Habíamos señalado que con la ocurrencia del Presidente de someter a consulta el investigar, enjuiciar y sancionar a cinco expresidentes, a quién se ponía en jaque era a la Suprema Corte y que le iba a ir como el cohetero —la aceptara o no—, iba a quedar mal.

Y también dijimos que no era el medio adecuado, que sería mejor un medio —por ejemplo una Comisión de la Verdad— que esclareciera las acciones de los gobiernos anteriores y no sólo de los expresidentes.

Si la decisión de la Suprema Corte sobre la Constitucionalidad de la consulta popular y la pregunta propuesta por el presidente López Obrador hubiera sido «sí», se hubiera ganado un gran aplauso del Presidente y sus seguidores y una gran censura de especialistas en derecho y de los críticos del presidente; y si hubiera sido un «no», por el contrario, la censura y feroz crítica —e incluso la posibilidad de que tomara represalias— habrían sido del Presidente y de sus muchos y agresivos seguidores, en cambio la gran ovación, se la hubieran dado los especialistas en derecho y los contrarios a la 4T.

Es evidente que la Corte decidió bajo intimidación y la clara amenaza de que si no se aceptaba lo que quería el Presidente, éste haría una reforma constitucional. Todos tenemos en el recuerdo cuando en 1994 Ernesto Zedillo reformó la Constitución, quitó a los ministros de entonces y puso a quienes quiso, entre ellos a la actual secretaria de Gobernación.

La Suprema Corte actuó y decidió de una manera políticamente correcta, dijo un «sí» pero «no». Sí es constitucional que se consulte al pueblo, o sea, el derecho humano a ser consultado; también es constitucional que se esclarezcan los hechos, es decir, el derecho a la verdad, pero la pregunta no fue la adecuada.

Como resolvió, logró que la rechifla y los aplausos fueran mucho más leves.

Hay que entender que la Corte fue claramente intimidada, infiltrada y aún amenazada. Infiltrada porque él y las ministros propuestos por el propio presidente López Obrador iban a votar lógicamente por considerar constitucional la consulta, lo mismo que quien llegó a la Presidencia de la Corte, por su apoyo.

Los ministros saben que en los hechos, como quedó evidenciado con la renuncia del ahora ex ministro Eduardo Medina-Mora, se puede presionar a los ministros non gratos para que dejen sus cargos. También hay una propuesta de Morena de crear una nueva sala y con ello aumentar el número de ministros de 11 a 15 y con ello Morena podría poner a 4 ministros más, afines a su causa y tener el control de la Suprema Corte.

Por lo anterior, y con los comentarios intimidatorios expresados por el presidente López Obrador en sus mañaneras, los ministros tuvieron que dejar de ser juristas y convertirse en políticos, esto es, no quisieron ponerse con Sansón a las patadas. Pero le cambiaron totalmente la pregunta, por otra, elaboradas por la propia Corte y especialmente que no se refiere —aunque el presidente lo diga— al enjuiciamiento de los cinco expresidentes que mencionaba la pregunta original, aun por su nombre. Ahora se habla sólo de hacer lo pertinente para esclarecer lo hecho por actores políticos en el pasado.

Así, la Corte se quita el sambenito de obstaculizar el que se conozca la verdad y que de ahí, en su caso, se inicien las investigaciones judiciales formales, los procesos, los castigos y la reparaciones del daño causado, no sólo por los expresidentes, sino por los otros actores políticos, incluso algunos que están cerca, o son colaboradores en el actual gobierno, como Manuel Bartlett y Esteban Moctezuma, sólo por poner ejemplos.

Desde luego, así la Corte optó por perder prestigio, pero no es la única perdedora. La Corte pierde porque se ve que cayó en la intimidación; el Presidente pierde porque le cambiaron la pregunta totalmente, y con ello queda mal (porque no se refiere ya a los expresidentes, pues aunque se aceptó el derecho a la consulta, no se aceptó la consulta específica que él quería, relacionada con los expresidentes). En otras palabras: fue un claro revés para AMLO, sólo será para que se esclarezcan hechos, lo que evidentemente hace la consulta muy constitucional, pero totalmente inútil.

Para hacer lo que hemos propuesto, una Comisión de la Verdad, no se requiere una Consulta. Y por ello, evidentemente perdemos todos porque hacer una consulta implicará un alto costo, ya que utilizará importantes recursos, en esta época en que estamos tan escasos de ellos, y será un criminal desperdicio.

Insisto: sí debe haber lo que se llama justicia transicional; lo que no debe haber es impunidad y —sobre todo— tenemos el derecho de saber qué fue lo que pasó en México y qué tanto nos afectó a los que lo vivimos. Para ello, no hay que esperar hasta agosto del año que entra y después de una costosa consulta. Ya se puede y debe hacer lo que dice la pregunta, lo pertinente para esclarecer las acciones y omisiones de los actores políticos del pasado y crear una Comisión para —con ayuda incluso de organizaciones internacionales imparciales— saber lo sucedido, que es previo a las investigaciones y acciones procesales formales.

(*) Profesor titular C con 44 años de antigüedad en FES Acatlán, UNAM. Profesor con 39 años de antigüedad en UAM-Azcapozalco. Miembro de ANPERT (Asociación Nacional de Periodistas de Radio y Televisión) y de CONAPE (Compañeros Internacionales Periodistas y Editores).