El presidente López Obrador, en su mañanera, se burló de la manifestación de apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. «Solo fueron 3 mil personas… tienen que echarle más ganas», dijo el mandatario, quien, por cierto, prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

El poder ejecutivo tiene el manejo del presupuesto, en general, del gran poder económico del Estado. Cuenta, por lo anterior, con la posibilidad de prestar servicios y dar apoyos a la población en lo fundamental: salud, alimentación, educación y, particularmente, en programa de bienestar social entre otros.

Tiene, también, el control de las fuerzas publicas, tanto civiles como militares, y el total acceso a la difusión de sus ideas y logros. Dispone, además, de las estructuras y bases de los partidos que maneja y, desde luego, de su innegable popularidad. Por eso, el que el actual gobierno pueda organizar manifestaciones gigantescas de apoyo es algo normal y lógico.

En cambio, el poder judicial carece totalmente de lo anterior; y su función es la de resolver (conforme a la Constitución y la ley) los conflictos entre los particulares, entre los particulares y los distintos niveles de gobierno, entre poderes y niveles de gobierno, entre instituciones, partidos, etcétera.

A diferencia de los servicios que presta el ejecutivo, los del judicial son indeseables pero necesarios, ya que en una contienda judicial siempre habrá alguien que gane y otro que pierda, si no es que todos pierden algo.

Así, el poder judicial (fundamental para la paz social, la democracia, la justicia, el orden y la coexistencia pacifica) es, por naturaleza, antipopular. Por eso, el dicho «entre abogados te veas» es una maldición. Vamos, hasta en la Biblia se aconseja llegar a un arreglo antes de llegar con los jueces. Tenemos otro ejemplo en el refrán de «mas vale un mal arreglo, que un buen pleito».

Si no hubiera incumplimientos de normas jurídicas por alguien, y los problemas se pudieran resolver con acuerdos entre partes, poderes, partidos, etcétera, no tendrían trabajo los jueces.

Por lo anterior, es muy significativa la marcha, aun con su tamaño, en apoyo a la Suprema Corte, ya que esta no tiene ni los recursos, ni el poder real y mediático del Ejecutivo. Es absurdo, pues, tratar de minimizarla porque no alcanzó las dimensiones de los eventos de apoyo al presidente López Obrador.

A diferencia del Ejecutivo, que es un órgano unipersonal (en donde el presidente es el superior jerárquico de todos los funcionarios civiles y militares), la Suprema Corte es un órgano colegiado, y su presidenta, es primera entre iguales, y su voto tiene el mismo peso que el de los otros 10 ministros. Además, los magistrados y jueces son autónomos.

Digámoslo claro: la actitud burlona y agresiva del presidente (secundada por todos sus simpatizantes, legisladores, funcionarios, gobernadores, etcétera, que «le han echado montón» a la Corte) se dio porque fracasó en su intento de mantener a su amigo en la presidencia de la SCJN, lo cual violaba la Constitución.

Para colmo, también le salió mal al presidente la maniobra para colocar en la presidencia de la Corte a su incondicional, Yazmín Esquivel. Todo se derrumbó cuando se descubrieron las irregularidades en su tesis profesional.

Es evidente que se debe modificar y mejorar al poder judicial, pero no para que se convierta en un órgano totalmente sumiso al poder ejecutivo, lo que empeoraría las cosas. Por el contrario, se debe hacer para que se apegue absolutamente a la Constitución, sea imparcial, más autónomo y más eficiente. En resumen: para que sea un contrapeso real y un freno a las decisiones del Ejecutivo, cuando estas se aparten de la Constitución y la ley.

Se debe defender a la Corte, aun con los defectos que tiene, mismos que deben corregirse de manera adecuada y sin demagogia. Querer que los ministros sean electos permitiría que políticos, ricos y hasta criminales patrocinen las campañas de los candidatos.

Defender a la Corte es defender el Estado de Derecho.