Creación de miles de empleos, conexión de Asia con América, zonas económicas especiales libres de impuestos, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, desarrollo industrial y de infraestructura en el sur sureste del país, incorporarnos a la globalización; desarrollo, desarrollo, desarrollo… Estos son algunos de los “grandes beneficios” publicitados que presuntamente tendrá el país con la ejecución del megaproyecto del Corredor Interoceánico o Transístmico de Tehuantepec, que conectará a Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz, conocido como el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec-Corredor y Tren Interoceánico.

La historia de este corredor transístmico se remonta al siglo XIX, cuando el gobierno americano, en sus ansias de expansión territorial, política y económica, trató de apoderarse del Istmo de Tehuantepec, ¡y estuvo a punto de lograrlo! con el tratado McLane-Ocampo, siendo, el primero, el secretario de Estado (o su equivalente en ese tiempo) del gobierno americano y Melchor Ocampo, ministro de Relaciones Exteriores de Benito Juárez.

Dentro de las numerosas e ignominiosas concesiones que había otorgado Juárez, estaba precisamente el control del Istmo por las tropas americanas, con derecho de paso por el territorio nacional y bajo la vigilancia de ese territorio por los americanos, en caso de que el gobierno de México no pudiera garantizar la seguridad de los intereses de los Estados Unidos en la región.

De hecho, era una cesión de ese importante territorio al gobierno americano por tiempo indefinido; se estaba cercenando el territorio nacional, con la perspectiva futura de formar otras naciones, que no era México, una al norte y otra al sur del Istmo de Tehuantepec. Esto obviamente no se declaraba explícitamente, pero con la historia conocida de las intervenciones de Estados Unidos en México, hubiera sido el siguiente paso.

Afortunadamente, por los problemas internos que tenía Estados Unidos en ese momento, el Senado americano no aprobó ese tratado y nos libró en ese momento de la política expansionista americana.
Desde luego que el gobierno americano no quitaba (y a la fecha no ha quitado) el dedo del renglón, de controlar ese importante territorio.

Los nuevos embates llegaron durante el gobierno de Porfirio Díaz, que concesionó minas, ferrocarriles, petróleo y otros bienes y servicios estratégicos, pero que resistió la presión de entregar el Istmo de Tehuantepec al poderío yanqui.

En décadas recientes, con los gobiernos del PAN y del PRI, se establecieron otras estrategias como el Plan Puebla Panamá, el Proyecto Mesoamérica o las Zonas Económicas Especiales, nombres que se les dieron para el supuesto desarrollo del Sur-Sureste del país y países de Centro América.

Se realizaron diversos proyectos mineros, comerciales y obviamente incluyeron el “desarrollo” del Istmo de Tehuantepec, que, con algunas modificaciones y dándole un toque aparentemente diferente, es el Mega Proyecto del actual gobierno para el desarrollo de los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y de Coatzacoalcos, Veracruz, que pretenden conectar con el Tren Maya en la Península de Yucatán y todos los componentes dentro de la franja de terreno entre estos dos puntos.

La conexión entre estos dos puertos será precisamente a través del territorio de esos dos estados, en donde se encuentran importantes macizos forestales, con algunas partes declaradas como Áreas Naturales Protegidas, como la Selva del Ocote y otras, que, sin tener ese status legal, están bajo el cuidado de sus pobladores y dueños originales, como es el caso de la Selva de Los Chimalapas, con una extensión de más de 600 mil hectáreas y la selva de Uxpanapa. Este macizo de selvas es la más importante de México, inclusive más que Calakmul y La Lacandona, por su riqueza de flora y fauna nativas, origen de importantes fuentes de agua, generación de oxígeno y captura de bióxido de carbono, y, sobre todo, por la forma de vida de las etnias, principalmente zoques, que habitan esa importante región del país.

El pueblo de México ha tenido su principal atención en otros megaproyectos, como la Refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles y sobre todo en el Tren Maya. Poca atención ha recibido el megaproyecto del Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, mismo que sigilosamente ha ido avanzando, con sus licitaciones y asignaciones directas para los diferentes componentes, sin que se cuente con una verdadera aceptación de los pobladores originarios de esa región y la obligada Manifestación de Impacto Ambiental INTEGRAL, no fraccionada, para simular los impactos posibles.

El megaproyecto del corredor transístmico comprende una franja fundamental de zona libre, que divide el territorio nacional en dos partes, lo cual pone directa e indirectamente una parte fundamental del territorio nacional en manos de los concesionarios de las vías de comunicación, como son las vías del ferrocarril y la autopista, así como de los parques industriales, las concesiones mineras, las explotaciones forestales clandestinas y con gran énfasis las concesiones y asignaciones de las aguas nacionales, que se han otorgado y seguirán otorgándose con base en la Ley de Aguas Nacionales vigente y que los intereses de los concesionarios y la complicidad de muchos legisladores y funcionarios, piensan dejarla vigente, con un maquillaje legaloide que cumpla con el mandato de la Constitución en su artículo 4, que ordena legislar el derecho humano al agua.

Al respecto, se presentó una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, que, según expertos jurídicos, rebasa el mandato del artículo 4 mencionado y por lo tanto es inconstitucional. Sin embargo, lejos de buscar la forma de conciliar el artículo 4 con el artículo 27 de la Constitución (es decir, que la iniciativa ciudadana se enriquezca tomando como base el artículo 27 y saque una Ley que garantice el derecho humano al agua corrigiendo los términos leoninos que tiene la actual Ley de Aguas Nacionales) se ha optado por mantener el mismo esquema neoliberal que considera al agua simplemente como una mercancía. Persiste, pues, la figura de la autoridad que autoritariamente entrega concesiones y asignaciones a los grandes empresarios y viola el derecho de los pueblos originarios, creando un mercado con esas concesiones, ya que la actual ley permite cambiar, vender y comprar concesiones y asignaciones de agua.

Esta situación permitirá que el megaproyecto del Corredor Transístmico facilite que continúe la explotación del agua, la selva, los minerales y demás recursos naturales. Ciertamente se ha manejado como beneficiosa la creación de empleos, pero ¿de qué tipo de empleo se habla?, ¿de qué calidad?, ¿para quiénes?, ¿con qué temporalidad? ¿Cómo impactarán a los medios y modos de vida de los pueblos originarios?

Entramos justamente al tema que hace que los intereses extranjeros están de plácemes, ya que sin la intervención armada de Estados Unidos, le están poniendo en bandeja de plata la Soberanía Nacional, con la división física del territorio nacional, en una franja que lógicamente estará controlada por los intereses económicos y políticos nacionales y extranjeros, quienes serán los concesionarios de esa importante franja y todos los componentes que la constituyen.

La importancia social y ambiental ha sido señalada en innumerables ocasiones en diversos foros nacionales e internacionales, por los propios habitantes, colectivos, asociaciones, académicos, instituciones de derechos humanos y personas interesadas en el tema. La población de esta región tiene numerosas comunidades, 14 pueblos originarios, pueblo afrodescendiente; abarca 46 municipios de Oaxaca, 33 de Veracruz, 14 de Chiapas y 5 de Tabasco, para un total de 98 municipios.

Se han presentado varios amparos en contra del megaproyecto, sin embargo, pocos han tenido aceptación, por un poder judicial que deja mucho qué desear. Recientemente la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) negó la manifestación de impacto ambiental (MIA) a la minera canadiense Minarum Gold para la exploración y explotación del polígono Santa Marta, con una extensión inicial de 7,310 hectáreas, de acuerdo con un comunicado del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, dado a conocer el 12 de noviembre del presente año. Esta área se encuentra en el municipio de San Miguel Chimalapa, en donde actuaron de manera solidaria y conjunta las autoridades municipales, comunales, congregaciones en resistencia pacífica y el colectivo Matzá, siguiendo con la misma información de ese comunicado.

Este pequeño triunfo de los habitantes de los Chimalapas obviamente será recurrido por la empresa minera. Sin embargo, hay otros intentos de amparos que se han interpuesto por lustros y que no han sido atendidos por la influencia económica que existe sobre el poder judicial, entre otras razones.

Ha habido numerosas organizaciones sociales que por décadas han estado participando en la defensa de Los Chimalapas para evitar su devastación por la tala clandestina, la ganadería extensiva y la explotación minera que se ha venido incrementando en toda la región. La organización Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. ha tenido una lucha constante, realizando investigaciones de campo, promoviendo la integración y participación de los pobladores de las diferentes etnias, haciendo seminarios, reuniones, manifestaciones y publicaciones que comparten en sus redes sociales.

Tienen un bagaje muy importante para que el público pueda enterarse con mayor detalle acerca de la situación que guarda la región de Los Chimalapas, que no sólo se verá impactada por el megaproyecto del Istmo, sino que cambia su concepción desarrollista a costa de los recursos naturales, así como de la vida y tradiciones de los pueblos originarios. Pueden consultar mucha información en Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.

De acuerdo con la información pública de Maderas del Pueblo del Sureste, este megaproyecto incluye varios componentes que, de manera directa e indirecta, tendrán un impacto en los recursos naturales, sobre los pueblos originarios y, sobre todo, en la Soberanía Nacional.

Este megaproyecto incluye:

• Un tren rápido de carga con autopista paralela.
• La modernización de los puertos de Coatzacoalcos, Ver. y Salina Cruz, Oax. (con dragado profundo y ampliación de rompeolas y escolleras).
• La modernización de las dos refinerías y complejos petroquímicos en dichos puertos (Pajaritos, Cangrejera y Antonio Dovalí).
• Construcción y operación –integrada al transístmico– de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco.
• El incremento en la extracción petrolera privada de nuevos yacimientos (convencionales y por fracking) con la construcción de nuevos gasoductos y oleoductos.
• El incremento de concesiones para explotación minera a cielo abierto.
• La interconexión del Tren Interoceánico con el megaproyecto llamado Tren Maya, en su ramal Coatzacoalcos-Palenque-Escárcega-Puerto Progreso, para buscar circulación complementaria de mercancías a través del Caribe (Océano Atlántico).
• Adicionalmente, la anunciada creación de 10 parques industriales (500 a 1500 ha) para la instalación y operación de empresas manufactureras, maquiladoras y armadoras automotrices y de maquinaria, subsidiadas por el pueblo mexicano a través de la declaratoria oficial del Istmo como Zona Libre o Franca; esto supondría un proceso colonización con acelerado cambio de uso de suelo, mismo que es la principal causa de degradación ecosistémica, por encima, incluso, de la contaminación.

Este megaproyecto resulta el más neoliberal que los clásicos neoliberales, que de continuar en los términos en que se está ejecutando, tendremos una cesión de la soberanía nacional en esta parte importante del territorio nacional.

Es tiempo de reconsiderar este megaproyecto para replantear su diseño, que permita el respeto pleno a los pueblos originarios, a la naturaleza y a todos los recursos que contiene y, sobre todo, no poner en riesgo la SOBERANÍA NACIONAL.