Si lo único que se busca es lo mediático, y que con ello se logre desprestigiar aún más a los ya muy aborrecidos expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el manejo de los casos Lozoya y García Luna, sin duda, merece el aplauso del público, puesto de pie.

Pero si lo que se busca es la aplicación de la ley por medio de un debido proceso -con el cual se logre que no haya impunidad para los autores de los graves delitos que se ya se conocían- y que sean castigados tanto los funcionarios públicos (incluidos expresidentes que se dejaron corromper como empresarios que corrompieron y se beneficiaron con los gobiernos anteriores), pensamos que se están haciendo mal las cosas.

Para empezar, lo que el Fiscal General pretende decir que es una denuncia de hechos, cuando es propiamente una confesión, ya que el individuo L. acepta haber cometido los graves actos ilícitos, y sólo establece en su defensa que los cometió cumpliendo órdenes; pero lo evidente es que él los comete.

Por otro lado, aunque no se conocen el video y los documentos que señala el Fiscal, aparentemente sólo prueban el dinero de Odebretch para la campaña de 2012, para soborno a los Legisladores, trato excepcional a la empresa Etileno XXI, etc. Pero son pruebas de los actos de Lozoya, y no creo que exista una prueba contundente que demuestre la orden, por ejemplo, del ex presidente Peña, al que se acusa de corrupción no de estupidez.

Si se diera el caso de que se le citara a declarar, obviamente va a negar las acusaciones y dada la presunción de inocencia y la poca credibilidad que tienen las afirmaciones de un delincuente confeso, en la situación que está, sumada la posibilidad de que ya hayan prescrito algunos de delitos, se ve que no tendremos la oportunidad de ver a Peña y o a Calderón dentro de una prisión, y menos aún recibiendo una sentencia condenatoria por algo tan grave.

No se ha definido si tendrá Lozoya un tratamiento de testigo colaborador, o sea, si se le aplicará el llamado criterio de oportunidad, pero no se ve que cumpla con los requisitos legales para ello. En el caso de que se haga, sólo sería otra violacion más a las normas del derecho procesal penal, con lo que se logra -eso sí- el propósito mediático y distractor, aunque con estas fallas se evite que tanto Lozoya, como los que él denuncia, vayan a prisión. O sea: veremos mucho ruido y pocas nueces.

Buen circo, pero en los circos siempre hay riesgos y éste es que se genere una gran expectativa de ver a los dos expresidentes en prisión; pero de no darse, los aplausos se volverán una rechifla. En fin veremos los siguientes episodios de la función.

(*) Profesor titular C con 44 años de antigüedad en FES Acatlán, UNAM. Profesor con 39 años de antigüedad en UAM-Azcapozalco. Miembro de ANPERT (Asociación Nacional de Periodistas de Radio y Televisión) y de CONAPE (Compañeros Internacionales Periodistas y Editores).