Por Mario Rosales Betancourt (*)

Foto ilustrativa: Presidencia de la República

La Ley de Bienes Nacionales vigente establece, en el artículo 132, que la venta de bienes de la Federación, tiene que realizarse por licitación pública y, en el caso de que no se lograse la venta por este medio, se establece que se debe proceder a su subasta.

Un principio jurídico fundamental es que, para los particulares, lo no prohibido les está permitido; pero, por el contrario, para el gobierno, lo que no le está expresamente permitido en una ley, le está prohibido.

Dado que no hay ningún fundamento legal que permita la rifa del avión presidencial, está legalmente prohibida.

Entre más se explica la idea de la rifa, más se evidencia que no se conoce de derecho administrativo, ni de derecho en general, ya que se dice que, al que gane, además se le daría apoyo por parte de la Fuerza Aérea Mexicana para operar el avión, o se le daría una extraña concesión no contemplada en nuestra legislación.

Se advierte, sin embargo, que el ganador tendría limitados los derechos de propiedad, ya que, según la explicación presidencial, no podria vender su avión al precio que quisiese, o sea, se establece una limitación al ganador-propietario que tampoco tiene fundamento legal.

Vemos que el Ejecutivo federal no sabe de derecho, pero sí, y mucho, de propaganda, ya que sabe «darnos el avión». Así, el presidente López Obrador nos trae distraídos de los grandes problemas nacionales con algo que legalmente es imposible, como la rifa de un avión que, para empezar, actualmente es parte de la Fuerza Aérea Mexicana. Y, por tratarse de un bien público, sólo puede desincorporarse por los medios que limitativamente establece la ley, que no incluye el de la rifa.

Además, va contra la vieja —pero vigente— Ley de Juegos y Sorteos de 1947, y también lo prohíbe la Ley de la Lotería Nacional, que no contempla rifar cosas, sino sólo dinero. Por añadidura, también hay leyes internacionales que regulan la adquisición y operación de aeronaves.

El ser propietario y operar una aeronave es algo que implica muchos riesgos; sólo recordemos lo sucedido el célebre 11 de septiembre de 2001, cuando se utilizaron aviones en Nueva York como terribles armas. Imaginemos si, por algo tan aleatorio como una rifa, ese avión quedara en manos inexpertas o, peor aún, criminales.

Mucha diversión, pero si se mantiene el deseo de la desincorporación y venta, tendrá que ser como establece la ley, por licitación pública o, en su caso, por subasta.

Es obvio que estos medios legales le generarían menos ingresos o menos recuperación al gobierno, que el que se obtendría con la rifa, pero el gobierno en éste y en todos los casos, debe sujetarse a la legalidad.

Sin duda los gobiernos anteriores hicieron muy mal en adquirir y acondicionar en forma faraónica ese avión y, con ello, le echaron dinero bueno al malo. Por ello, ya no se podrá recuperar lo que se gastó en él. Pero no se justifica que para recuperar un poco de lo perdido —por el derroche de los gobiernos anteriores— se incumpla con la ley, y se intenten medios que al carecer de fundamento legal, están prohibidos al actual gobierno.

(*) Abogado, periodista y académico universitario