Ésta, podría investigar a colaboradores cercanos del actual presidente de la República, como Manuel Bartlett Díaz, quienes habrían operado el presunto fraude electoral de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas

Más importante que las intenciones, son los resultados. La ponencia del ministro Luis María Aguilar, muy bien fundada y motivada, coincide con lo que hemos dicho y escrito sobre la ocurrente Consulta Popular del presidente López Obrador para enjuiciar a los expresidentes.

Con los fines de ella (el primero, que se sepa la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de lo sucedió en el negro periodo de México que se ha dado en llamar neoliberal, y el segundo, que si hay delitos, imputables y punibles a los expresidentes, se les aplique la sanción establecida en la ley), la gran mayoría de mexicanos estamos totalmente de acuerdo. Es una evidente exigencia popular.

Pero desde el principio señalamos que, conforme a derecho, el medio de la formal Consulta Popular es totalmente inadecuado, y en lugar de servir para que se facilite la realización de los anteriores fines, este mecanismo formal, limitado y rígido, puede ser contraproducente.

En primer lugar —como lo dije antes, y lo utiliza el ministro Aguilar— en realidad es un privilegio a los expresidentes porque, al dejar de estar en funciones, no tienen ya ningún fuero, sólo son ciudadanos como lo somos todos, y por eso, al no requerirse una consulta para investigarlos y en su caso enjuiciarlos, hacer la consulta sería darles un privilegio que no tenemos los demás mexicanos. Y otro aspecto —al que no se le ha dado importancia y la tiene— es que evidentemente la consulta popular es algo de naturaleza política, y tres de los expresidentes residen en el extranjero y los otros, en su caso, podrían irse también al extranjero, y con ello para enjuiciarlos se les tendría que extraditar, y la extradición por tratados internacionales, no puede darse contra perseguidos políticos. O sea, la consulta sería la prueba, para los Estados donde están o estén los expresidentes, de que se trata de un asunto político, y por ello no otorgarían la extradición.

El presidente dijo a la Corte, que no se dejen intimidar y acepten los sentimientos populares, lo que es contradictorio, ya que la intimidación viene del propio presidente y de los evidentes sentimientos del pueblo, en contra de los expresidentes. Ya lo habíamos dicho, resuelva de una manera u otra, la Corte va a quedar mal.

La solución no es como algunos dicen, que aunque la Corte diga que no, se haga de todos modos la consulta, lo que sería romper más con nuestro deteriorado estado de derecho. La solución para que se logren los propósitos, en contra de la impunidad, con los que estamos totalmente de acuerdo, es que en lugar de Consulta Popular se cree una Comisión de la Verdad.

Antes de castigar se debe procesar, y para procesar lo primero, y es también la primera exigencia, es conocer la verdad.

Las ventajas son: primero, la Comisión no sólo tiene que limitarse a los periodos de los expresidentes vivos, sino que dado el periodo neoliberal se inicia con el gobierno de Miguel de la Madrid y en este se realiza —presuntamente— el primer fraude electoral del neoliberalismo en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, se debe comenzar desde ahí, aunque el expresidente esté muerto.

Segundo: no sólo se debe limitar individualmente a investigar a las personas de los expresidentes, como si hubieran actuado solos, sino que, también, a sus cómplices y beneficiarios, tanto políticos como empresarios. O sea, se debe investigar y, en su caso, sancionar a todos los que resulten responsables, aún los que colaboran y son cercanos al actual gobierno. También se pueden investigar y conocer hechos, aunque exista prescripción, porque el propósito es conocer la verdad.

Tercero: se pueden investigar conductas que fueron muy malas decisiones, que causaron —por ejemplo— mayor empobrecimiento, aunque no son estrictamente delitos.

Cuarto: puede haber una amplia participación popular, no limitada a un sí o un no, como en la consulta popular, ya que la comisión puede escuchar testimonios, opiniones, etc., tanto de expertos como del pueblo. Por ejemplo, de víctimas o familiares de víctimas, o sea, lo que abre una mayor y más amplia posibilidad de participación popular.

Y quinto: pudiese ser que apareciesen evidencias que pudieran ser útiles para una investigación, esa sí del ministerio público, si se trata de delitos, que aún podrían ser motivo de un proceso penal formal y evitar la impunidad.

La eventual, válida, vinculatoria y no impugnable decisión de la Suprema Corte no debe privarnos a los mexicanos del derecho a la verdad; por eso el camino debe ser una Comisión de la Verdad, que investigue las acciones realizadas durante el llamado periodo neoliberal, para evitar que los mexicanos tengamos que soportar otro período histórico en donde la corrupción, el capitalismo de cuates, actos delictivos y errores, nos limitaron a los mexicanos, en nuestro bienestar y progreso.

(*) Profesor titular C con 44 años de antigüedad en FES Acatlán, UNAM. Profesor con 39 años de antigüedad en UAM-Azcapozalco. Miembro de ANPERT (Asociación Nacional de Periodistas de Radio y Televisión) y de CONAPE (Compañeros Internacionales Periodistas y Editores).