En este 2024, el excesivo gasto electoral en nuestro país está a la vista de todos; el origen de los recursos, no

El excesivo gasto electoral en nuestro país está a la vista de todos; en cambio, el origen del dinero utilizado para financiar las actividades proselitistas de partidos y candidatos se oculta de manera deliberada y sistemática.

Este hecho da validez a la duda: ¿será que la delincuencia organizada aporta dinero a las campañas electorales municipales, estatales y federales con el fin de sesgar los resultados de los comicios del 2 de junio de 2024?

La periodista mexicana Anabel Hernández escribió en la página electrónica del medio alemán Deutsche Welle (DW) que -de acuerdo con una investigación realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos entre 2010 y 2011- el Cártel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006.

En su artículo titulado «El Cartel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006 / 1«, la colega afirmó lo siguiente:

Por parte del Cartel de Sinaloa el principal responsable de hacer las negociaciones fue el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal alias “La Barbie” uno de los principales socios de Arturo Beltrán Leyva. Roberto Acosta Islas alias “El R”, uno de los lugartenientes de “El Barbas” y encargado financiero. Y Roberto López Nájera, operador de los Beltrán Leyva, responsable del pago de sobornos del cartel a autoridades en México.

Por parte del equipo de AMLO, los responsables de recibir el dinero y canalizarlo a la campaña habrían sido dos personas muy cercanas al presidente: Nicolás Mollinedo, mejor conocido como Nico, quien era entonces el inseparable chofer AMLO. Nico trabajó cerca a López Obrador desde el año 2000 hasta el 2014. El chofer saltó a la fama por ser el conductor del Tsuru blanco en el que López Obrador siempre se transportaba cuando era jefe de gobierno de la CDMX.

Es público que Nico era una de las personas de mayor confianza de López Obrador. Originario de Tabasco al igual que el presidente, desde hace décadas Mollinedo y su familia tienen una estrecha relación de amistad y total confianza con AMLO.

Nico era el hombre inseparable de López Obrador. Su sombra. Durante la campaña presidencial del 2006 fue el coordinador logístico, y en la del 2012 también fue un operador importante.

El otro personaje directamente vinculado a AMLO a través del cual se hicieron las negociaciones para la entrega del dinero del Cartel de Sinaloa, y quien recibió directamente los recursos de procedencia ilícita para canalizaros a la campaña es Mauricio Soto Caballero, actualmente miembro del congreso nacional de partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Soto Caballero ha trabajado con AMLO durante más de 18 años a partir de 2004, según reveló él mismo en una entrevista a Valores TV difundida en Youtube en 2022. Afirmó que ha sido operador en las campañas presidenciales de López Obrador en 2006, 2012 y 2018.

Anabel Hernández dijo haber corroborado la veracidad de los hechos descubiertos por el gobierno de Estados Unidos al entrevistar a dos personas que estuvieron presentes en al menos una de las dos reuniones entre los protagonistas: una cercana al equipo de AMLO y la otra, integrante del Cártel de Sinaloa.

Apuntó que todos los detalles del caso constan en el documento titulado «Operación Polanco», elaborado por la Drug Enforcement Agency (DEA por sus siglas en inglés), que integró los resultados de las investigaciones realizadas por las regiones Norte y de América Central de la agencia; por personal de su oficina en las ciudades de México y Nueva York, y por la Fuerza de Ataque Contra el Crimen Organizado y Control de Drogas.

López Obrador perdió oficialmente la elección presidencial de 2006, lo cual -según Anabel Hernández- de todos modos fue aprovechado por el Cártel de Sinaloa, ya que «la organización criminal también destinó recursos a la campaña de Calderón, durante su gobierno el Cartel de Sinaloa recibió protección por parte de diferentes autoridades, principalmente el Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna».

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó -en su conferencia matutina del 31 de enero– lo dicho por Anabel Hernández y por otros medios extranjeros. Consideró que se trata de una «calumnia» que no viene únicamente de la DEA, sino «de más arriba», es decir, del Departamento de Estado de los Estados Unidos; empero, descartó proceder judicialmente contra quienes han difundido este asunto:

Porque yo qué voy a andar demandando. Además, aprovecho para decirlo, porque no voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio, no al periodista o a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo. ¿Está claro o no está claro?

O sea, porque ¿cómo es que se orquesta esto? ¿Qué, no lo sabían sus agencias? ¿Son ajenas sus agencias?
Tiene que decir la DEA si es cierto, no es cierto, cuál es la investigación que hicieron, cuáles son sus pruebas.

Pero no la DEA; el Departamento de Estado.

El presidente, como suele hacerlo, aprovechó para asumirse como víctima, una vez más. Es una estrategia que sabe capitalizar al máximo.

Está en su derecho de no presentar ninguna denuncia penal contra quienes han difundido la versión de que recibió dinero del Cártel de Sinaloa en 2006; pero la opinión pública mexicana merece conocer la verdad.

AMLO exige pruebas a sus detractores; pero no aporta ninguna que lo exima de la sospecha.

Se trata de un asunto de seguridad nacional tanto para México como Estados Unidos, por lo que bueno sería que todos los involucrados presenten las pruebas respectivas.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fragoso, y dos ministros más del TEPJF, Felipe de la Mata Fizaña y Felipe Fuentes Barrera, advirtieron este 31 de enero que debe reconocerse que el crimen organizado puede incidir en los procesos electorales, por lo que debe atenderse antes de la próxima elección presidencial.

Por otro lado, el TEPJF ratificó el mismo día la multa de 62.2 millones de pesos a Morena porque omitió reportar gastos durante el proceso interno que concluyó con la elección de Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de los comités de la Cuarta Transformación.

Por todo lo anterior, reiteramos la pregunta inicial: ¿será que la delincuencia organizada aporta dinero a las campañas electorales municipales, estatales y municipales previo a los comicios del 2 de junio de 2024?