El propósito de anular al poder judicial, de todos modos lo van a lograr en poco tiempo, porque ya se van a cambiar ministros de la Corte;  y con solo tener el gobierno uno o dos ministros más ─que se sume a las tres incondicionales  que ya tiene en la Suprema Corte─, el máximo tribunal no tendría la posibilidad de hacer declaraciones de inconstitucionalidad

El que pase o no esta iniciativa de Reforma Judicial depende de que los 43 senadores de oposición ─que originalmente eran 45─ se mantengan como los espartanos de Leónidas en el Paso de Termopilas deteniendo al mayoritario ejército persa.

Estos 43 son la última esperanza de que no caigamos en una grave crisis económica; de mantener un poder judicial independiente que frene abusos del gobierno; de que no se dañe una democracia en la que todos estemos incluidos y aspiremos a ser verdadera República, donde existan convenientes frenos y contrapesos.

Paradójicamente, los que también se beneficiarían ─si los 43 se mantienen firmes─ serían el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, porque hay dos cosas evidentes.

La primera es que la gran mayoría de la población (en caso de que efectivamente esté de acuerdo con esta reforma judicial y crea en ella cual si fuera un dogma) pondrá a AMLO y a su sucesora como víctimas y continuará apoyándolos incondicionalmente.

La segunda es que esta reforma no logre lo que ofrece (pues como se aprobó en la Cámara de Diputados es aún más complicado erradicar los vicios que efectivamente persisten en el Poder Judicial que construir un servicio de salud mejor al de Dinamarca.

Cuando eso suceda y surjan los inevitables problemas económicos y sociales ─derivados de una peor impartición y procuración de justicia─; cuando se evidencien los daños, perjuicios e ineficiencias de la reforma, el grave costo político será ciertamente para AMLO, Sheinbaum y Morena. Pero las terribles consecuencias en la calidad de vida serán para la mayoría de la población.

Si estos 43 se mantienen firmes ─como la mayoría cree en la propaganda oficial que jura y perjura que la reforma es buena─, el costo político será también para los ya muy débiles partidos de oposición.

El gobierno actual y el próximo no pueden echarse atrás, por más peticiones y presiones internas y externas que reciban; sin embargo, ya se dieron cuenta de que con su Reforma Judicial causarán un gran daño económico y social, que mucho les afectará políticamente y en su paso por la historia.

La salida de proclamar consignas como “nuestra magnífica y patriótica propuesta fue detenida por la mafia del poder”, “la culpa es del poderoso grupo conservador”, “el nefasto Claudio X González echó para atrás la decisión soberana del pueblo” le darían más respaldo popular al gobierno. La suspensión de la reforma evitaría, al mismo tiempo, las cuestiones negativas como el efecto en la inversión y en imagen democrática externa de México.

El propósito de anular al poder judicial, de todos modos lo van a lograr en poco tiempo, porque ya se van a cambiar ministros de la Corte; y con solo tener el gobierno uno o dos ministros más ─que se sume a las tres incondicionales que ya tiene en la Suprema Corte─, el máximo tribunal no tendría la posibilidad de hacer declaraciones de inconstitucionalidad. Por lo que hace al legislativo, como tienen una sobrada mayoría simple, podrían aprobar las leyes que quieran, sin el riesgo de que la Suprema Corte las declare inconstitucionales.

Si la Reforma Judicial se aprueba como está, dañaría el prestigio del gobierno, ya que si la sacan, será de una forma muy sucia, vulgar y corrupta; sería el resultado de comprar, chantajear, amenazar o sobornar a tres o más senadores por los que el pueblo votó para que fueran de la oposición. Y si comprar el voto es delito, es peor comprar a un senador para que traicione a quienes votaron para que fuera de la oposición y no del oficialismo.