En el lamentable clima de crispación que existe, entre los que aplauden todo lo que dice y decide el presidente López Obrador, y los que destructivamente critican y repudian todo lo que dice y decide el presidente López Obrador; la designación de Rosa Icela Rodríguez al frente de la Secretaria de Seguridad Pública ha motivado una excesiva y agresiva polémica por ambos bandos.

Por un rápido comentario, fui acusado de misógino, de querer que estuvieran y regresaran personajes como Medina-Mora o el general Cienfuegos, pero no es así; creo que es perfecto que sea una mujer, que los gobiernos anteriores son los responsables en mucho de la inseguridad que padecemos, que debe ser la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que encabece el combate a la delincuencia organizada, que alguien que sea parte del gobierno de la 4T la encabece y celebro, especialmente, que se trate de una civil y no de un militar.

Mi cuestionamiento se limita a que creo que debería ser una jurista y no una periodista quien debería estar como titular de esta estratégica Secretaría, por lo siguiente: La política en contra de la criminalidad (para dar la seguridad, razón fundamental del pacto social según Hobbes) es evidentemente la mayor exigencia de la ciudadanía al Estado. Esta política debe ser fijada por un político y este, indudablemente, es el presidente López Obrador, quien tiene diariamente una reunión con su gabinete de seguridad pública, en donde recibe informes y da órdenes. Así, no hay duda que él manda y decide.

Todos, morenistas y antimorenistas, deseamos el resultados que evidenciaría la eficiencia y eficacia, de lucha contra la criminalidad, una verdadera y sentida paz y seguridad ciudadana.

Los responsables de operar esa política, que debe buscar dar resultados, serían en principio los cuerpos policíacos, pero como no los tenemos suficientemente desarrollados, honestos y eficaces, ante su ausencia o por lo menos insuficiencia, esta tarea en la realidad la realizan, desde hace muchos años, los cuerpos militares.

Pero no basta con la política y la operación anticriminal, hay algo que es fundamental, ya que se trata del ejercicio de la violencia legítima: es el conocimiento y el respeto al estado de derecho.

Por ello, si ya está definido quién determina y ordena la política de seguridad pública, y quiénes están como los responsables de los mandos operativos (y más que quien se retiró para contender por la gubernatura de Sonora es un abogado), lo deseable hubiera sido que un jurista, o si se prefiere una mujer, una abogada, hubiera sido designada en el cargo. Buenas abogadas las hay, en los gobiernos morenistas, sólo por poner un ejemplo, está la fiscal de la Ciudad de México.

El que el aspecto jurídico sea minimizado y no sea lo central para la designación de titular en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sólo puede ocasionar que puedan violarse derechos humanos y, con ello, se pueda perder eficacia en el combate a la delincuencia, ya que son muchos los casos en que —por fallas de debido proceso— muchos criminales, gozan y podrían aún más, gozar de impunidad.

El fundamental control de la legalidad, dado que el control político y operativo están ya determinados, debería ser la principal tarea de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y con mayor razón se se toma en cuenta que la actuación de la Guardia Nacional tiene que ser estrictamente ajustada a la ley, máxime que se aprobaron nuevas reformas legales que le otorgan más facultades y obligaciones procesales en materia penal. De que la Guardia Nacional lo haga legalmente bien depende que un juez procese adecuadamente a un presunto responsable de un delito federal.

Así, la seguridad pública tiene que sujetarse a tres controles. El primero, el político directivo, que asumió como facultad personal el propio presidente López Obrador. El segundo, el operativo, que necesariamente tiene que estar, por el momento, en los comandantes de la Guardia Nacional, quienes, por ahora, sabemos son militares. Pero falta el tercero: el buen control de legalidad.

La periodista Rosa Icela Rodríguez, sin duda, será muy buena para coordinar actividades, como las reuniones del gabinete de seguridad, para tratar a los medios informativos, para las labores de vocera, pero no para llevar un control de legalidad (que ni por el lado de la política, ni de las operaciones policíaco-militares puede lograrse si se desconoce la ciencia del derecho).

Por este motivo especifico, tengo una opinión personal: que la persona propuesta no es la más adecuada para lograr que exista una lucha eficaz contra la delincuencia, en la cual no baste con enfrentar y detener a los delincuentes, sino que se haga con todas las de la ley, para que no existan violaciones al debido proceso.

Mi opinión puede ser correcta o incorrecta, pero lo malo es que los defensores de López Obrador son generación cristal, que sin rebatir argumentos sólo me llenaron de calificativos, como misógino, conservador, defensor de los gobiernos del pasado y, particularmente, de los que están sujetos a procesos en Estados Unidos; creo que no deben ser tan intolerantes, y distinguir la crítica propositiva, contra la que se pueden argumentar razones y no insultos y descalificaciones, de las otras, las críticas mal intencionadas, las de quienes sólo quieren descarrilar al gobierno, obtener votos para los partidos de oposición, que desean que fracase y, aún, que deje el gobierno quien lo obtuvo por el voto popular. Como el mismo AMLO dice, no nos confundan.

(*) Profesor titular C con 44 años de antigüedad en FES Acatlán, UNAM. Profesor con 39 años de antigüedad en UAM-Azcapotzalco. Miembro de ANPERT (Asociación Nacional de Periodistas de Radio y Televisión) y de CONAPE (Compañeros Internacionales Periodistas y Editores).