Y las válidas preguntas surgidas tras el asesinato de dos colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada

La foto muestra una sala de monitoreo del C5 de la Ciudad de México.

En mi anterior artículo, amigo lector, expuse que la presidente Claudia Sheinbaum quiere convertir a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en la versión “mexicana” de la tristemente célebre policía política soviética KGB.

Señalé que el Poder Legislativo (que es una dependencia más del Ejecutivo) le aprobó a Sheinbaum las modificaciones que quería al artículo 21 constitucional como paso previo para hacer todopoderosa a la SSyPC.

Luego, Sheinbaum envió al legislativo las leyes reglamentarias del referido artículo 21 constitucional, es decir, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

Dichos proyectos de ley le darían a la  SSyPC las siguientes atribuciones:

• investigar delitos
• dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública
• coordinar al Sistema Nacional de Inteligencia
• ordenar, por ejemplo, a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina que le entreguen la información que requiera

El régimen está a la espera de que el legislativo le apruebe, además, las reformas que propuso a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.

Dichas reformas prevén imponer, entre otras cosas, la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica obligatoria y la Plataforma Única de Identidad.

El ejecutivo federal pretende que los mexicanos estemos obligados a presentar la CURP biométrica obligatoria para realizar cualquier trámite público o privado, tanto físico como en línea. Dejarían de tener validez como documentos de identificación la credencial para votar, el pasaporte y la cédula profesional.

La CURP biométrica obligatoria permitiría condicionar la prestación de cualquier servicio público o programa social. O suplantar identidades para fabricar votos o delitos.

La Plataforma Única de Identidad pondría a disposición de la SSyPC y de las demás autoridades federales, estatales y municipales relacionadas con la seguridad pública todos los datos de los mexicanos; no solo los biométricos, sino los de sus domicilios, actividades escolares, actividades económicas, movimientos financieros, problemas de salud, creencias religiosas, opiniones políticas, etc. Y no solo eso, sino que permitiría a cualquier autoridad el uso discrecional de la información sin orden judicial.

La estructura gubernamental mexicana está gravemente infiltrada por la delincuencia organizada. Imagine usted, amable lector, que funcionarios coludidos con la delincuencia organizada entreguen datos a secuestradores.

Es necesario recalcar, además, que tanto la Ley General del Sistema de Seguridad Pública como la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contemplan la creación de un registro de usuarios de telefonía móvil con el objetivo de robustecer las investigaciones de las instituciones de seguridad pública y de obtener datos de prueba.

Por si todo lo anterior no bastara para probar que la Cuarta Transformación quiere concretar una dictadura comunista, es sabido que Claudia Sheinbaum ordenó la redacción de otra reforma con el objetivo de que la fiscalía general de la República vuelva a depender de la Presidencia de la República, y de que las fiscalías estatales queden bajo las órdenes de los respectivos gobernadores.

La estructura represiva se completará cuando el Ejecutivo controle al poder judicial, vía un proceso electoral amañado y opaco.

Un trágico ejemplo

La mañana del pasado martes 20 de mayo, fueron asesinados dos colaboradores muy cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada: su secretaria particular, Ximena Guzmán, y su asesor, José Muñoz.

En la tarjeta informativa difundida por Brugada en sus redes sociales, indicó que sus colaboradores fueron objeto de una “agresión directa”, cuando se encontraron en Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia Moderna.

Sheinbaum pidió el 21 de mayo no especular sobre este doble homicidio, pero dos hechos son incuestionables:

• el asesino estaba esperando a sus víctimas
• la cámara de seguridad del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) que pudo haber grabado el doble homicidio fue manipulada.

Se trató, sí, de una “agresión directa”. La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján confirmó el 21 de mayo que «fue un evento planeado» en el que intervinieron cuatro individuos. ¿Quién o quiénes están detrás? ¿Son servidores públicos?

El C5 afirmó, por su parte, que todas sus cámaras de seguridad instaladas en la zona funcionaron correctamente. ¿Por qué mandó, pues, a un pequeño grupo de técnicos para que manipularan la cámara instalada en el tótem MC2056 después del doble crimen?

Lo demás, lo dejamos al criterio de usted, amigo lector.