Por Mario Rosales Betancourt (*)

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Mientras la crisis financiera en PEMEX y el SEGURO SOCIAL provoca. en la primera, sólo una ridícula sanción administrativa contra su ex director, Emilio Lozoya Austin, y en la segunda, una muy polémica renuncia de su titular, salió una lista de periodistas y empresas que durante el gobierno de Peña Nieto recibieron sumas millonarias, como Joaquín López Doriga que aceptó más de 251 millones.

Así, recursos públicos que podrían haber servido para paliar la falta de inversión en PEMEX, o el abasto de medicamentos en el Seguro Social, se emplearon en realizar estos pagos, que no generaron ningún beneficio público, sino que sólo sirvieron y hasta mal, para cuidar y enaltecer la imagen del presidente Peña y de otros funcionarios.

El gasto en publicidad oficial entre 2013 y 2017 fue de casi 51 mil millones, más de 23 mil 430 millones de lo aprobado, y que en el último año 2018 fue 449% superior a lo autorizado. Si se suma el presupuesto aprobado a todo el gobierno federal para comunicación social uno se da cuenta de que era de un mil 160 millones, pero se gastaron —según el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO)— más de 6 mil 373 millones.

Adicionalmente, es sabido que se beneficiaba a empresas de comunicación y a ciertos periodistas con contratos diversos, concesiones y plazas. Por ejemplo, franquicias de gasolineras.

Esto, por un lado, logró pervertir y corromper el ejercicio del periodismo. Los que hemos participado, hemos visto cómo los salarios que pagan las empresas a los periodistas —en prensa escrita, radio, etc.— son muy bajos, incluso nulos. Y lo que es más: no sólo no reciben sueldo, sino tienen que tienen qué pagar por los espacios, con publicidad o patrocinios.

Así, las prácticas del «chayote», el «sobre», el «agradecimiento» o, aun, la del chantaje, por muchos años se han ejercido por algunos periodistas; desde luego no por todos. Por eso, la difusión de esta lista y el anuncio de que saldrán más nombres tiene como propósito desprestigiar al conjunto, para que se debilite y minimice el poder de la prensa crítica, a la que sólo se desprecia y se le llama «fifí».

Señalar que fue «chayotera» del gobierno pasado y que sólo critica al actual porque se suprimieron sus canonjías tiene como objetivo final el paralizar a los periodistas honestos y críticos.

Se trata de lo que se llama la argumentación ad homine, esto es, no responder a una critica o argumento contrario, sino decir la falacia de que no es cierto, porque quien lo dice está desacreditado.

Así, por ejemplo, se incluye a Enrique Krauze, uno de los que ha hecho —en libros— una de las críticas más fuertes a la forma de ser de AMLO. Al señalar que recibió dinero, se trata de quitar valor a lo que dice, no porque sea falso, sino porque lo dice alguien que recibió dinero. El gobierno de López Obrador, en este caso específico, no responde con argumentos a las críticas de Enrique Krauze; sólo lo exhibe como parte de los que recibieron jugosos contratos por parte del gobierno anterior.

Ahora bien, si fue ilegal esto, a quien se debe señalar y evidentemente castigar, es a quien desde el gobierno hizo esos pagos, y no sólo desprestigiar a quien los recibió. Hay evidencia de malos manejos, y esto no debe quedar impune. Debe sancionarse a quien ordenó estos pagos, aun haya sido el expresidente Peña.

(*) Abogado, profesor universitario con 44 años de experiencia en las aulas y periodista.