Por Mario Rosales Betancourt

Como otra chicana más, para ocultar lo obvio, la ministra Yazmín Esquivel (apoyada por un grupo de muy destacados abogados, entre otros el polémico político priista y exabogado general de la UNAM, Eduardo Andrade) promovió a escondidas un juicio privado, o sea civil, de derechos de autor, en contra del pobre y enfermo abogado Edgar Ulises Báez, como si se tratara de los derechos de autor de un gran best seller.

Obviamente, ese juicio lo ganó sin que Báez ni siquiera se defendiera y, como no apeló cuando podía hacerlo, la sentencia ya está firme. Con ello, Esquivel puede registrar su tesis en Derechos de Autor, y cobrar regalías si alguien la llega a publicar y a comercializar, pero nada más.

Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de México no fue parte. Y lo que está investigando no es un tema de derechos de autor; lo que indaga nuestra máxima casa de estudios es si Esquivel actuó (al concluir sus estudios de la Licenciatura en Derecho en la que fue la ENEP Aragón) conforme a la normatividad universitaria y a la ética. Dicho de otra manera: si la actual ministra se ajustó a los procedimientos establecidos por UNAM para obtener su título de licenciado en Derecho. Esa sentencia, como es de materia civil, aunque sea inatacable para Báez, no involucra a la UNAM porque fue dictada por una juez del fuero común.

Es contradictorio que la ministra Esquivel quiera que la sentencia de un juicio civil, que es de materia privada por tratarse de los derechos de autor, sea obligatoria para la UNAM y para todos. En cambio, estuvo de acuerdo con AMLO en que toda la información relacionada con las obras insignia del actual gobierno permaneciera reservada por razones de seguridad nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el decretazo del presidente López Obrador en ese sentido porque violaba el derecho de acceso a la información que tenemos todos los mexicanos.

Yazmín Esquivel utiliza la sentencia de una juez civil que la beneficia para tratar de maniatar a la UNAM, cuya comunidad (como la sociedad entera) tiene derecho a saber si obtuvo lícitamente su título de licenciado en Derecho. Con esto, afecta el derecho a la información incorporado al artículo 6o. constitucional.

Como ministra de la Corte, votó a favor del decretazo del presidente López Obrador que escondía la información relacionada con las obras insignia del actual gobierno federal.

Como se expuso líneas arriba, la Corte declaró inconstitucional dicho decreto, lo cual evidenció que a Esquivel le importaba su relación con el presidente de la República, y no el derecho a la información de los mexicanos.

Insisto: Esquivel y sus abogados pretenden que un juicio privado, o sea civil, y una sentencia de una juez del fuero común de la Ciudad de México sean obligatorios para la UNAM; su objetivo es que la institución pierda su autonomía y que, por lo tanto, no pueda investigar y resolver sobre la forma como la actual ministra obtuvo su título de licenciado en Derecho.

Sin duda, esto no exonera a la ministra Esquivel; por el contrario, evidencia que trata de echarle tierra al asunto, y que la UNAM siga amordazada y no pueda concluir con sus investigaciones para buscar la verdad.