En el conflicto contra la Suprema Corte, se ganó una batalla, pero no la guerra.

El presidente López Obrador dijo que él no era Zedillo, quien con un decreto desapareció a la Corte y nombró nuevos ministros. Falsea los hechos, porque el cambio en el número e integración de la Corte (que se hizo durante la presidencia de Ernesto Zedillo) no fue por un decreto presidencial, sino por una reforma constitucional aprobada por dos terceras partes de ambas cámaras y por la mayoría de las legislaturas locales.

Y el presidente López Obrador no logró su reforma constitucional electoral, su Plan A, porque no cuenta con esa mayoría calificada.

Por no tener esa mayoría, su proyecto e intención dio forma a su Plan B: una reforma solo legal, aunque contraria a la Constitución. El presidente de la República calculó que con el voto de cuatro ministras y ministros incondicionales (propuestos por él) la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no podría declarar inconstitucional su reforma electoral. (Para una declaración de inconstitucionalidad se requiere el voto de un mínimo de 8 de 11 ministros).

Pero ―como el mismo presidente se ha quejado― dos de los ministros que él propuso optaron (con valentía y honor) cumplir con sus obligaciones constitucionales en vez de obedecer sumisamente a quien los propuso para ocupar sus actuales cargos en la SCJN.

Así, AMLO solo contó con las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yazmín Esquivel Mossa ―esposas, por cierto, de dos personajes muy cercanos a él―; ambas han demostrado ser totalmente parciales, en favor de los intereses y criterios del presidente.

Al principio, AMLO logró controlar mucho a la Corte gracias a su relación con quien fue presidente de la misma, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea. Tan fue así, que la SCJN aprobó su consulta popular sobre el juicio a los expresidentes a pesar de las dudas que generó sobre su constitucionalidad.

Los problemas con la SCJN empezaron cuando el Señor de Palacio quiso ―en clara violación a la Constitución― que el ministro Zaldívar se mantuviera en la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura después de concluir su periodo de cuatro años.

Luego, le falló también que su incondicional Yazmín Esquivel Mossa quedara como la presidenta de la Corte, pues el escándalo de su tesis lo impidió.

El jefe del Ejecutivo federal evitó que su reforma eléctrica fuera declarada inconstitucional; no sucedió así con la reforma que dejaba a la Guardia Nacional bajo el control militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ahora, las dos partes de la reforma electoral, el Plan B, también fueron declaradas inconstitucionales; y muy probablemente ocurra lo mismo con las más de las reformas que se aprobaron al vapor al final del pasado periodo de sesiones del Congreso de la Unión y del Senado de la República.

Contra lo que dice Morena, de que la Corte tuvo injerencia en el Legislativo, lo que fue evidente es que el Ejecutivo tuvo una gran injerencia en el Legislativo; y que, por esa presión (por hacer las cosas rápidamente) no se cumplieron formalidades esenciales de los procedimientos legislativos.

Recordemos que, en materia jurídica, la forma es fondo, y requisito fundamental de validez. O sea: fue la injerencia del Ejecutivo lo que hizo que el Legislativo hiciera mal sus tareas y, por ello, la declaración de inconstitucionalidad del Plan B.

Esta fue una victoria de la legalidad, este triunfo, sin embargo, agravará la guerra. El intervencionismo del Ejecutivo pondrá en riesgo la autonomía e imparcialidad de la Corte en el futuro.

Expliquemos por qué: es el presidente de la República el que, en última instancia, decide quiénes pueden aspirar a ser ministros de la Corte, ya que él manda la ternas al Senado. Si este le rechaza dos ternas, entonces puede poner a quien le venga en gana.

O sea: basta con que dos ministros tengan que ser sustituidos (ya sea porque termine su período, ya sea porque renuncien ―debido a las fuertes presiones a que son sometidos― o porque mueran) para que el actual presidente o quien lo sustituya, si es de la 4T, pueda nombrar a dos incondicionales más.

Esos dos ministros, sumados a los dos que ya tiene (en las personas de Yazmín Esquivel y Loretta Ortiz) paralizarían a la Corte y, por ende, el presidente de la República podría imponer leyes anticonstitucionales o desobedecer abierta e impunemente a la Carta Magna, sin la posibilidad de ser frenado mediante declaratorias de inconstitucionalidad como las que se han dado. Este es su Plan D y, en la práctica, sería el fin de la división de poderes.

Ahora veremos las presiones contra los ministros. Empezarán con la guerra del desprestigio; luego, tratarán de reducirles prestaciones y salarios, enseguida los amenazarán…

AMLO y sus operadores buscarán que dos ministros de la Corte se retiren para sustituirlos con dos que sean afines al Señor de Palacio.

Ese es el Plan D, por si les falla el C, que pretende lograr la mayoría de dos terceras partes en el Congreso de la Unión y el Senado de la República para hacer de la Corte lo que quieran.