Por Mario Rosales Betancourt (*)

Foto: Gobierno de México.

Como todo lo que tiene que ver con el presidente López Obrador, el solo anuncio de que está en imprenta y deque  pronto saldrá su libro, con el título de Economía moral —que hasta se puede apartar ya en su versión digital—, ocasionó una intensa y emocional polémica, entre los que alaban y magnifican el texto, y quienes lo descalifican y censuran. Pero lo absurdo es que ni unos ni otros lo han leído porque, salvo el que enseñó el propio presidente en su «mañanera», nadie lo tiene.

Así vivimos una nueva guerra basada en prejuicios. Por el momento, lo único que podemos cuestionar es el título y la conveniencia o no de que un gobernante publique textos. Sobre lo primero, no es López Obrador el autor del concepto «economía moral», sino Francisco de Vitoria, (1535-1623), profesor de la Universidad de Salamanca, dominico, humanista del Renacimiento, Padre del Derecho Internacional y gran precursor en materia de Derechos Humanos.

Ya en el siglo XX, el concepto lo utilizaron, entre otros, el historiador E .P. Thompson (1924-1993) y economistas como Scott (1976), Watts (1983) y Adams (1993). Aquí, en nuestro país, en 2010, Carlos Antonio Aguirre Rojas —en nuestra UNAM— publicó Economía moral de la multitud.  Así, el concepto «economía moral», no es ni original, ni novedoso.

El otro tema es qué tan conveniente resulta que un gobernante en funciones escriba libros y con ello pretenda ser, además de autoridad legal, un ideólogo .

En la historia, el único caso de  alguien que fue un gran gobernante, y un gran pensador y escritor, fue el emperador romano Marco Aurelio (121-180) y filósofo estoico, cuyo libro Mediaciones, es todavía una gran lectura.

Pero otros gobernantes y al mismo tiempo autores de libros, han sido Hitler con Mi lucha; Mussolini, con Qué es el fascismo, y autores de bibliotecas completas: Lenin y Mao.

El escribir algo limita, porque en el momento en que las situaciones reales le exigen al gobernante apartarse del texto publicado, es criticado por ello; incluso cuando es conveniente hacerlo.

Esto es, lo escrito se convierte en una atadura, y no conviene que un gobierno decida con base en textos y no en realidades imprevisibles y cambiantas. En mi humilde opinión, el presidente debe dedicarse sólo al gobierno y dejarnos a los académicos la tarea de hacer libros, realizar análisis teóricos y proponer bases ideológicas.

(*) Profesor universitario, abogado y periodista