Pase lo que pase, el gobierno de López Obrador saldrá perdiendo…

A confesión de parte, relevo de prueba: el presidente López Obrador, dijo que no hay nada oculto, que no fue por una cuestión legal, sino por una acción política y diplomática como se logró el desistimiento de la justicia norteamericana para no procesar al general Cienfuegos. Así, nuestro gobierno lo rescató.

Nuevamente lo político doblegó a lo jurídico, y eso es lo malo, lo bueno es que fue un triunfo, aunque sea pírrico, de México sobre los Estados Unidos, que tuvieron que ceder ante nuestro país. Fue una de cal por tantas de arena. Lo feo, es lo que se le puso al gobierno mexicano, ya que si no procesa y castiga al general, quedará como un cómplice que le otorgará impunidad a un personaje que es señalado de graves conductas ilícitas, no solo la de ser padrino de grupos del narcotráfico, sino incluso de graves y masivas violaciones a derechos humanos.

Pero si castiga al general, tendrá el repudio de quienes no creen en la veracidad de las acusaciones, y dentro de ellos, de un sector muy amplio de las fuerzas armadas; y desde luego violaría normas de presunción de inocencia y de debido proceso, entre otros de los derechos humanos del general.

Peleó el gobierno mexicano para que le dieran la papa caliente, ganó y ahora no sabe qué hacer con ella para no quemarse. Pero haga lo que haga, no hay forma de de salir de la trampa en que se metió.

El problema para castigar a un delincuente poderoso no es el suponer o aún saber de los actos ilícitos que ha cometido, es fundamentalmente poderlos probar.

Son tres las principales hipótesis para suponer por qué la justicia norteamericana cedió ante nuestro gobierno. Una, que los propios fiscales norteamericanos se dieron cuenta que no contaban con pruebas sólidas que demostraran la culpabilidad de Cienfuegos en los 3 cargos que se le imputaban y, antes de perder el juicio, esta fue una salida airosa para el Departamento de Justicia norteamericano, la de decir que por respeto a la soberanía mexicana y dado que los presuntos delitos los cometió en México, se entregaba al general, para que fuera México el que se hiciera cargo de juzgarlos. Dos, que la presión de México fue en el sentido de que si no se lo devolvían, se limitaría la actuación de la DEA y demás agencias inteligencia (que por mucho tiempo han actuado y siguen actuando libremente a lo largo y ancho de nuestro país), y tres, que fue el pago final de Donald Trump a su incondicional y amigo López Obrador, por no felicitar a Biden por su triunfo. Así, amor con amor se paga.

El problema en lo legal es que las autoridades mexicanas, como lo señaló el propio Presidente en su momento, no tiene pruebas contra Cienfuegos; por eso no había ninguna investigación contra él, y la investigación de la Fiscalía mexicana se inicio sólo a partir de su detención. Parece, pues, que las únicas pruebas contra Cienfuegos son la de los Estados Unidos (pero como estas fueron obtenidas ilegalmente para México, por ejemplo, las más conocidas son las llamadas telefónicas que obtuvo la DEA, misma que no tiene facultades de hacer espionaje en México o de intervenir teléfonos en México, y menos sin una autorización del gobierno mexicano, no seránpruebas válidas). Por lo tanto, como esas pruebas no podrían ser utilizadas legalmente en México, como evidencia y no se sabe que existan otras, no hay bases sólidas para un juicio contra Cienfuegos en México.

Pero al margen de lo legal viene lo político. El costo político de castigar en serio al general Cienfuegos afectaría las relaciones del presidente López Obrador con nuestras fuerzas armadas.

Así se rescató al soldado Cienfuegos. Ahora ¿que sucederá con él? Llegará como general victorioso, como el trofeo del gran triunfo de nuestra diplomacia y con ello no sólo tendrá impunidad, sino alabanzas. O se le someterá a un juicio, donde habrá muchas y muy graves acusaciones, pero pocas pruebas válidas para comprobar su culpabilidad. En cualquier caso, si bien por ahora sirve al gobierno como otro distractor, a la larga cuando se decida si se le procesa y condena o no, habrá fuertes voces que gritarán en contra de lo que decida el gobierno, sea una cosa u otra.

(*) Profesor titular C con 44 años de antigüedad en FES Acatlán, UNAM. Profesor con 39 años de antigüedad en UAM-Azcapotzalco. Miembro de ANPERT (Asociación Nacional de Periodistas de Radio y Televisión) y de CONAPE (Compañeros Internacionales Periodistas y Editores).