preferida sobre la legalidad.

Se equivocan los que califican a López Obrador de ignorante o tonto, nos miente con la verdad. Su memo, como dijo, no es algo jurídico, sino algo político y aunque rompió su promesa de que nada por encima de la ley, y su protesta de «Cumplir y hacer cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanan», lo hizo con el conocimiento de la Constitución y las leyes en México.

Lo dramático es que desde la Colonia, se obedecen, pero no se cumplen; que siempre buscamos la forma de darle la vuelta a una legislación que no nos conviene o no nos gusta, y que realmente las interpretaciones y criterios jurisdiccionales, empezando por los de la Suprema Corte de Justicia, son los de no castigar a los gobernantes que violan la ley.

Con ello, lo que hemos dicho académicos especialistas en derecho, no es vinculante para el gobernante, por lo que veremos que las acciones legales que se intentaron e intentarán, no procederán. Por eso el reto del Presidente y de personajes como Martí Batres de que los amparos, denuncias penales y controversias constitucionales no afectarán al jefe del Ejecutivo federal.

Pero lo más grave es su doctrina de que la justicia está por encima de la legalidad. Si bien filosóficamente existe una justicia en términos absolutos, la justicia humana o es una justicia subjetiva que varía de una persona a otra (o sea que lo que es justo para alguien es injusto para su contraparte) o es una justicia humana objetiva, que es precisamente el derecho (o sea que en el fondo, esta doctrina implica aceptar que la justicia subjetiva que es variable de una persona a otra, no debe estar por encima de la justicia convenida y convertida en derecho, esto es, en la justicia objetiva).

Pero lo que es peor realmente, incluso por su dicho y por el de su secretaria de Gobernación, es que la razón del memo es política, lo que implica que en el fondo lo que dice es que entre lo político y lo jurídico debe prevalecer lo político. Dicho de otra manera: el actual gobierno está aceptando los principios de Maquiavelo, que aconseja al príncipe que se aparte de la ley, si ello le es políticamente conveniente.

Esto provoca una situación caótica para la convivencia humana pacífica, nos aparte del estado de derecho, pero no daña políticamente al Presidente.

(*) Abogado, profesor universitario y periodista.