La elección de ministros, magistrados y jueces desaparecerá de facto los derechos humanos, pues no habrá forma de ganarle un solo juicio al gobierno

El presidente López Obrador ha reconocido y alabado a nuestras Fuerzas Armadas; y sin duda una de las razones de su fortaleza es que existe un buen servicio militar de carrera, donde los grados se obtienen por méritos. Nadie pensaría que los altos grados y el mando en ámbito militar se deban otorgar por elección popular.

En el ámbito civil, algo que tiene mucho prestigio es nuestro servicio exterior, donde hay un servicio de carrera y se entra por un examen de oposición. Luego, poco a poco ─con trabajo y méritos─ se obtienen mejores cargos, aunque lamentablemente en la parte más alta están quienes son designados desde la Presidencia de la República por razones políticas (secretarios de Relaciones Exteriores, embajadores y cónsules) y son ratificados por el Senado de la República. Sin embargo, la estructura fundamental está compuesta por personal del Servicio Exterior de Carrera.

Si a esas vamos, ¿por qué no establecer que los generales y coroneles sean electos por el pueblo, tal y como lo propusieron los bolcheviques previo a la revolución de octubre de 1917 que derrocó al zar Nicolás II de Rusia? (Ya instalados en el poder, Lenin, Trotsky, Stalin y demás líderes comunistas rusos ejercieron un control absoluto sobre las fuerzas armadas soviéticas).

De mis compañeros de generación en la Facultad de Derecho de la UNAM, y en mis más de 48 años como profesor, he sido testigo de cómo muchos colegas que iniciaron en el poder judicial desde los puestos más bajos son ahora jueces, magistrados y hasta un ministro de la Corte, como resultado de un servicio judicial de carrera.

El servicio de carrera es un ejemplo de lo que Colosio llamó la cultura del esfuerzo. Y así, uno de los peores efectos de la propuesta de elegir a jueces y magistrados es que muchos trabajadores del poder judicial ─proyectistas, secretarios de acuerdo, etcétera─ que trabajan con ahínco por un ascenso (por ejemplo, para ser jueces de distrito) saben que si se aprueba la reforma no podrán ser jueces, pues esos cargos se darán a quienes tengan un contacto político que los coloque en las listas de candidaturas y los patrocinios para ganar la elección.

En el primer día del parlamento abierto hubo ministros que propusieron que el cambio de los juzgadores se haga de forma gradual y respetando el servicio judicial de carrera.

El presidente y la presidenta electa dicen que con la reforma judicial no se afectará a los trabajadores del poder judicial; pero el solo matarles la ilusión de superación por la vía del conocimiento y el esfuerzo es el mayor daño que se les pueda infligir.

Y desde luego se dañará a la sociedad que tendrá solo juzgadores afines al gobierno, lo que hará imposible ganarle juicios. En consecuencia, de nada servirá tener formalmente derechos humanos si se carecerá de instancias efectivas para hacerlos valer.

El perfeccionar el servicio judicial de carrera es lo que permitiría realmente una buena transformación del poder judicial.

Tal vez, podría aceptar que en la designación de ministros de la Corte pudiera haber elección popular, pero no así en la de jueces y magistrados. En un buen sistema de carrera judicial, cambiarlos a todos y elegirlos al mismo tiempo provocaría un caos.