El conflicto que divide a Estados Unidos: poder electo versus filantrocapitalismo

El 18 de octubre de 2025, miles de personas marcharon bajo un mismo lema: No Kings.

Las protestas, replicadas en más de dos mil ciudades, fueron presentadas como una defensa de la democracia frente a la concentración del poder presidencial.

El presidente Donald Trump respondió con una frase que transformó el sentido del evento: «una broma financiada por los lunáticos de la izquierda radical».

A partir de ese momento, el país dejó de discutir únicamente la legitimidad de una manifestación: comenzó a debatir quién define hoy la soberanía.

¿El voto o el capital moral global?

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El detonante y la respuesta

Las marchas No Kings fueron organizadas por grupos conocidos —Indivisible, MoveOn, Public Citizen, ACLU—.

Registros del IRS y reportes internacionales indican que varias de ellas han recibido apoyo de la Open Society Foundations (OSF), creada por George Soros.

La fundación reconoce haber financiado programas de participación ciudadana, aunque niega haber costeado directamente las protestas.

El hecho plantea un dilema inevitable: ¿en qué punto una red de financiamiento legítima deja de ser beneficencia y se convierte en poder político?

El 25 de septiembre, el presidente firmó el memorando NSPM-7, que instruyó al Departamento de Justicia a investigar la “violencia política organizada” y a evaluar la designación de Antifa como organización terrorista doméstica.

Ese mismo día, OSF calificó la medida de “políticamente motivada” y defendió su labor como parte de la sociedad civil.

El intercambio evidenció algo más que una diferencia de interpretación: el Estado y la filantropía se reconocían mutuamente como fuerzas de poder.

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La estructura de una influencia

Detrás de OSF se extiende una constelación de instituciones —Tides Foundation, Ford Foundation, Hewlett Foundation, Arabella Advisors— que canalizan miles de millones de dólares hacia causas sociales, jurídicas y políticas.

Arabella, a través de fondos como New Venture y Sixteen Thirty Fund, administró más de 2 000 millones USD entre 2016 y 2024 para proyectos de “movilización cívica”.

Los mismos beneficiarios aparecen, parcial o totalmente, vinculados a las plataformas que impulsaron No Kings.

Esto sugiere la existencia de un poder estructural no electo, un sistema de filantrocapitalismo que actúa con la lógica de la gobernanza por redes, capaz de influir en la conversación política y de movilizar recursos humanos y simbólicos a escala global.

Pero su naturaleza plantea un interrogante más profundo: ¿a quién responde este poder?

Ningún orden opera en el vacío.

Si esta red influye, orienta y financia, ¿responde a una convicción moral, a una estrategia económica o a un diseño geopolítico mayor?

¿De quién recibe su legitimidad cuando no proviene del voto ni de la representación pública?

La cuestión no es si tiene o no poder —eso está demostrado—, sino ante qué principio lo ejerce.

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El punto de fricción

El poder electo se ampara en el mandato del voto; el poder filantrópico, en su capacidad de acción y en la autoridad moral de sus causas.

Ambos se declaran defensores de la democracia, aunque desde planos distintos: uno desde la ley, otro desde el ideal.

El memorando NSPM-7 no resuelve la tensión: simplemente la hace visible.

Por primera vez, un presidente estadounidense reconoce abiertamente que la influencia filantrópica puede condicionar la vida política interna.

Pero más allá del episodio puntual, surge una pregunta que atraviesa la democracia moderna: ¿es posible equilibrar la autoridad del Estado y la influencia de las redes globales sin que una devore a la otra?

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Una red que trasciende fronteras

El fenómeno no se limita a Estados Unidos.

Durante la última década, la red de poder filantrópico ha sido un actor global en la definición de políticas, discursos y agendas.

– Hungría y Polonia: los gobiernos acusaron a OSF de financiar campañas contrarias a su legislación migratoria y judicial. En 2018, OSF trasladó su sede de Budapest a Berlín tras las leyes Stop Soros.

– Turquía y Rusia: varias ONG con financiamiento occidental fueron cerradas por “actividades políticas sin autorización estatal”, convirtiendo la filantropía global en un asunto de seguridad nacional.

– Europa Occidental: Francia y Alemania discuten normas sobre financiamiento extranjero de asociaciones civiles, temiendo que la dependencia económica pueda traducirse en influencia política.

– América Latina: en Brasil, Colombia y México, OSF y sus filiales han apoyado proyectos de justicia social, transparencia y derechos humanos. En México, el propio sitio de OSF reconoce al país como “prioridad regional” y financia medios y organizaciones civiles.

Estos casos no describen una conspiración, sino un patrón de presencia e incidencia que traspasa fronteras y se convierte en un nuevo tipo de poder internacional, híbrido y difícil de clasificar.

Ya no se trata de la diplomacia tradicional ni del mercado: es un poder sin territorio, pero con capacidad de transformar políticas internas.

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El orden del poder y la medida del bien común

Llegados a este punto, el debate deja de ser técnico o jurídico: se vuelve ontológico.

Toda autoridad, sea política o filantrópica, existe para servir al bien común; fuera de esa orientación, su legitimidad se disuelve.

El Estado, si olvida que su fin es ordenar la vida social hacia el bien del pueblo, se reduce a una maquinaria electoral; la filantropía, si actúa sin esa misma referencia, se convierte en poder económico encubierto bajo el lenguaje moral.

Por eso, el problema no es sólo quién tiene más influencia, sino quién mantiene la recta ordenanza al bien común.

Sin ese referente, ambos poderes se transforman en fuerzas que compiten por el vacío del sentido.

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Conclusión

El episodio No Kings no es una disputa entre un presidente y una fundación; es el síntoma de una crisis mayor: la disolución de la unidad del poder bajo un principio superior.

La pregunta no es si el filantrocapitalismo tiene influencia, sino a quién responde y bajo qué orden moral lo hace.

Tampoco si el Estado tiene derecho a defenderse, sino cómo puede hacerlo sin caer en la misma lógica de autonomía que critica.

El bien común, no el voto ni la financiación, sigue siendo la medida invisible de toda soberanía.

Y es precisamente esa medida la que hoy parece haber quedado fuera del debate.

Hasta que no vuelva a ser el centro, la política seguirá oscilando entre dos poderes que se creen reyes.

No Kings no cierra un capítulo: lo abre, como un recordatorio de que ninguna fuerza —ni electa ni filantrópica— puede sustituir el orden del bien común sin terminar por perder el propio rostro de la legitimidad.