Estados Unidos considera a México pieza clave en la reconfiguración industrial que busca alejarse de Asia. Pero esa oportunidad viene acompañada de dilemas estratégicos

Las elecciones legislativas en Argentina dejaron una enseñanza que no se reduce a su política interna. La gobernabilidad de un país puede fortalecerse cuando el respaldo económico llega de fuera, pero también puede quedar sujeta a condiciones que no se decidieron en casa. Cuando la estabilidad financiera es un bien importado, la política empieza a operar con márgenes que ya no fija completamente el voto.

Ese giro obliga a México a mirarse en ese espejo con seriedad. Entre la revisión del USMCA en 2026 y las elecciones federales de 2027, nuestro país vivirá un cruce donde política y economía no solo coincidirán en el calendario: se observarán, se condicionarán y se medirán mutuamente. La pregunta no es si habrá presiones externas, sino qué forma adoptarán y cómo se integrarán al debate nacional.

Estados Unidos considera a México pieza clave en la reconfiguración industrial que busca alejarse de Asia. Pero esa oportunidad viene acompañada de dilemas estratégicos. ¿Qué tan compatible será la expectativa norteamericana de reducir la presencia china en sectores críticos con la necesidad mexicana de diversificar socios e inversión? ¿Hasta dónde se podrá preservar un modelo energético propio sin que ello implique el riesgo de sanciones o pérdida de confianza?

El capital ya no fluye solo por razones de rentabilidad. Se exige credibilidad ambiental, certidumbre regulatoria y estándares de gobernanza que a veces rebasan la legislación local. ¿Podrá México sostener políticas que hoy son soberanas si los mercados y los paneles comerciales consideran que contradicen el marco de integración? ¿Está preparado el país para defender simultáneamente sus decisiones ante Washington, ante la opinión pública internacional y ante los mecanismos legales del tratado?

El proceso judicial en Estados Unidos contra actores vinculados al narcotráfico plantea otra arista que no se puede ignorar. ¿Puede una narrativa jurídica extranjera alterar percepciones internas sobre legitimidad o estabilidad en pleno ciclo preelectoral? ¿Serán esos procesos factores de presión diplomática, más que estrictamente penales? ¿Cuánto podría depender el clima político mexicano de lo que se diga —o se omita— en otra jurisdicción?

La gobernabilidad será un tema en sí mismo. ¿Habrá un Estado lo suficientemente cohesionado para responder a estas tensiones con una sola voz? ¿Podrán las instituciones evitar que la seguridad en los estados, la violencia electoral o las disputas internas se conviertan en argumentos para cuestionar la solidez nacional en medio de una negociación internacional decisiva?

La historia reciente de la región muestra un patrón: cuando la incertidumbre económica se instala, quien estabiliza, influye. La cuestión para México no es si hay espacio para negociar, sino con qué claridad se definirán los límites. ¿Qué aspectos del interés nacional no pueden entrar en la mesa? ¿Qué concesiones son estratégicas y cuáles serían concesiones de rumbo?

En última instancia, todo converge en una sola pregunta: ¿quién tendrá la capacidad de decidir el sentido del desarrollo mexicano en los próximos años?

El voto puede otorgar legitimidad.

La estabilidad puede otorgar fuerza.

Pero la definición del destino requiere que esa fuerza se conserve dentro del país.

Los próximos dos años no solo medirán el desempeño de un gobierno.

Medirán si México mantiene la última palabra sobre sí mismo.