Por Mario Rosales Bentancourt (*).

Imagen ilustrativa: Presidencia de Bolivia.

La declaración de personas non grata, por parte del gobierno de facto de Bolivia, a la embajadora de nuestro país, María Teresa Mercado —una diplomática de carrera cuyo actuar se ha apegado a derecho Internacional— y también a diplomáticos españoles, es un acto hostil y contrario a la Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas, así como los tratados y prácticas en materia de derecho de asilo.

Lo primero que tenemos que observar es que se trató de un acto unilateral del gobierno de Jeanine Añez, el cual carece de legitimidad, ya que está en el poder por la injerencia de Estados Unidos y de su instrumento la OEA, así como la de otros países, particularmente del grupo de Lima.

Por ello, trata de vender a los bolivianos la idea de que México y España afectan la soberanía boliviana porque intervienen en asuntos internos de ese país, lo que es falso.

Para México, el que degraden las relaciones diplomáticos del nivel embajador a nivel encargado de negocios, es algo que no tiene la menor importación. México no tiene interés en los principales recursos naturales de Bolivia, sujetos a comercio legal, como son el gas natural, el litio y el oro. Tampoco les exportamos grandes cosas. Las empresas mexicanas con más fuerza en Bolivia son Televisa y Bimbo. Tampoco es importante el turismo entre ambas naciones, así que para México no debe ser algo que tenga importancia.

Es sólo una acción que busca engañar a los bolivianos con el objetivo de que acepten el gobierno de facto y que lo apoyen en las elecciones a las que convocará. Y aquí, en México, no debemos caer en las estrategias provocadoras y electorales de un gobierno como el de facto en Bolivia, que sabe que no cuenta con la legitimidad interna, ni con la aceptación de la mayoría, particularmente la de los indígenas.

(*) Abogado, periodista y profesor en la UNAM y la UAM