Es deseable que prevalezca el ala moderada de Morena, que propone un análisis profundo e incluyente, sobre la radical que quiere aprobarla en septiembre, antes que López Obrador deje la Presidencia de la República

La necesaria reforma en materia de justicia tiene que ser al mismo tiempo una reforma integral jurídica, que no solo incluya al Poder Judicial, que es solo una parte de los procesos, sino que también debe incluir a fiscalías, ministerios públicos, consejerías jurídicas y abogados defensores del Estado, etcétera. Esto es como en el fútbol, ante fallas, debe mejorar la actuación de los árbitros, pero también y aún más, la de jugadores, cuerpo técnico, directivos, etcétera.

El propio presidente López Obrador, en su mañanera del viernes, que solo alteró al peso y los mercados, dijo: «… que el pueblo elija, y no quiere decir que con eso se resuelva mágicamente el problema, porque es complejo».

Así, a confesión de parte, relevo de prueba. La verdad es que la forma en que se elija a ministros y magistrados de la Corte no resolverá nada si no se reforma el actuar de quiénes son partes y son los que se enfrentan en los juicios, o sea, los ministerios públicos que tienen el monopolio de la acción penal, la consejería jurídica y los abogados del Estado ─muchos de los cuales, por su falta de preparación o por corrupción─ llevan mal los asuntos y por eso los pierde el Estado, y no por culpa del juzgador. Incluso se debe regular la actuación ilegal de abogados defensores públicos y privados, etcétera.

¿Cuáles son los problemas que todos vemos, independientemente de filias y fobias partidistas? ¿Aquellos que quisiéramos que se erradicaran, y que son los sirven de fundamento al presidente López Obrador para su propuesta?

Uno, es que existen niveles alarmantes de impunidad, pues la mayoría de los delitos ni siquiera llegan a procesos penales; y de los pocos que llegan, a algunos presuntos delincuentes ─acusados de graves delitos─ se les deja libres o con la posibilidad de llevar su proceso en libertad, por cuestiones como faltas al debido proceso. En síntesis: hay muchos criminales en la calle y esa impunidad genera inseguridad.

El otro aspecto, el que más ha molestado al presidente López Obrador, es que muchos procesos en los que el Estado es parte (desde controversias constitucionales, hasta juicios de amparo) los ha perdido el gobierno, ocasionado con ellos un daño a sus propósitos gubernamentales y más aún, al interés de la sociedad. Pero hay que ver en estos casos las causas de los juicios perdidos.

Son tres supuestos. El primero es que el gobierno realmente haya violado una norma constitucional o legal. El segundo, que los abogados del gobierno hayan sido vencidos en juicio por los abogados de los particulares. Y el tercero, sí, que el juez haya actuado ilegalmente.

Es contrastante que, mientras que los más de los estudiosos del Derecho vemos que la mayoría de los asuntos que pierde el gobierno tiene que ver con las dos primeras causas, el proyecto de reforma judicial parte de la premisa de que la única causa de esas derrotas judiciales es la tercera. Con ello supone que con tener ministros y magistrados defensores y afines al gobierno y al pueblo que este representa, es suficiente.

No conviene a nadie, y sobre todo al nuevo gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum, que se apruebe al vapor una reforma judicial que no sea integral y bien analizada por expertos jurídicos; si se aprueba como está y no da resultado o incluso es contraproducente, habrá entonces más actos ilegales.

En consecuencia, se generará inseguridad jurídica y, con ello, se desalentará la inversión; o algo tanto o más grave que la impunidad: que inocentes estén en la cárcel por delitos que no cometieron o les inventaron.

El costo político de que se menoscaben garantías constitucionales y derechos humanos ─al no existir un mecanismo eficaz para defenderlos─ se lo comerán solo Morena y sus aliados.

Por eso, ojalá triunfen ─en esto que es una contienda interna dentro de la 4T─ los moderados como Juan Ramón de la Fuente, que son partidarios de una discusión amplia, de expertos, en un parlamento abierto; para que sea una reforma jurídica integral y no solo del Poder Judicial que se haga sin prisas. Los radicales, como el diputado Ignacio Mier, quieren, en cambio, que se apruebe en septiembre, antes de que deje el poder el presidente López Obrador el 1 de octubre. El gobierno de Claudia Sheinbaum debe actuar como decía Napoleón: «Despacio, que voy de prisa».