«Les devuelvo la energía eléctrica que es exclusiva propiedad de la Nación; pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las perores causas del país, intentarán por medios sutiles, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás, fue la consigna de Don Lázaro Cárdenas al nacionalizar nuestro petróleo, SÓLO UN TRAIDOR ENTREGA SU PAÍS A LOS EXTRANJEROS».
Adolfo López Mateos, presidente de México

Este histórico discurso de Adolfo López Mateos lo dijo al nacionalizar la industria eléctrica que estaba en manos de empresas extranjeras, mediante decreto del 27 de septiembre de 1960, haciendo referencia a lo mencionado por Lázaro Cárdenas cuando expropio la industria petrolera el 18 de marzo de 1938.

Dos presidentes nacionalistas y patriotas, el primero del estado de México y el segundo de Michoacán. Que diferencia tan marcada de los últimos dos presidentes, también uno del estado de México y otro de Michoacán. ¡Dos patriotas, los primeros y dos traidores, los últimos!

Así como en 1938, con la expropiación petrolera y en 1960 con la nacionalización de la industria eléctrica los intereses de empresas extranjeras asociadas con esos malos empresarios y políticos mexicanos patalearon y pelearon legalmente y buscando el apoyo de sus gobiernos y grupos de poder en México, para revertir esas históricas decisiones, lo cual no pudieron lograrlo.

Qué visión tuvo López Mateos al advertir que malos mexicanos serían traidores al entregar los recursos y servicios estratégicos más importantes y fundamentales para el país, lo cual lamentablemente ocurrió desde la imposición del mal llamado neoliberalismo en México.

A pesar de todas las pifias, errores, abusos, corrupción, autoritarismo y demás calificativos que se puedan encontrar a los expresidentes Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo, mantuvieron un nacionalismo acendrado aún con las presiones de gobiernos y empresas extranjeras y pseudo mexicanas.

México reiteradamente ha sufrido las presiones e imposiciones del gobierno americano, con la complicidad de traidores pseudo mexicanos, desde el nacimiento de la «República» de Texas en 1836; el robo de más de la mitad del territorio nacional con la invasión de 1846 a 1848; la invasión gringa en Veracruz del 21 de abril al 23 de noviembre de 1914; los Tratados de Bucareli en 1923, sometiendo a México a dictados del gobierno americano, para reconocer al gobierno de Álvaro Obregón; para continuar con la etapa mal llamada neoliberal, que inició con el gris presidente De de la Madrid, pasando por Salinas de Gortari, quién ha sido el artífice de la entrega de recursos naturales y servicios estratégicos con sus seguidores y súbditos Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

Durante esos 36 años se entregaron muchos de los activos económicos, financieros, ambientales y sociales a la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera. Ya lo decía un secretario de estado americano a principios del siglo XX, que Estados Unidos ya no invadiría militarmente naciones para seguir con su dominio, sino que preparando a jóvenes (o sea lavado de cerebro) para futuros presidentes de los países, con ello lograrían el control del hemisferio. Con esa estrategia americana, hemos visto como ha funcionado al formar (¿o deformar?) a estos presidentes que han estudiado en el país vecino, excepto Fox que no estudió allá; vemos como han seguido fielmente los mandatos de sus maestros neoliberales. Quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, podemos atestiguar como lo primero que hacen en las universidades con alumnos de nuevo ingreso extranjeros, es el lavado de cerebro, para que uno se convenza de que ese país es el centro del universo y que es lo mejor que hay en el mundo. Aparentemente la Universidad de Yale, donde han estudiado algunos expresidentes de México, es la especializada en la formación de futuros presidentes de América Latina y otros países. Esto desde luego es una apreciación personal, sin contar con evidencia específica.

Hemos visto como en esos 36 años, desde De la Madrid (PRI), que en realidad quien llevaba la batuta era Salinas de Gortari (PRI), hasta Peña (PRI), pasando por Zedillo (PRI), Fox (PAN) y Calderón (PAN), se remataron los bancos, los ferrocarriles, los fertilizantes, la petroquímica, las playas, los puertos, los aeropuertos, la televisión, los teléfonos, la educación, el espacio aéreo, así como de mayor relevancia la minería, el petróleo, la electricidad y el agua. La mente maquiavélica de Salinas de Gortari pensó en la estrategia constitucional y legal para hacer todo este saqueo. En 1992, con el apoyo incondicional de la mayoría del PRI y el PAN que tenía en el Congreso federal, hizo reformas fundamentales al artículo 27 constitucional, además del 25, 26 y otros, que le dieron fundamento para reformar las leyes Minera, de Aguas Nacionales, Forestal, de Reforma Agraria, de la Industria petrolera, de la Electricidad y otras más que se fueron reformando con el tiempo y en los gobiernos subsiguientes.

La minería es un verdadero desastre social, ambiental, económico, fiscal y financiero. Esta actividad, que siendo de gran relevancia está el 90 % en manos extranjeras, principalmente canadienses, que TODAS, han sido los principales instrumentos de devastación de bosques, de cerros, así como grave contaminación de fuentes de agua, de ecosistemas en general y sobre todo de arrasar pueblos mediante amenazas, despojos legaloides y muertes de líderes sociales. Todo esto con base en las disposiciones legales, pero inmorales, que están establecidas en la Ley Minera de 1992, promulgada por Salinas de Gortari, el incumplimiento de las disposiciones legales y normas ambientales y de manera relevante, por la complicidad y protección de autoridades federales, estatales y municipales, así como de grupos organizados de delincuentes protectores de esos mineros.

Si a lo anterior le sumamos que no pagan impuestos, que de por si son mínimos, no reparten regalías como deberían ser, saquean todos los metales preciosos para llevárselos a sus países de origen y el colmo demandan al gobierno por exigirles el pago de impuestos, esto es una verdadera lacra y daño global para el país. Lo más grave que hay pseudo mexicanos que todavía defienden a estos saqueadores.

Se otorgaron concesiones desde Fox, principalmente Calderón y después Peña de millones de hectáreas del país, con fines de exploración y explotación minera. De acuerdo con lo mencionado por López Obrador en una mañanera, hay 120 millones de hectáreas concesionadas en el país para esos rubros, lo que representa el 60 % del territorio nacional, principalmente ubicadas en zonas forestales e indígenas.

Ahora que se está reconociendo el valor presente y sobre todo futuro del Litio, cuyos yacimientos más importantes están en Sonora, Zacatecas y San Luis Potosí, hasta el momento, ya existen algunas concesiones a empresas americanas, canadienses y chinas, que están al acecho para logra perpetuidad en su explotación, así como nuevos jugadores que ya se están frotando las manos para venir a saquear este recurso. Este es otro asunto que la actual administración debe tomar rápida y legalmente, para no estar amarrados a contratos leoninos y a muy largo plazo, que es lo permitido por las concesiones otorgadas anteriormente.

El agua, es otro de los recursos fundamentales para la Soberanía Nacional y el bienestar de toda la población. La Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, ha sido instrumento de despojo de este recurso, a los pueblos en donde se capta y distribuye la mayor cantidad de agua. Se han presentado varias iniciativas para expedir una Ley de Aguas Nacionales, que permita garantizar el derecho humano al agua, como lo mandó la reforma al artículo 4 constitucional desde hace casi una década y que el congreso no ha cumplido. Se han presentado varias iniciativas, una de ellas la Iniciativa Ciudadana, presentada a la Cámara de Diputados y a la de Senadores, hace prácticamente dos años, sin que haya avance. Se han presentado otras iniciativas, alguna de ellas que mantiene los mismos principios de la ley vigente, pero, con otras palabras.

La Iniciativa Ciudadana presentada por numerosos grupos, colectivos, expertos y ciudadanos, coordinados por la organización Agua Para Todos Agua-Para la Vida, ha sido la más cuestionada por los expertos abogados y sus barras y asociaciones, porque va más allá de lo que manda el artículo 4 de la Constitución. La Comisión de Recursos Hidráulicos de los diputados, propuso que simplemente se publicara una ley que atendiera exclusivamente lo que garantice el derecho humano al agua y que por otro lado simplemente se hagan modificaciones a la Ley Aguas Nacionales, manteniendo su espíritu de privatizar el agua simulada con las concesiones a las grandes empresas mineras, de embotellado de agua, distritos de riego, así como a los concesionarios de riego y bloques de agua.

Si bien pueden argüirse argumentos en contra de la Iniciativa Ciudadana, que es la más completa, también si los expertos abogados realmente quisieran un cambio de fondo, también se podrían incluir otros elementos que vayan más allá del artículo 4 constitucional, tomando el artículo 27 y otros aplicables para que sea garantizado el derecho al agua, pero también el derecho a un manejo transparente y sin corrupción del agua. Desafortunadamente encontramos que, en la Comisión respectiva, han prevalecido los intereses económicos y políticos de algunos diputados y de grupos empresariales de presión para que esta ley no salga y se mantengan las cosas como están.

Finalmente, el asunto de los energéticos, el petróleo y la electricidad, son los principales recursos, que como lo señalaron en su tiempo Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, cayeron en manos de empresas extranjeras y algunas pseudo mexicanas, por esos malos mexicanos que habiendo traicionado al país, tejieron una maraña de complicidades e impunidad constitucional y legal, apoyados en la creación de organismos «autónomos» como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y un sistema judicial ad hoc, para que esa entrega de los recursos y servicios estratégicos del país no tuvieran regreso. Ahora lo estamos viendo con esos organismos, que más que sean del estado son de los empresarios, los jueces de competencia económica creados exprofeso para proteger legaloidemente cualquier cambio, están frotándose las manos al estar queriendo tirar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica publicada recientemente. Está muy claro que no se puede dar preeminencia a la competencia sobre la soberanía nacional y eso no lo han querido reconocer en el poder judicial, porque están más comprometidos con la entrega de la soberanía a intereses extranjeros.

«SÓLO UN TRAIDOR ENTREGA SU PAÍS A LOS EXTRANJEROS»

(*) Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques. por la Escuela Nacional de Agricultura, de Chapingo, Texcoco, Estado de México (hoy, Universidad Autónoma Chapingo); Maestro en Ciencias y Candidato a Doctor en Recursos Naturales por The University of Michigan, en Ann Arbor, Michigan; Consultor en Recursos Naturales, Ambiente y Desarrollo.