Juan José Agustín Reyes Rodríguez (*)

Foto superior: Google (Información pública).

Por décadas hemos estado viviendo en una economía cuyo principio fundamental es la obtención de riqueza a costa de los recursos naturales y de la población que sufre el despojo de sus tierras, bosques, aguas y recursos del subsuelo y de las playas. Su dios es el dinero, obtenido de la explotación de la riqueza natural del país y de la mano de obra regalada.

En los sexenios anteriores se implantaron mega proyectos con inversiones o gastos multimillonarios y multianuales a costa del erario público, que ha financiado esos proyectos con la banca de desarrollo y las afores que —supuestamente— son inversiones de los aportantes de cuotas, que administran corporaciones bancarias y financieras.

Se ha presumido mucho que la inversión privada es uno de los agentes de desarrollo y si no la hay, la economía se estanca. Hay que hacer una reflexión al respecto. La inversión privada en realidad es inversión pública.

En cada contrato de obra participan diferentes empresas que en muchos casos —como se ha demostrado—— tienen a los mismos accionistas jugando con diferentes nombres. En otros, son empresas que cuentan con información privilegiada que les da ventaja sobre sus competidores.

Obviamente esto no ha sido de gratis, sino que ha habido «mordidas», «moches» o propinas por adelantado, lo cual encareció notablemente los costos de las obras. Para el inicio de cualquier obra, había un anticipo con el que empezaban a trabajar los contratistas; ese es dinero público, no privado. Posteriormente se iban haciendo aportaciones conforme el avance de los trabajos, obviamente también con dinero público. ¿Qué tanta inversión es privada? Pues si acaso, los activos que tiene en maquinaria, equipo y vehículos. Así es como nacieron de la noche a la mañana muchas empresas cuyos dueños estaban ligados o asociados a los funcionarios que otorgaban los contratos, a través de prestanombres.

En vista que México es muy rico en recursos naturales y financieros, se pasó de las grandes obras a los mega proyectos en prácticamente todos los ámbitos económicos, los cuales provocaron graves inconformidades entre los pueblos y comunidades que se vieron afectados por los mismos. Haremos una lista breve de algunos de los megaproyectos que se llevaron a cabo y los que están en perspectivas. No se pretende dar muchos datos sobre cada uno, porque ya es información pública, sino simplemente hacer un comentario en cada caso.

Quizás el tema del AGUA, es el más relevante porque toca todos los temas, debido a su importancia vital. El agua se ha manejado como una mercancía, cuya visión es monetarista y de intereses económicos.

Recientemente, se hizo una modificación a la Constitución para definir que el agua es un derecho humano, por lo que es el criterio que debe prevalecer. Ante esto había la obligación de modificar la Ley de Aguas Nacionales, desde el 2015, sin que hasta la fecha se haya promulgado una nueva ley que tenga claramente establecidos los elementos que garanticen ese derecho constitucional.

Existen varios proyectos de nueva ley de aguas. Por lo menos tres; dos de ellas pretenden mantener el agua como una mercancía de cambio y —para que no digan— le otorgan a las comunidades el derecho a 100 litros de agua por persona. Estos dos proyectos abren la posibilidad que el agua se privatice, con el nombre simulado de «concesión». Pretenden beneficiar, sobre todo, a las empresas mineras y de fractura hidráulica o fracking; de igual manera, a las agrícolas, refresqueras, cerveceras, embotelladoras de agua y grandes hidroeléctricas como las propuestas en Nayarit y Guerrero,. De igual manera, a los fraccionamientos de lujo e industrias, entre otros usos.

Por otro lado, existe una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, contrario o divergente en muchos de los conceptos a los otros proyectos. Esta iniciativa ciudadana es impulsada por la organización Agua para Todos-Agua para la Vida. Tiene una visión integral del agua, pues toma en cuenta los ecosistemas, la soberanía alimentaria, el manejo integral y restauración de cuencas, en sus niveles modulares inferiores; la conservación y manejo de los acuíferos, evitando la sobreexplotación, por sólo mencionar algunos aspectos relevantes. Todo lo anterior tiene como centro el derecho humano de los pueblos y comunidades.

El jaloneo sigue en la Cámara de Diputados, donde existe una lucha entre intereses privados, defendidos por algunos legisladores, y los intereses sociales, defendidos por otros diputados, así como por organizaciones sociales, académicas, colectivas y profesionales.

Otros tema que está en discusión en el poder legislativo es la regulación de la CANNABIS, desde su producción, trasformación, comercialización y distribución. En el mismo ámbito, está la modificación a la Ley Federal de Variedades Vegetales, que abre las posibilidades de hacer un manejo discrecional de las variedades vegetales, lo que —según algunos grupos sociales— contribuiría (en caso de aprobarse) a perder la soberanía alimentaria.

Se presenta la opción de garantizar las patentes de variedades obtenidas de especies nativas a las empresas transnacionales y aumentar la dependencia de estas variedades. Para no variar, son otros temas de discusión cuyos intereses defienden las grandes empresas, con el apoyo de aquellos diputados que están promoviendo las modificaciones, en beneficio de las enormes corporaciones extranjeras.

También hay algunas propuestas para modificar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en el sentido de poner más restricciones al uso de estos recursos, con una visión limitada y urbana, no considerando que estos recursos pueden significar uno de los pilares fundamentales de la economía del país.  Lamentablemente, no se ha entendido ni querido entender esto en los gobiernos federal, estatales y municipales.

En sentido contrario, están los recursos que le destinan a la producción del aguacate. Se presume que México es el primer exportador mundial; efectivamente lo es, pero a un alto costo ambiental y social, con devastación de ecosistemas forestales de manera impune, porque en casi la totalidad de las superficies de producción se arrasa con los bosques sin estudios técnicos justificativos ni permisos de cambio de uso del suelo. Prevalece la mentalidad extractivista y monetaria. Obviamente que este impacto es sobre el bosque, el suelo, el agua, el paisaje y —sobre todo— la contaminación que producen, con el uso intensivo de agroquímicos.

Y qué decir del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), asociado al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL). Ambos se encuentran en la cuenca de México, la cual está en vías de un colapso ambiental, social y económico.

El NAIM es un mega proyecto que todavía no tiene acta de defunción, porque aún están “manteniendo” las obras que se quedaron a medias, sigue en proceso la autopista de Tezoyuca al NAIM y, para rematar, está por ponerse en operación del Túnel Emisor Oriente (TEO) que después de 11 años iniciará su operación.

El TEO está diseñado para desalojar hasta 180 metros cúbicos (180,000 litros) de aguas residuales, que llegarán al río Tula. Esta mega obra tiene el propósito de no sólo de evitar inundaciones en la ciudad de México y los municipios vecinos del Estado de México, sino de desaguar y, finalmente, desecar el Lago de Texcoco.

Asociado a este proyecto está la propuesta de hacer en las 5,000 hectáreas del polígono, donde se construía el NAIM, el Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT), que es una visión urbana para hacer este parque con más cemento, mayor uso del espacio en actividades supuestamente deportivas y recreativas.

El proyecto que se ha anunciado es otra obra urbana, que está lejos de ser ecológica, por la cantidad de obras de concreto que pretende tener. Es prácticamente lo mismo que el NAIM, obviamente a una escala mucho menor, pero con la misma visión.

De hecho será un referente para que los terrenos alrededor del Lago de Texcoco, acaparados por las inmobiliarias de políticos y funcionarios públicos de gobiernos anteriores, recuperen su inversión con mega desarrollos urbanos de lujo.

Se verán anuncios como este: “Adquiere tu terreno, tu casa u oficina, que está a sólo 10 minutos del Parque Ecológico Lago de Texcoco” o bien, “Adquiere tu casa u oficina, con la maravillosa vista al Parque Ecológico” o algo por el estilo. Para ello mantienen la necedad de seguir construyendo la autopista de Tezoyuca al NAIM, que se conecta con la autopista a Tulancingo y Tuxpan, la salida más corta al Golfo de México.

La mejor opción en este espacio —donde se iba a construir el NAIM y las otras 8,500 hectáreas— es la recuperación de la función hidrológica forestal del Lago de Texcoco, evitando que se deseque y se urbanice.

En el caso del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) la situación es similar, ya que al estar dentro de la Cuenca de México, tiene problemas de sobreexplotación de los acuíferos, de urbanización descontrolada y de mayor especulación de la tierra.

La Cuenca de México o del Valle de México está en vías de un colapso ambiental y social, por lo que se debería tener una política fuerte y constante de descentralizar la economía, el poder político, la educación pública y fuentes de trabajo. Sacarlos de  la cuenca. Para el sistema aeroportuario sería importante desarrollar todos los aeropuertos de las capitales estatales para que haya interconectividad directamente entre los estados, sin tener que pasar obligadamente por la capital.

Los mega proyectos que tienen los mayores impactos, no sólo en los ecosistemas, sino en la sociedad, son las MINAS A CIELO ABIERTO, tanto de materiales pétreos como —fundamentalmente— las de metales preciosas y otros minerales no metálicos.

Durante los gobiernos pasados se concesionaron más de 50 millones de hectáreas —más de la cuarta parte del territorio nacional— para la explotación de minas de metales preciosos, principalmente oro y plata. El 90 % de estas minas está en manos de canadienses, españoles, americanos, indios y mexicanos, principalmente.

Al ser minas a tajo abierto destrozan la vegetación forestal, arrasan con el suelo, con manantiales, fauna silvestre, paisaje y, sobre todo, desplazan a pueblos y comunidades enteras.

A esto hay que agregar la presencia de grupos delincuenciales que se convierten en los «protectores» de las minas y en agresores de líderes sociales, llegando inclusive al asesinato.

En el caso del fracking o fractura hidráulica, el presidente afirmó que no habría más esta práctica destructiva; sin embargo, se reportan actividades preparatorias en la Huasteca, Coahuila y Tamaulipas, donde están las principales fuentes de gas Shell. Esto implica el uso de millones de metros cúbicos de agua para su operación, lo que significa mayor consumo del líquido para estas empresas y menor disponibilidad para las poblaciones cercanas.

El tema de la ENERGÍA, que estuvo en remate en los gobiernos anteriores, es otro que implica mega proyectos, como han sido los parques eólicos en Oaxaca, Yucatán, Tlaxcala y otros, que si bien se han manejado como energías limpias, tiene sus impactos sociales en donde se han instalado, porque los beneficios no les llegan a las comunidades.

En los límites de Puebla y Morelos está el Programa Integral Morelos (PIM) que es otro mega proyecto para una planta termo eléctrica, para cuya operación se han construido gasoductos que atraviesan terrenos de cultivo. Los pobladores se quejan del despojo que les hicieron a base de mentiras. Aquí hay que contar el asesinato de un líder social que se oponía.

La necesidad de hidrocarburos es una realidad en México y rehabilitar las refinerías que se habían abandonado por regímenes anteriores para entregar PEMEX y la energía a empresas extranjeras y pseudomexicanas es un imperiosa necesidad.

Además de estas acciones, está la construcción de otra refinería en Dos Bocas, Tabasco, que ha sido otra obra controversial, por la ubicación que tiene y el impacto a la superficie de selvas bajas que se ha tenido que hacer y los riesgos de inundación que son una realidad. La mayoría de los mega proyectos descritos ha sido iniciada o concluida por los gobiernos anteriores.

El SISTEMA FERROVIARIO que operaba hasta principios de la década de los 90 del siglo pasado fue desmantelado y se dejaron algunas líneas a empresas privadas mexicanas y extranjera, por lo que el transporte camionero floreció y se apoderó de las carreteras, inclusive los peligrosos tracto-camiones con doble remolque que han subido el índice de accidentes mortales.

Un mega proyecto que se iba a construir a principios del gobierno pasado, el tren México a Querétaro, con empresas chinas, tuvo que suspenderse intempestivamente, al descubrirse el «cochupo» de la Casa Blanca de Peña Nieto, con los millones de pesos que tuvo que pagar en multas el gobierno por la cancelación.

Otro mega proyecto de ese tiempo es el tren México-Toluca que no se terminó y ahora es una piedra en el zapato porque está a unos cuantos kilómetros de conectarse, a pesar de la inconformidad de habitantes de Acopilco.

Las apuestas del régimen actual, para el desarrollo ferroviario, están en el TREN MAYA y en el TRANSÍSTMICO. Estos proyectos están en el centro del debate actual, por las zonas por las que atravesarán estos trenes. Se ha mencionado que se utilizarán los derechos de vía de los trenes existentes y sólo en partes de Calakmul y la Riviera Maya, tendrán que abrir selva, con el posible impacto sobre la fauna silvestre —entre otros el jaguar y el mono aullador—, así como el impacto en más de 12 sitios arqueológicos.

En realidad, si solamente se utilizaran las vías del tren existentes y se ampliaran en su ancho a lo largo de su recorrido, los impactos serían menores. Sin embargo, el riesgo que vemos es el crecimiento urbano, turístico e industrial que habrá en las estaciones propuestas, ya que —como el cáncer— empieza en un punto y hace metástasis, provocando la especulación de tierras y destrucción de la selva.

¿Hay el riesgo de desarrollar otro Cancún o Rivera Maya? Desde luego que sí lo hay y las poblaciones de los pueblos originarios pasarán a ser empleadas de bajo nivel, bajo las órdenes de los expertos y dueños extranjeros o nacionales, como se puede ver en todo el desarrollo turístico de la costa de Quintana Roo. Estas situaciones deberán preverse y evitarse con participación de las comunidades asociadas a los proyectos, de una manera clara y equitativa.

En el caso del TREN TRANSÍSTMICO, el riesgo está en que se permita la explotación de recursos en las Selvas de los Chimalapas y otras vecinas, que son las  más importantes, inclusive más que la Lacandona y Calakmul, porque tienen una gran biodiversidad, son generadoras de agua y tienen importante riqueza  forestal.

Actualmente, los impactos los provocan los talamontes y ganaderos de Chiapas, en el suroeste y en Veracruz por el norte, que actúan impunemente, con la protección de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, especialmente los gobiernos de Oaxaca y Chiapas

Finalmente en este recuento, sin que haya sido exhaustivo, está el asunto de las CARRETERAS CONCESIONADAS, denominadas pomposamente como autopistas, que también han arrasado bosques y selvas en algunos tramos.

Se han descubierto mega transas por la propia Auditoria Superior de la Federación, en las concesiones que se hicieron tanto por el gobierno federal como por algunos estados, como el Estado de México, que se asoció con la empresa española OHL. Pero en las mega transas también están vinculadas empresas mexicanas.

Las cuotas que se definieron originalmente para aplicarse durante un tiempo breve, las aumentaron de manera sistemática. Además, se ampliaron las concesiones a las empresas a lustros o décadas, en perjuicio de los usuarios cautivos de esas vías. Todo esto ha sido parte de los mega proyectos que tienen un tufo de corrupción que compromete a los gobiernos anteriores.

En el reciente anuncio hecho por el actual gobierno y los empresarios, el del “Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado”, se proponen en la cartera de proyectos unos, con inversión privada, los más rentables, y otros, con inversión pública, los que son de desarrollo.

Se han identificado inicialmente 147 proyectos, para ejecutarse del 2020 al 2024, en los sectores de Transporte (carreteras, ferrocarriles y trenes suburbanos, puertos y aeropuertos); Telecomunicaciones; Agua y Saneamiento; Energía; Energía Eléctrica; Turismo; Salud y otros. La inversión del sector privado estimada en ese periodo asciende a 859,022 millones de pesos.

Los organismos empresariales que participan en este acuerdo son el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios, la Confederación de Cámaras Industriales, la Asociación de Bancos de México y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. Justamente estos son los proyectos más importantes para la vida del país, así como los más rentables, por lo que habrá que estar atentos en qué términos se ejecutan, en cuanto a períodos de recuperación de la inversión, cuotas, operación y garantías. Se debe vigilar para que no ocurra  lo mismo que con las actuales pseudo autopistas, puertos, aeropuertos y más negocios concesionados.

Hay que destacar que tienen propuesta la AUTOPISTA PIRÁMIDES–TEXCOCO, que prácticamente está terminada; sin embargo, todavía enfrenta problemas jurídicos agrarios, por los amparos que tiene el ejido de Tocuila en Texcoco, cuya resolución fue a favor de este ejido.

Es necesario que se tengan estudios y dictámenes de impacto ambiental en todos los proyectos que se proponen, especialmente los del sector transporte, que necesariamente implican apertura de tierras para los derechos de vía y el suministro de materiales pétreos que impactará los bancos de materiales de donde se extraen los mismos.

Los mega proyectos mencionados son solamente algunos de los ejecutados por gobiernos anteriores, que causaron conflictos sociales, por la devastación de tierras y aguas, asesinatos y despojos a los pueblos, así como la corrupción rampante. Hubo proyectos que fueron dejados a medias o inexistentes, como el caso de LOS HOSPITALES, con altos costos para la sociedad.

Está el reto para el gobierno de la 4T de corregir y rescatar lo posible y atender la legislación ambiental y social para el desarrollo de los nuevos proyectos y, sobre todo, no caer en la corrupción que marcó a los regímenes anteriores, para que sea una Economía Social o como ha propuesto el presidente López Obrador, la Economía Moral.

(*) Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques, por la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, Texcoco, Estado de México (hoy Universidad Autónoma de Chapingo); Maestro en Ciencias y candidato a Doctor en Recursos Naturales por The University of Michigan, en Ann Arbor, Michigan; Consultor en Recursos Naturales, Ambiente y Desarrollo.