De presidente anticonstitucional a poder supraconstitucional

El presidente López Obrador es el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, o sea, es el Ejecutivo Federal. Su función se limita a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Solo, pues, le corresponde ejecutar y cumplir los mandatos establecidos legalmente.

La función de crear las leyes y modificar la Constitución le corresponde al Legislativo, que es un parlamento, o sea, un lugar para discutir, proponer, escuchar y sobre todo, acordar entre diversas fuerzas políticas las mejores normas jurídicas para la Nación.

Así, quien en la práctica ha despojado al Legislativo de sus funciones y asumido personalmente ese poder ha sido el presidente, autor de las más importantes leyes y reformas constitucionales, al grado de que, en ocasiones, ha sido capaz de exigir que no se le cambie ni una coma a sus iniciativas. Incluso, ha establecido los tiempos y las formas en que deben actuar quienes componen la mayoría legislativa, los cuales, más que representantes del pueblo, se han convertido en representantes incondicionales del presidente.

El poder judicial es el que resuelve controversias e interpreta la Constitución, las leyes y los tratados, estableciendo, así, un control de constitucionalidad, de legalidad y de convencionalidad.

Por ello, ni al Ejecutivo, y mucho menos a su Consejería Jurídica o a su Secretaría de Gobernación les corresponde interpretar la Constitución y las leyes, ni juzgar, y menos juzgar a la propia Suprema Corte. Menos aún, con los calificativos tan fuertes que usa contra otro poder constitucional.

Si en una empresa es conveniente que los encargados de la producción sean distintos a los de control de calidad y supervisión, y que los comisarios en una sociedad mercantil deban ser ajenos a quienes tienen la mayoría de las acciones, en un Estado es en absoluto inconveniente que todos los poderes los concentre realmente un individuo, sea formalmente, o a través de un partido que tenga el control de todos los poderes.

El pensar que el pueblo elija a los ministros de la Corte provocaría, en la realidad, que los tres poderes dependan de quien tenga el control del partido oficial.

La verdad es que el proyecto de AMLO descarta que el pueblo elija al próximo presidente. Su objetivo es que el propio López Obrador sea quien designe como sucesor o sucesora a quien le asegure su continuismo. Además, plantea que el propio presidente sea el que decida quiénes serán los candidatos de Morena y de sus partidos afines a diputados y senadores. AMLO quiere que ellos le aprueben sus iniciativas de reformas constitucionales y después, tener bajo su control a la mayoría legislativa futura y, de ser posible, a la mayoría calificada.

Ahora, su propuesta de que sean electos los ministros de la SCJN pretende claramente colocar en el poder judicial solo a ministras y ministros similares a las que son sus incondicionales, como Yazmín Esquivel y Loretta Ortiz.

La verdad es que su plan o proyecto siempre ha sido el llamado Plan C, o sea, ser el verdadero Jefe Máximo cuando deje la Presidencia de la República. En otras palabras: que de hecho, no de derecho, sea el poder supremo que tenga en su puño a los tres poderes formales.

Por eso, ahora su gran lucha se centra contra los siete ministros y dos ministras que se atrevieron a aplicar la Constitución en contra de sus caprichos. Estos ministros calumniados que solo han cumplido con su deber de defender la Constitución, con sus conocimientos y su leal saber y entender.