Sí hay muchas fallas en nuestro sistema judicial, sí hay jueces que se doblan ante el poder político o el poder económico; pero las propuestas y las acciones realizadas por el gobierno del presidente López Obrador solo han agravado el problema

Mientras los poderes Ejecutivo y Legislativo sí son mandados (mandatarios), o sea, que están obligados a obedecer al pueblo, el poder Judicial debe ser mandado solo por la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Un juzgador, como lo dijo el ministro Luis María Aguilar Morales, no debe ser mandadero de nadie, ni del gobierno; su deber es ceñirse a la Constitución.

Hacer que las fuerzas políticas sean las que determinen quiénes deben ser jugadores y, sobre todo, cómo deben resolver los asuntos, implica que los juicios los ganaría quien tuviera mejores palancas y relaciones con el gobierno; o el propio gobierno, si fuera una de las partes.

Los juicios son una controversia, o sea una contienda entre partes. El juez debe ser imparcial ante las partes; y es a ellas a las que les corresponde presentar los hechos, argumentos, pruebas y demás para ganar el juicio.

La mayor falacia es culpar a los jueces cada vez que un criminal queda libre; o cuando el gobierno pierde una controversia. En la gran mayoría de los casos, en los penales, es porque las fiscalías no han presentado, argumentado y probado bien su acusación. En los demás (los constitucionales, administrativos, fiscales, etcétera), los pierde el gobierno o porque actuó ilegalmente como ejecutivo o legislativo, o porque los abogados del gobierno no supieron o no quisieron ─muchas veces por corrupción─ llevar bien el asunto.

Es como en el fútbol: el ganar o perder el partido depende fundamentalmente de los equipos, y normalmente no del árbitro.

Sí hay muchas fallas en nuestro sistema judicial, sí hay jueces que se doblan ante el poder político o el poder económico; pero las propuestas y las acciones realizadas por el gobierno del presidente López Obrador solo han agravado el problema.

El presidente confesó que influía cuando el hoy jilguero de la 4T, Arturo Zaldívar, era presidente de la Corte; ahora, tiene en la Corte a tres ministras incondicionales y sumisas, que lo obedecen más a él, que a la Constitución.

Propuestas como la de que ministros y magistrados sean designados por la 4T (por medio de un manipulado proceso de «elección popular»); de que se reduzca el número de ministros; de que desaparezcan las salas para que tarden más sus resoluciones; de que exista un tribunal para castigar a los jueces por resolver en contra del interés público (o sea, contra el interés del gobierno), destruirían la división de poderes. Por ende, los ciudadanos quedaríamos indefensos ante los excesos del gobierno.

La existencia de la Constitución no nos protegería, pues sería letra muerta porque carecería de un poder judicial imparcial y ceñido a la ella.

En conclusión: si el presidente de la República se sale con la suya y logra que se apruebe la reforma al poder judicial, este quedaría como un simple y sumiso mandadero al servicio del gobierno de la 4T.