El asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan no es un hecho aislado: desnuda una estrategia de seguridad agotada, una clase política a la defensiva y una ciudadanía que decidió dejar de callar

Columna reproducida con autorización de Saber Votar

El parteaguas

La noche del sábado [1 de noviembre] en Uruapan, Michoacán, fue asesinado el presidente municipal Carlos Manzo. La reacción social fue inmediata: marchas multitudinarias —en Morelia se habló de decenas de miles—, protestas y un ánimo de duelo mezclado con hartazgo. Su viuda, Grecia Quiroz, llamó a seguir adelante con el proyecto que encabezaba. No era un alcalde cualquiera: frontal ante el crimen, pidió a las madres denunciar a hijos involucrados antes de visitarlos en el panteón, y levantó un movimiento independiente —el “del sombrero”— que rompió con Morena y ganó en tierra complicada, a pulso ciudadano.

El operativo posterior mostró un patrón repetido: autoridades rebasadas y un Estado que llega tarde. Se activó una investigación encabezada por Omar García Harfuch con apoyo de la Guardia Nacional, mientras desde Palacio Nacional se reiteró que no habrá “guerra contra el narco” y se sostuvo la narrativa de “abrazos, no balazos”. En paralelo, se descalificó a prensa y críticos como “buitres”. La brecha entre la calle y el discurso oficial quedó otra vez expuesta.

Tres grietas que ya no se pueden ocultar

1) Matar al liderazgo cívico sale “barato”. Van múltiples alcaldes asesinados en este periodo. Si un edil muere en un acto público a pesar de tener supuesta protección, el mensaje que reciben cientos de autoridades locales es disuasivo: no se metan. Es exactamente el incentivo que el crimen organizado busca instalar.

2) La asimetría operativa con el crimen es abismal. Las transferencias sociales alivian pobreza, pero no rompen las cadenas de extorsión ni el control territorial. Sin inteligencia, control de rutas, mandos locales profesionales y fiscalías que judicialicen, cualquier baja coyuntural en homicidios se evapora frente a delitos impunes.

3) La narrativa oficial ya no alcanza. Descalificar protestas de productores o llamar “buitres” a periodistas puede cohesionar a los convencidos, pero agranda la distancia con ciudadanos que pagan derecho de piso, pierden empleos y hoy entierran a sus líderes.

Un oficialismo con dos pulsos

La apertura de García Harfuch a cooperación internacional contrasta con el reflejo soberanista de la Presidencia. No es un matiz menor: de cara al Mundial 2026, a la inversión y a la presión de Estados Unidos —que insiste en “tiros de precisión” con inteligencia—, el gobierno tendrá que elegir entre el eslogan y la eficacia. La seguridad no admite ambigüedades.

Una oposición sin proyecto… y el surgimiento de lo local

La clase política opositora no termina de articular una alternativa creíble para jóvenes y regiones golpeadas. En ese vacío, crecieron plataformas de proximidad como el movimiento del sombrero: estructuras locales que devuelven agencia a la comunidad. Tras el mensaje de Grecia Quiroz, todo apunta a que ese capital cívico no se diluirá.

Presupuesto 2026: la prueba de fuego

En Cámara de Diputados avanza la discusión presupuestal con un sesgo claro a programas y prioridades políticas. Si no hay un giro serio hacia capacidad institucional —ministerios públicos, policías locales, juzgados, protección a víctimas y tecnología—, el país seguirá parchando con discursos lo que exige resultados. Seguridad sin justicia es teatro; justicia sin seguridad es impotencia.

Lo que la ciudadanía puede y debe exigir

Desde la misión cívica de Saber Votar, proponemos cinco exigencias mínimas y medibles:

1. Plan Uruapan como piloto nacional. Inteligencia interinstitucional, desarticulación de cadenas de extorsión, mando coordinado y metas públicas trimestrales. Sin propaganda.
2. Blindaje a autoridades municipales. Protocolos federales obligatorios, evaluación real de riesgo, botones de pánico y células mixtas de reacción. La protección no puede ser un oficio archivado.
3. Justicia que llegue a sentencias. Equipos de litigación estratégica para casos de alto impacto; trazabilidad pública de carpetas; sanción a omisiones.
4. Transparencia de cooperación internacional. Si habrá apoyo externo, que sea con reglas, salvaguardas y rendición de cuentas; ni simulación soberanista ni cheques en blanco.
5. Pacto cívico regional. Iglesias, cámaras empresariales, universidades y colectivos unidos para ocupar el espacio público con legalidad y servicio, no con miedo.

Revocación, deuda y economía: las otras aristas del mismo problema

La discusión sobre revocación de mandato volverá —en lo federal y en estados— como reflejo de un enojo genuino. Pero sin reconstrucción institucional, cambiar nombres no cambia realidades. A la par, el debate sobre deuda y Presupuesto de Egresos muestra otra grieta: gastar sin fortalecer Estado de Derecho espanta inversión, frena empleo y encarece la vida. La seguridad también se mide en recibos pagables y comercios abiertos.

Lo que deja Carlos Manzo

Manzo encarnó la incomodidad que transforma: “mejor visitarlos en la cárcel que en el panteón”. Pagó el costo máximo por decirlo y vivirlo. Su muerte debe acelerar un viraje: de la narrativa a la evidencia, del control político al control territorial, del clientelismo a la ciudadanía organizada. Si el gobierno escucha, todavía hay margen. Si no, Uruapan será espejo del mañana.

La democracia se defiende todos los días: informándose, exigiendo y participando. Hoy, la vara está clara: menos eslóganes, más resultados; menos polarización, más Estado de Derecho. El país lo merece. Uruapan lo demanda.

EL DATILLO

Ante la tragedia ocurrida en Uruapan, el mapa político-electoral rumbo a la renovación de 17 gubernaturas en 2027 podría moverse. En Michoacán, Morena enfrenta un escenario adverso: aun antes del asesinato de Carlos Manzo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla figuraba entre los peor evaluados, y dentro del partido uno de sus críticos más visibles es Raúl Morón, a quien el Tribunal Electoral le retiró la candidatura en 2021.

Atención: según cifras del propio partido, Morena tiene focos rojos no solo en entidades gobernadas por la oposición —Querétaro, Aguascalientes y Chihuahua (PAN), Nuevo León (MC) y San Luis Potosí (PVEM)—, sino también en estados morenistas como Colima, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.