Por Mario Rosales Betancourt (*)

Foto ilustrativa: Especial.

Sin duda, son de gran relevancia política y económica, las suspensiones ordenadas por los tribunales federales a la construcción del aeropuerto en Santa Lucía —hasta que se tengan los dictámenes favorables en materia ambiental y de seguridad— y la orden de que se conserve lo ya construido en lo que sería el aeropuerto en Texcoco.

Pero es especialmente importante el precedente jurídico que se lograría con la suspensión definitiva y, sobre todo, con el otorgamiento de los amparos promovidos por el colectivo #nomásderroche, porque significaría el surgimiento de un nuevo y muy importante derecho: el derecho de los ciudadanos a exigir la racionalidad en el ejercicio del gasto público.

Existe con una reforma constitucional del 2016, una base constitucional, que es el artículo 136, que exige que los recursos económicos públicos se administren con «eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez». Esta base constitucional antes sólo servía para fundamentar las acciones de control, vigilancia e imposición de sanciones por parte de otros órganos del estado.

Aquí lo novedoso es que no es un organismo del Estado el que cuida y exige el cumplimiento de estos principios, sino que son ciudadanos, quienes a través del poder judicial federal combaten una decisión del gobierno, de no seguir con la construcción del aeropuerto de Texcoco e iniciar la del aeropuerto en Santa Lucía.

Así, de los cinco criterios que establece el 136 constitucional, el actual gobierno sólo se centra en dos, desde luego muy importantes, la honradez y la transparencia, pero soslaya los otros tres, también muy importantes: la eficacia, la eficiencia y la economía.

Eficacia significa que el gasto público logre sus propósitos, cumpla con el fin para el que se destinan esos dineros; lo que se ve, es que Santa Lucía es menos eficaz que Texcoco, porque resuelve el problema de una moderna y segura terminal aérea, por menos tiempo, ya que el de Texcoco significarían más pistas y resolvería el problema por un periodo más largo.

La eficiencia implica lograr el propósito con el mínimo de recursos posible y/o en el tiempo más breve; al principio se dijo que era menor el costo de parar la obra y realizar la de Santa Lucía, pero ahora se ha evidenciado que esto no es así, que sale muchísimo más costoso, pero además, con otros costos, como son los de transporte para llegar a Santa Lucía; los ambientales —por ejemplo el problema de la escasez de agua— y, evidentemente, el de seguridad, ya que se han señalado los riesgos de operar simultáneamente el actual aeropuerto y el de Santa Lucía .

Y el criterio de economía es el de aprovechar y no desperdiciar recursos públicos escasos. No sabemos en qué va a terminar esto, quién sabe si se concederán los amparos —probablemente el asunto llegará hasta la Suprema Corte de Justicia—, pero por tratarse de algo sin precedente, debemos estar muy atentos a lo que resuelva el poder judicial federal.

(*) Abogado, profesor universitario con 44 años de experiencia docente y periodista.