Por Mario Rosales Betancourt (*)

Imagen ilustrativa: Pixabay.

Un juez niega la suspensión definitiva, pero otros la conceden. La resolución jurídica de los amparos del colectivo #no más derroche, es incierta y tardará mucho.

Desde el principio nos opusimos al proyecto del magno aeropuerto en Texcoco. Alertamos de los daños ecológicos, el inapropiado tipo de suelo, el inconveniente de un único aeropuerto tan grande en plena zonas metropolitana del Valle de México; después, vimos una exagerada corrupción. Solo como ejemplo, un exalumno me comentó sin vergüenza que se hizo millonario con la venta de tepetate, que compraba muy barato y vendía muy caro, gracias a sus contactos.

Cada vez se encuentran más evidencias que de  se trataba de un proyecto pensado como un gran negocio, y no como una forma de resolver el problema del transporte aéreo para el México del siglo XXI.

Pero también criticamos cuando López Obrador, en su consulta, nos limitó a dos sopas: Texcoco o Santa Lucía .

Cada vez se evidencian también los inconvenientes que tiene transformar lo que es sólo una base militar, la de Santa Lucía, en un gran aeropuerto civil. Graves problemas de seguridad, ambientales, de carácter social, de infraestructura, etc., convierten la opción en riesgosa, costosa e insuficiente para resolver el problema a mediano plazo.

Desde que se inició lo de Texcoco, cuestioné el porqué tenía que mantenerse como el principal aeropuerto del país, el de la ciudad de México.

Una propuesta simple sería mantener el actual aeropuerto sólo para vuelos nacionales y buscar un lugar apropiado, fuera del Valle de México, aunque relativamente cercano, que no represente problemas ni de seguridad, ni sociales, ni ambientales; que fuera adecuado para el tráfico aéreo internacional, y en donde se pudieran establecer adecuadas formas de comunicación para que fuese el aeropuerto Internacional del país. Esto es, ni Texcoco, ni Santa Lucía. Así es como operan muchas ciudades: tienen dos o más aeropuertos y algunos no tan cercanos, pero sí muy bien comunicados.

No creemos que la solución adecuada sea la que derive de si se ganan o se pierden los amparos. No deben ser los jueces los que resuelvan en definitiva, deber ser técnicos imparciales que piensen sólo en el beneficio del país y no lo que hemos visto, que el ánimo real va en el sentido de que los beneficios económicos y/o políticos sean para unos cuantos, si queda una de las dos malas opciones.

(*) Abogado, profesor universitario (con 44 años de trayectoria en la UNAM) y periodista.