Advierte la r3d que la inclusión del registro en la Ley de Telecomunicaciones responde a la intención de construir una infraestructura tecnológica autoritaria que otorga poderes sin control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

El Registro de Usuarios de Telefonía Móvil que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en lugar de garantizar la seguridad, aumentará los riesgos para la población, ya que una base de datos centralizada se vuelve vulnerable a ataques informáticos, advirtió la Red en Defensa de los Derechos Digitales (r3d), una organización de la sociedad civil.

La mandataria declaró durante su conferencia matutina del pasado viernes 23 de mayo que el mencionado Registro se hará «por un tema de seguridad» y explicó que para comprar un chip de teléfono será necesario presentar la CURP y una identificación. La justificación que dio la jefa del Ejecutivo federal es que la delincuencia utiliza varias tarjetas SIM para sus actividades.

Sin embargo, la r3d explicó que el crimen organizado tendría formas diversas de eludir la vigilancia gubernamental:

En primer lugar, el registro de líneas telefónicas sería eludible mediante múltiples técnicas y mecanismos que son actualmente utilizadas para la suplantación de números telefónicos, tales como: la clonación y duplicación de tarjetas SIM, el uso de tarjetas SIM de otras jurisdicciones en las que no existe un registro (como Estados Unidos), la utilización de servicios de voz sobre IP (VOIP), el robo de teléfonos móviles, entre otros. Además de ser ineficaz, esto implicaría que una persona inocente podría ser incriminada si su línea es suplantada para usos ilícitos.

Recordó que el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) contó con el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), cuya finalidad era la prevención de delitos como el secuestro y la extorsión. La base de datos del RENAUT fue vulnerada por delincuentes informáticos y puesta a la venta en el mercado negro.

Esta experiencia demostró que el registro de líneas telefónicas no solamente no cumple con la finalidad de prevención del delito, sino que lo incrementa, al poner en riesgo información personal sensible de casi el 90 % de las habitantes del país. Por ejemplo, durante la operación del RENAUT, el delito de extorsión aumentó un 40 % y el delito de secuestro, un  8 %. Además, cuando la base de datos fue vulnerada, quedaron expuestos no solo los registros telefónicos, sino también la ubicación geográfica en tiempo real de todas las personas.

La r3d evidenció, por otro lado, que Sheinbaum Pardo hizo una declaración engañosa al decir que no serán requeridos ni las huellas dactilares ni los datos biométricos, sino solamente la CURP.

Esta declaración es engañosa, ya que las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de Desaparición Forzada contemplan la creación de una CURP asociada a datos biométricos, así como una Plataforma Única de Identidad que permitirá el cruce de múltiples bases de datos, privadas y públicas, incluida la generada con motivo del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil.

Sheinbaum dijo también, en su «mañanera del pueblo» del viernes 23 de mayo, que la Ley General en materia de Seguridad Pública establece que solo podrán acceder a la base de datos del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil quienes investiguen delitos y lo hagan bajo la coordinación de la Fiscalía General de la República. Sobre el particular, la r3d señala:

No obstante, de acuerdo con la iniciativa de la propia Ley de Seguridad, las autoridades federales, estatales, e incluso municipales tendrían acceso al Registro sin salvaguardas adecuadas, como un control judicial previo y una supervisión independiente de una autoridad de protección de datos autónoma –tras la desaparición del INAI–, así como sin prever el derecho de notificación a las personas afectadas. Además, esto implicaría la obligación de las empresas de telecomunicaciones a dar acceso a los datos resguardados en el Registro. 

Añadió que las declaraciones de Sheinbaum Pardo repiten los «fallidos argumentos» con los que se promovió el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que fue declarado inconstitucional por los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion (entre ellos, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar) en 2022.

Además, refrenda que la inclusión del registro en la Ley de Telecomunicaciones responde a la intención de construir una infraestructura tecnológica autoritaria que otorga poderes sin control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Red en Defensa de los Derechos Digitales se pronunció, finalmente, por la eliminación del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil que ya fue declarado inconstitucional y porque se frene la creación de un sistema de vigilancia masiva, «que fácilmente puede ser abusado para profundizar más la actual crisis de seguridad».

Pidió también a los poderes Ejecutivo y Legislativo que se abran al diálogo para reconsiderar esas medidas con base en evidencias técnicas, de manera responsable y sin premura.