Por acuerdo de la Naciones Unidas, el 22 de abril de cada año se conmemora el Día de la Tierra, como una celebración que se dedica a resaltar la importancia que tiene nuestra madre tierra en la existencia de todos los seres que en ella habitamos.

Esta celebración —como muchas otras dedicadas a los bosques, al árbol, al suelo, al agua, a la vida silvestre, al ambiente, a las áreas naturales protegidas y unas decenas más que la ONU ha instituido desde hace varias décadas— se instituyó precisamente para crear conciencia y educación, programar una serie de eventos técnicos, científicos, sociales y hasta políticos en todos los países, y para difundir y hacer conciencia de lo vital que son los recursos naturales que debemos conservar, restaurar, aprovechar y que permanezcan sobre la fas de la tierra.

La tierra, obviamente es la que sustenta toda clase de vida y que da vida a toda expresión orgánica e inorgánica posible.

Todas las celebraciones normalmente se hacen con bombo y platillo, se realizan conferencias; reforestaciones; se publican libros, artículos, revistas; se decretan áreas naturales protegidas; se establecen compromisos concretos para mejorar el ambiente; por la sustentabilidad de los recursos naturales; por dar atención y prioridad a los pueblos que conservan y defienden sus territorios, y, en fin, un sin número de actividades más.

Si los millones de pesos gastados en conferencias, reuniones, y webinars que se celebran; en los millones de artículos, libros y documentos que se han publicado al respecto; en los cientos de acuerdos y compromisos internacionales que han establecido los gobiernos; en las miles de organizaciones de la sociedad que se han creado; y si los millones de pesos, dólares, euros y otras monedas que se gastan en cada celebración, hubieran tenido un impacto positivo real, la tierra estaría en una condición inmejorable.

¿Cuál es la realidad? La verdad es que dista mucho de lo escrito, comprometido y hablado. Las políticas economicistas o monetaristas trasnacionales que solamente basan el «desarrollo» en el crecimiento económico a costa de la devastación de la naturaleza, es una situación que día a día causa impactos en el ambiente, la biodiversidad, las tierras, el agua, los recursos forestales, la fauna silvestre y sobre todo arrasando pueblos y vidas humanas. Entre las actividades humanas que más impactos han venido causando son el crecimiento urbano anárquico, la ganadería extensiva, la devastación de tierras forestales por su cambio de uso a actividades agropecuarias, huertas de aguacate, infraestructura vial y —de manera preponderante, con mayor impacto— LA MINERÍA A TAJO O CIELO ABIERTO de minerales no metálicos y de metales preciosos.

Se han documentado innumerables quejas, demandas y amparos en contra de las minas, tanto de materiales pétreos como de metales preciosos. Las primeras se encuentran en el áreas de influencia de los grandes centros urbanos, como es por ejemplo el Valle de México, en donde, además del crecimiento anárquico, se sumó la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en el lecho del Lago de Texcoco (que por fortuna se canceló), el cual provocó la desaparición literal de cerros completos y la sobreexplotación de minas de arena, basalto y tezontle, dejando además secuelas de contaminación y enfermedades pulmonares a varios habitantes de la zona.

Por otro lado, de acuerdo con la información de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, están las minas de metales preciosos como oro, plata, cobre; metales base; metales industriales; rocas dimensionables y otros no metálicos, en prácticamente todos los estados que se encuentran en las Sierras Madre Occidental, Oriental y del Sur, así como en el Eje Neovolcánico. Los estados con mayor actividad minera son los siguientes: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca; así como las minas de ámbar en Chiapas y las de litio —el metal más relevante para fines energéticos— en Sonora, Zacatecas y San Luis Potosí.

En México, los gobiernos de Fox, Calderón y Peña otorgaron concesiones a empresas extranjeras y nacionales. Según lo hizo público el presidente López Obrador, son más de 120 millones de hectáreas concesionadas —60% del territorio nacional—, cuyos plazos van de 30 a 50 años, renovables para igual periodo. ¿A quiénes se han entregado? A empresas de Canadá (90% de las concesiones), España, India, Estados Unidos y algunas nacionales, que han devastado tierras desde su fase de exploración, hasta la explotación y beneficio.

Se han establecido principalmente en zonas forestales y en territorios indígenas y áreas naturales protegidas. De acuerdo con información de Eckart Boege (publicada en La Jornada el 26 de mayo de 2020, en su artículo “LA MINERÍA INDUSTRIAL EN TERRITORIOS BIOCULTURALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. EL DESPOJO DE LOS INDÍGENAS DE SUS TERRITORIOS EN EL SIGLO XXI”), para mediados del 2012 el gobierno mexicano ya había concesionado 2,173,141 hectáreas en territorios de los pueblos indígenas, lo que significó la pérdida de control cultural del 17% de su espacio vital.

En términos generales, las mineras han actuado con total impunidad, ante la complacencia de autoridades federales, estatales y municipales; algunas de ellas no pagan impuestos o los que pagan son ridículos; las regalías son una miseria que no alcanza a cubrir los daños que provocan. Se llevan la riqueza del país, el oro y plata en lingotes, sin que haya una supervisión directa de lo que están exportando.

Han causado grave contaminación a ríos, arroyos y manantiales, reduciendo las posibilidades de agua disponibles para los pobladores de lugares donde se encuentran; utilizan en algunos casos guardias blancas o grupos del crimen para amedrentar a los pobladores y evitar que se manifiesten, llegando a desaparecerlos, asesinarlos y despojarlos de sus tierras.

Esto no es eventual o un caso aislado. Prácticamente en todas las minas del país se presentan estos problemas y parece que no hay solución, salvo algunos casos recientes en que se han atendido algunas demandas parcialmente o no se han autorizado las manifestaciones de impacto ambiental.

Sería prolijo citar todos los casos que son públicos y ampliamente conocidos en prácticamente todo el país.

¿Por qué tanta impunidad y no se aplica la ley? El origen de esta situación está desde la promulgación de la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992 y reformada el 11 de agosto de 2014, que, entre otras disposiciones, en el primer párrafo del artículo 6 establece:

Artículo 6. La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades…

Este carácter de preeminencia sobre cualquier otra disposición jurídica es lo que arreglaron en la ley para violar todas las demás leyes y disposiciones jurídicas, principalmente la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que regulan el cambio de uso del suelo y las medidas de prevención y control de la contaminación, entre otras.

Aunado a lo anterior es de señalar que la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992 (coincidente con el arreglo constitucional y legal que se hizo en ese tiempo para rematar los recursos naturales y servicios estratégicos del país) facilita la entrega del agua a grandes consorcios mineros e industriales, embotelladoras de agua, usuarios de distritos y unidades de riego, y otros grandes usuarios, lo que ha ocasionado el despojado de agua para uso doméstico y para cultivos familiares en perjuicio de pueblos enteros, pues agota sus manantiales y acuíferos. Las concesiones provoca, además, la contaminación de los recursos hídricos.

Por cierto, esta Ley (que debió haberse abrogado por una Ley General de Aguas) sigue vigente porque los grupos de interés que no quieren perder sus beneficios. En la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados han sido omisos con toda intención para cumplir con el mandato que hizo la reforma al artículo 4 de la Constitución para emitir esta ley considerando el derecho humano al agua. Pretextos y maromas jurídicas se han hecho para seguir manteniendo las concesiones y asignaciones otorgadas por una sola autoridad (CONAGUA), actos que en la práctica son privatizaciones del agua.

El artículo 27 constitucional que fue reformado, entre otros, para permitir todos estos cambios a las leyes que regulan el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, no dejó títere con cabeza. Además de las leyes mencionadas también se reformó la legislación agraria para privatizar el ejido y presuntamente para «darle seguridad al dueño de su parcela», lo cual estaba fríamente calculado para poder enajenar legalmente aquellas tierras que estando en manos de ejidos, al privatizarse, pudieran ser adquiridas «legalmente» y establecer territorios privados para el crecimiento urbano, minas, industrias y otros usos.

Este carácter privatizador y monetarista de la actividad pública— que se dio desde Salinas hasta Peña— nos ha llevado a tener una tierra agraviada por los impactos negativos de estas actividades, que además se otorgaron sin una planeación adecuada y solamente viendo el beneficio económico y al corto plazo. Ha sido una expoliación, no un aprovechamiento de los recursos naturales, con beneficios para pocos y perjuicios para la sociedad y especialmente para los pueblos donde se han realizado estas actividades.

Aunado a lo anterior, tenemos un Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales de los estados con muchos visos de corrupción que han tomado como instrumento de guerra al AMPARO en contra de los intereses de las comunidades, pueblos y organizaciones que defienden sus territorios, agua y recursos, los cuales han sido despojados y devastados por empresas mineras, eléctricas, petroleras, turísticas y otras de interés público, con concesiones y autorizaciones otorgadas bajo la «legalidad» de las leyes reformadas a modo, como la Minera, la de Aguas Nacionales y Agraria, entre otras, además de los referentes de corrupción.

Es una buena referencia y publicidad que conmemoremos el día mundial de la tierra y los días de todos los recursos promulgados por la ONU, que se realizan a lo largo del año. En el caso de la minería es urgente que se reforme a fondo la Ley Minera, para quitarle esa preeminencia que tiene sobre prácticamente todas las demás leyes relativas a los recursos naturales y a los pueblos y comunidades rurales e indígenas, así como expedir la Ley General de Aguas.

No es posible que se siga devastando a la madre tierra utilizando estos mecanismos legales pero ilegítimos, así como revisar todas las concesiones mineras que se han otorgado, seguramente muchas a la vista de la corrupción y que no han respetado las condiciones mínimas de protección al ambiente y restauración de daños ocasionados, no pagar impuestos, no dejar regalías ni beneficios para el país. Tengo entendido que jurídicamente si un acto fue realizado ilegalmente, todas las consecuencias jurídicas efectuadas al amparo de este fundamento son nulas de pleno derecho. Este argumento no se ha sabido utilizar, ya que, si se comprueba la ilegalidad con que se otorgaron las concesiones y autorizaciones, en consecuencia, no son válidas. Lo mismo debe ser aplicado para el caso de la industria eléctrica y el petróleo y otras empresas.

(*) Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques. por la Escuela Nacional de Agricultura, de Chapingo, Texcoco, Estado de México (hoy, Universidad Autónoma Chapingo); Maestro en Ciencias y Candidato a Doctor en Recursos Naturales por The University of Michigan, en Ann Arbor, Michigan; Consultor en Recursos Naturales, Ambiente y Desarrollo.