El mapa oculto del dinero y la influencia global

I. La marea se levanta: más allá de la autogestión

La marea se prepara, una vez más, para subir.

En noviembre, miles de mujeres, militantes de la diversidad y organizaciones de todo el país volverán a converger en un nuevo Encuentro Plurinacional en Argentina. No es un fenómeno aislado, sino el último episodio de una serie iniciada en 1986 y repetida con puntualidad casi litúrgica: marchas, talleres, plenarios, performances y una presencia mediática cuidadosamente amplificada.

En la superficie, el guion parece invariable y se condensa en una palabra talismán: autogestión.

El relato es seductor: activistas que viajan por su cuenta, colectivos que venden rifas y empanadas para financiar pasajes, escuelas públicas transformadas en dormitorios, una mística de horizontalidad y espontaneidad. La imagen ofrecida es la de un pueblo que se organiza solo, sin tutelas ni patronazgos, sostenido únicamente por la voluntad de sus participantes.

Sin embargo, la letra pequeña del propio movimiento cuenta otra historia. En 2022, el Encuentro Plurinacional de San Luis reconoció explícitamente haber sido financiado por el Estado, mediante recursos del entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires e incluso a través de una empresa pública provincial. No se trató de una gorra a la salida de los talleres, sino de un esquema institucional de apoyo.

El dato importa por su estructura, no por su color local: revela una articulación orgánica entre militancia y Estado. Ministerios que aportan dinero, empresas públicas que gestionan fondos, gobiernos provinciales que se convierten en anfitriones políticos. Lo que en apariencia es un campamento militante es, en el subsuelo, un dispositivo de legitimación recíproca entre un tipo específico de activismo y un poder político que ha asumido esa agenda como propia.

A ello se suma un elemento simbólico nada menor. En diversas ediciones del Encuentro se ha dado la palabra a referentes del movimiento de mujeres kurdas: charlas sobre “la revolución de las mujeres en Kurdistán”, presentaciones del confederalismo democrático, mensajes de militantes de la Comunidad de Mujeres de Kurdistán, herederas políticas del entorno del PKK. No siempre se las presenta con el título explícito de “guerrilleras del PKK”, pero el trasfondo es claro: la experiencia de un movimiento armado de izquierda radical se ofrece como horizonte épico de emancipación femenina. La escena local se alimenta así de símbolos exportados de otra revolución, esta vez en lengua kurda.

Y, sin embargo, ni el Estado argentino ni estos referentes radicales agotan el cuadro. Si se aplica con rigor la vieja regla del periodismo —follow the money—, el mapa se amplía. Lo que emerge entonces es una trama transnacional de fundaciones, agencias, bancos de desarrollo y organismos internacionales que han convertido al feminismo, a la agenda de género y a los llamados “derechos sexuales y reproductivos” en uno de los ejes estratégicos de su acción global. El dinero no es la causa última —que es doctrinal—, pero sí el instrumento privilegiado de una determinada concepción del hombre, del derecho y de la política.

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II. La arquitectura financiera en Argentina: la infraestructura invisible

Conviene comenzar por una distinción simple, pero decisiva.

Por un lado, existe un financiamiento de base: aportes individuales, actividades de recaudación, redes locales que sostienen económicamente parte de la militancia. Es real, visible, y le da al movimiento un rostro popular.

Por otro lado, existe una infraestructura financiada: ONGs con oficinas y equipos técnicos; redes federales que operan los doce meses del año; especialistas en comunicación, consultoras, abogadas de litigio estratégico; proyectos plurianuales con indicadores de impacto y evaluaciones periódicas. En este nivel se concentra el dinero y, desde ahí, se orienta la traducción de las consignas callejeras en leyes, sentencias, protocolos y políticas públicas.

Sin esa segunda capa, la marea sería espuma: vendrían marchas vistosas, pero no reformas estructurales.

1. Del activismo a la política de Estado
   El caso de San Luis muestra el tránsito del activismo a la política de Estado. Un encuentro que se proclama autónomo y horizontal funciona, en los hechos, con recursos provenientes de ministerios nacionales y provinciales; es decir, con impuestos pagados por ciudadanos que en su mayoría jamás han participado de esas asambleas y que no comparten necesariamente la antropología subyacente.

La pregunta política se impone: ¿qué sucede cuando una corriente ideológica específica —con una agenda muy definida en materia de aborto, sexualidad, familia y religión— se convierte en sujeto privilegiado de financiación estatal para organizarse, formar cuadros, producir materiales pedagógicos e incidir en la agenda parlamentaria y mediática?

La cuestión va más hondo: no se trata de un Estado neutro que haya sido accidentalmente capturado. El Estado liberal-democrático, concebido como gestor de “derechos” entendidos como pretensiones subjetivas, está estructuralmente predispuesto a convertirse en vehículo de estas agendas. La financiación pública no contradice su lógica; la realiza.

2. Mama Cash y el Fondo de Mujeres del Sur: la filantropía organizada
   En el corazón de la filantropía feminista se encuentra Mama Cash, considerado el primer fondo internacional de mujeres, con sede en los Países Bajos. Su misión declarada es apoyar “activismo feminista” que cuestione “estructuras de poder” y promueva transformaciones legales y culturales en torno al cuerpo, la sexualidad y la autonomía reproductiva.

Mama Cash no dispersa pequeñas ayudas: diseña estrategia. Su apuesta ha sido nutrir y fortalecer “fondos de mujeres” regionales, que funcionan como articuladores locales entre la gran filantropía y los grupos de base. En el Cono Sur, esa función la ejerce el Fondo de Mujeres del Sur (FMS), con sede en Córdoba, que financia organizaciones en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Los informes públicos muestran:

• subvenciones no sólo a proyectos puntuales, sino a la creación de un fondo patrimonial del FMS, que asegure su sostenibilidad a largo plazo;
• participación del FMS en programas como Leading from the South, financiados por el gobierno neerlandés, destinados a fortalecer movimientos feministas del Sur global.

En términos políticos, una parte importante del activismo argentino no se sostiene primariamente en recursos internos, sino que se encuentra integrada en una estructura filantrópica transnacional, con agendas, prioridades y criterios de evaluación definidos —y, en caso de conflicto, decididos— fuera del país.

3. Ford Foundation y Open Society: dos columnas vertebrales
   A esta arquitectura se suman dos gigantes de la filantropía progresista: la Ford Foundation y Open Society Foundations (OSF).

La Ford Foundation ha reconocido expresamente su apoyo a movimientos feministas latinoamericanos que impulsaron la despenalización del aborto en Argentina y ha comprometido centenares de millones de dólares a programas globales de igualdad de género. Parte de esos recursos fluye hacia fondos feministas (como el propio FMS o Semillas en México) y hacia ONGs que articulan salud sexual, “derechos reproductivos” y litigio estratégico. Lo que se presenta como cooperación desinteresada es, en realidad, una inversión a largo plazo en la reconfiguración jurídica y cultural de sociedades enteras.

Por su parte, Open Society Foundations, ligada a George Soros, ha anunciado planes de inversión de al menos cien millones de dólares en cinco años para “fortalecer movimientos liderados por feministas” en el Sur global. Sus documentos programáticos explican que financia:

• campañas por la legalización del aborto y la llamada “justicia reproductiva”;
• redes mediáticas para instalar narrativas favorables;
• organizaciones que combaten la criminalización del aborto y trabajan en la reforma de marcos legales y educativos.

Latinoamérica —con Argentina y México como polos destacados— aparece como laboratorio ideal de esta estrategia. Desde la calle, la “marea” se vive como espontánea; desde los informes de Ford y OSF, como resultado esperado de una planificación política y filantrópica de gran escala.

4. SAAF, IPPF y el foco exclusivo en el aborto
   En el capítulo del aborto, la especialización se vuelve absoluta. El Safe Abortion Action Fund (SAAF) se define como el único fondo global dedicado exclusivamente al acceso al aborto “seguro”. Sus subvenciones plurianuales se dirigen a organizaciones de países de ingresos bajos y medios para financiar campañas, servicios, formación de promotores y acciones de transformación cultural.

En Argentina, SAAF ha respaldado a Socorristas en Red, articulación feminista que acompaña abortos farmacológicos y que ocupa un lugar central en la llamada “Marea Verde”. A su lado se encuentra la International Planned Parenthood Federation (IPPF), red transnacional de planificación familiar que actúa mediante organizaciones miembro, promoviendo servicios de salud sexual, educación sexual y defensa de los llamados “derechos sexuales y reproductivos”.

Conviene decirlo con claridad: ese lenguaje de “nuevos derechos” no es neutro. No estamos ante una expansión del antiguo orden jurídico —fundado en la naturaleza humana y ordenado al bien común—, sino ante la positivación de pretensiones subjetivas que, en muchos casos, contradicen la ley natural. Es el derecho el que se ve forzado a adaptarse a deseos previamente definidos por un aparato cultural y financiero global.

El resultado de esta tríada —fondos feministas, grandes fundaciones y redes específicas de aborto— es una infraestructura económica y técnica diseñada para convertir el aborto y la agenda de género en prioridad política permanente, por encima de otras urgencias sociales que rara vez reciben apoyos equiparables.

5. Un caso emblemático: Marta Alanís y la marca “Católicas por el Derecho a Decidir”
   Todo este entramado se vuelve especialmente nítido en un caso concreto: el de Marta Alanís y la organización conocida como “Católicas por el Derecho a Decidir” (CDD). Diversas investigaciones han reconstruido su trayectoria desde la militancia en el PRT–ERP en los años setenta, su cercanía con Enrique Gorriarán Merlo y el entorno del Movimiento Todos por la Patria, su paso por el exilio y la Nicaragua sandinista, hasta su regreso a Córdoba, donde termina vinculada a ámbitos eclesiales y funda la ONG “Asociación Civil Por el Derecho a Decidir”, rebautizada públicamente como “Católicas por el Derecho a Decidir” sin aval eclesial ni reconocimiento para usar legítimamente el adjetivo “católicas”.

Más allá de la biografía, lo decisivo es el circuito financiero. Documentos bancarios y balances citados en esos trabajos muestran que esta ONG recibió, desde comienzos de los años 2000, aportes significativos de la Ford Foundation, así como de la fundación holandesa HIVOS, que destinó recursos específicos a un proyecto de “expansión latinoamericana” de CDD, y de una constelación de donantes explícitamente volcados a la agenda abortista: IPPF, UNFPA, UNIFEM, Global Fund for Women, International Women’s Health Coalition, Catholics for Choice, entre otros. No se trata, por tanto, de un pequeño grupo autogestionado, sino de una pieza de un dispositivo regional financiado por prácticamente todos los grandes actores globales del “campo reproductivo”.

El uso del rótulo “católicas” no es un detalle folklórico, sino una operación semántica deliberada: producir la apariencia de una fisura doctrinal interna en la Iglesia, oponer unas supuestas “católicas de base” favorables al aborto a una jerarquía caricaturizada, y ofrecer al aparato filantrópico internacional una coartada religiosa para una agenda que, en sí misma, contradice frontalmente la moral católica. En una sola biografía se cruzan la genealogía revolucionaria de los años setenta, la ingeniería demográfica global y la suplantación simbólica de la Iglesia desde dentro mediante la apropiación de su lenguaje.

6. USAID, Departamento de Estado y BID: la cooperación oficial
   La capa de la filantropía privada se enlaza, además, con la de la cooperación oficial estadounidense y la de los organismos multilaterales.

La USAID y el Departamento de Estado han incorporado desde hace años la “igualdad de género”, la “prevención de la violencia contra las mujeres” y los “derechos LGBTI” como ejes de su política exterior. Aunque existan restricciones formales para financiar directamente el aborto, sus programas en salud reproductiva, construcción de sistemas de datos, fortalecimiento institucional y reforma legal crean el ecosistema en el que operan y prosperan las redes feministas y de diversidad.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por su parte, ha desarrollado su propia narrativa de “mujeres, diversidad y cuidados”, financiando proyectos que reorganizan sistemas de cuidados, mercados laborales y políticas urbanas con un enfoque de género convergente con el de las grandes fundaciones privadas. No es sólo crédito: es modelo.

La imagen que emerge es la de una alianza funcional: filantropía progresista (Ford, OSF, Mama Cash), fondos feministas regionales (FMS, Semillas), cooperación oficial (USAID, agencias europeas), banca de desarrollo (BID) y organismos onusianos operan, cada uno a su nivel, para consolidar una misma visión del ser humano y de la sociedad. Y todo esto no sería eficaz sin la colaboración activa de élites nacionales —gobiernos, universidades, medios, ONGs locales— que han asumido ese paradigma como propio. La presión es externa; la rendición es interna.

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III. México y la región: un laboratorio global

Sería ingenuo limitar este análisis a Argentina. Las mismas fundaciones y agencias que sostienen a la “Marea Verde” en el Cono Sur financian organizaciones y campañas equivalentes en México y en otros países latinoamericanos. Cambian los nombres; se mantiene la coherencia del esquema financiero e ideológico.

1. La constelación regional de fondos feministas
   En América Latina se ha formado una constelación de fondos feministas: Fondo de Mujeres del Sur (Cono Sur), Fondo Semillas (México), Apthapi Jopueti (Bolivia), Alquimia (Chile), entre otros. Todos comparten una lógica:
   • reciben recursos de donantes globales (Ford, OSF, Mama Cash, gobiernos europeos, agencias de la ONU);
   • redistribuyen esos recursos a organizaciones locales de base;
   • promueven agendas sincronizadas de género, aborto, diversidad sexual y reconfiguración cultural.

Los informes de Mama Cash y de Ford muestran subvenciones específicas a varios de estos fondos, incluyendo al FMS y a Semillas, no sólo para proyectos puntuales, sino para fortalecer su capacidad de movilizar recursos y asegurar su continuidad. Se busca, explícitamente, que estos fondos se conviertan en actores políticos estables.

2. El engranaje mexicano: Semillas, MEXFAM y las redes pro-aborto
   En México, el papel de articulador lo desempeña Fondo Semillas, que se presenta como fondo feminista dedicado a financiar organizaciones de mujeres, jóvenes y personas trans y no binarias. Durante años ha sido socio y beneficiario de Mama Cash y de Ford Foundation, y forma parte de redes globales de fondos de mujeres.

A su lado, la IPPF actúa mediante su miembro nacional, MEXFAM, que desde hace décadas presta servicios de salud sexual y reproductiva, promueve educación sexual y defiende los llamados “derechos sexuales y reproductivos”. En torno a estas estructuras gravitan organizaciones especializadas en aborto y acompañamiento que reciben recursos de SAAF u otros donantes con foco exclusivo.

En paralelo, Open Society Foundations ha celebrado públicamente las decisiones judiciales mexicanas en materia de aborto como “victorias” de los derechos reproductivos, reconociendo su propio papel de apoyo financiero y estratégico.

El patrón se repite:
• Fondos feministas (Semillas, FMS) como arterias financieras;
• fundaciones globales (Ford, OSF) como centros de estrategia y narrativa;
• redes específicas de aborto y salud sexual (IPPF, SAAF, organizaciones locales) como brazos operativos;
• cooperación oficial y banca de desarrollo (USAID, BID) como estructura de acompañamiento institucional.

Argentina y México aparecen así como dos laboratorios interconectados de una misma revolución cultural, cuyos resultados se exhiben luego como modelos exportables al resto de la región.

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IV. Preguntas necesarias para la vida política

Al final, la cuestión ya no es sólo quién paga, sino qué implica este tipo de financiamiento para la soberanía cultural, la calidad del debate público y la posibilidad misma del derecho.

La honestidad intelectual exige formular algunas preguntas mayéuticas, no para alimentar resentimientos, sino para obligar a pensar desde la raíz:

• Autogestión.
Si un encuentro que se proclama “autogestionado” se financia de manera estable con recursos de ministerios, agencias y empresas públicas, ¿no sería más veraz reconocer que se ha convertido en instrumento privilegiado de ciertos sectores del Estado, antes que en mera expresión de ciudadanía espontánea?
• Soberanía.
Cuando gobiernos extranjeros, agencias de cooperación y bancos de desarrollo financian, a través de fondos y ONGs, proyectos que reconfiguran la legislación, la educación, la cultura y la familia en América Latina, ¿podemos seguir hablando simplemente de “cooperación”, o estamos ante una política exterior ideológica que condiciona desde fuera las agendas internas?
• Definición de “derechos”.
Si fundaciones como Ford u OSF anuncian que invertirán cientos de millones de dólares en “movilización política feminista” y “justicia reproductiva”, ¿quién define qué feminismo es deseable, qué modelo de sexualidad debe promoverse y qué ha de entenderse por “derechos”? ¿La comunidad política local, o directorios asentados a miles de kilómetros? ¿Se trata de verdaderos derechos —fundados en la naturaleza y ordenados al bien— o de pretensiones subjetivas positivizadas?
• Prioridades.
Cuando fondos dedicados exclusivamente al aborto concentran recursos, saber técnico y redes transnacionales, ¿no se corre el riesgo de convertir el aborto en prioridad política absoluta de la gran filantropía, desplazando otras urgencias sociales —pobreza, trabajo, vivienda, educación, salud integral— a un segundo plano?
• Deliberación nacional.
Si las mismas estructuras que impulsaron la “Marea Verde” en Argentina financian campañas, organizaciones y litigios en México y otros países, ¿cuánto queda de auténtica deliberación nacional? ¿Cuánto hay de diálogo interno y cuánto de revolución cultural permanente dirigida desde centros de poder ajenos a la comunidad política?
• Debate asimétrico.
¿Es posible hablar de “debate democrático” cuando uno de los polos de la discusión cuenta con una infraestructura global de financiamiento, consultoría, formación de cuadros y acceso preferente al aparato estatal, mientras las voces disidentes apenas alcanzan a organizarse con recursos modestos y fragmentarios? ¿No es, en el fondo, la propia forma de la democracia de derechos —centrada en el sujeto abstracto y sus deseos— la que favorece este desequilibrio?
• Bien común.
Una comunidad política ordenada al bien común, ¿puede delegar en fundaciones y agencias transnacionales la definición de lo humano, de la familia o de la vida sin renunciar al fundamento mismo del orden político? ¿Puede seguir llamándose soberana cuando acepta que las cuestiones más altas de la existencia se decidan en consejos de administración que no responden ante sus ciudadanos?
• Imaginario radical.
Y cuando, además, se ofrece como modelo simbólico la experiencia de movimientos armados extranjeros —como las milicias femeninas vinculadas al entorno del PKK— presentándolos como horizonte de emancipación, ¿no se configura una síntesis inquietante entre filantropía global, poder estatal e imaginario revolucionario, que redefine silenciosamente el campo político y cultural?

Allí donde el dinero se vuelve invisible, el poder se vuelve impune. El mapa de la financiación feminista muestra que la batalla cultural de nuestro tiempo no se libra sólo en las calles ni exclusivamente en los parlamentos, sino también —y de manera creciente— en los circuitos discretos del financiamiento transnacional, en la selección de beneficiarios, en las prioridades de las fundaciones y en las condicionalidades de la cooperación.

Quizá el primer gesto de honestidad consista, simplemente, en admitir que, detrás de cada pañuelo, de cada consigna y de cada ley, hay una pregunta que ningún ciudadano responsable debería callar:

¿Quién paga, desde dónde paga y para qué paga?