La burocracia global y la reingeniería de la conciencia: crónica de una disolución

Bajo la coreografía invisible de una agenda global, el pasado 25 de noviembre el mundo asistió a una liturgia sincronizada en tres escenarios distantes, unidos, sin embargo, por un mismo guion tectónico. En Estrasburgo, el Parlamento Europeo celebraba entre ovaciones una nueva vuelta de tuerca jurídica: la elevación de la violencia de género a una categoría casi metafísica, donde la agresión física y el disenso moral —la llamada “violencia simbólica”— se amalgaman en un mismo tipo penal difuso. Simultáneamente, en la solemnidad de Westminster Hall, la Cámara de los Comunes británica debatía su aspiración a convertirse en el primer “Parlamento de la Cinta Blanca” (White Ribbon Parliament), sometiendo en buena medida la soberanía legislativa a la acreditación de una ONG y prometiendo “reeducar la masculinidad” como tarea permanente. Mientras tanto, en el Zócalo de la Ciudad de México, bajo el peso de una realidad que no admite retóricas, centenares de madres buscadoras y activistas clamaban justicia frente a un Palacio Nacional blindado, evidenciando la fractura entre la narrativa oficial y la sangre derramada.

En la superficie, esta tríada de eventos parece dibujar un arco de progreso civilizatorio: parlamentos sensibilizados, gobiernos de “tolerancia cero” y multitudes exigentes. Sin embargo, si se aparta el confeti violeta y se desanuda la cinta blanca, se revela una operación de poder mucho más profunda. Lo que se está consagrando no es meramente la protección de la mujer, sino una nueva forma de estatalidad: un Estado Tutor que, instrumentalizando una causa justa, impone una reingeniería total de la ley, disuelve la intimidad familiar y reclama para sí el gobierno de las conciencias.

Para comprender la magnitud de este desplazamiento, es preciso rastrear la genealogía del símbolo. La Campaña de la Cinta Blanca nació en Canadá a principios de los noventa como una respuesta visceral y noble a la masacre de la École Polytechnique de Montreal. En su génesis, era un acto de contrición y compromiso personal: el varón prometía no ejercer violencia y no callar ante ella. Pertenecía al orden de la ética, un imperativo de ley natural irreprochable. No obstante, la historia de las últimas tres décadas es la historia de cómo esa iniciativa moral fue fagocitada por la maquinaria burocrática. Lo que comenzó como un examen de conciencia se ha institucionalizado, transformándose en una industria global de consultoría, acreditación y vigilancia.

Hoy, la red White Ribbon no opera simplemente como un llamado a la virtud, sino como una estructura de poder paralela. Al convertirse en otorgadora de “certificados de virtud institucional” para ayuntamientos, policías y parlamentos, ha mercantilizado la moralidad. Westminster no busca solo legislar; busca ser acreditado. Se ha transitado del símbolo al dispositivo de control: la cinta blanca es ahora un contrato, un presupuesto y una herramienta de compliance ideológico. La pregunta fundamental deja de ser si la violencia es mala —una obviedad moral— para convertirse en qué antropología se está introduciendo de contrabando bajo el sello de la protección.

Aquí yace el nudo gordiano del problema: la sustitución de la auctoritas por la potestas. Durante siglos, el derecho occidental aspiró, con todas sus imperfecciones, a ser una expresión de la autoridad, entendida como el reconocimiento de un orden de justicia que precede a la voluntad del gobernante. Hoy asistimos al triunfo del voluntarismo jurídico. La protección de la mujer se ha convertido en la coartada perfecta para que el Estado abandone su función de servidor de la verdad y se erija en ingeniero social. Ya no se trata de reconocer lo justo, sino de producir una nueva realidad humana por decreto, incluso contra la naturaleza de las cosas.

Esta ingeniería opera mediante la demolición sistemática de la complementariedad natural entre hombre y mujer. En el orden de la realidad, ambos sexos son modos distintos de participar de una misma naturaleza, llamados a la cooperación, especialmente en la arquitectura de la familia. No son dos bandos en guerra, sino dos principios ordenados a una obra común. Sin embargo, la nueva gnosis política reinterpreta esta relación bajo una hermenéutica de la sospecha y del conflicto permanente. Al atacar la figura del varón —no solo sus desviaciones violentas, que deben ser castigadas, sino también su función de autoridad, protección y paternidad— no se libera a la mujer; se mutila el organismo social entero. Se pretende salvar al árbol cortando sus raíces, dejando a la sociedad compuesta por individuos atomizados: mujeres supuestamente empoderadas pero existencialmente solas, y varones desarmados, temerosos de ejercer su propia naturaleza de servicio y responsabilidad.

El deslizamiento del realismo jurídico hacia un derecho penal de autor, es decir, que juzga lo que alguien “es” o representa más que lo que efectivamente ha hecho, es quizá el síntoma más alarmante. El derecho clásico juzgaba actos: un golpe, una amenaza, un crimen concreto con un responsable individual. El nuevo paradigma, nutrido por conceptos como “violencia política”, “vicaria” o “simbólica”, desplaza el foco del acto a la estructura. El varón es sospechoso no por lo que hace, sino por lo que representa dentro del esquema del “patriarcado”. Se erosiona la presunción de inocencia y se instaura una culpa difusa y casi ontológica. El juez deja de ser un árbitro imparcial para convertirse en un agente pedagógico cuya misión es “enviar mensajes” y “transformar culturas”, convirtiendo los tribunales en púlpitos de una religión secular.

Esta transformación no es orgánica; responde a una arquitectura de poder supranacional. Desde los organismos internacionales que dictan normas de “convencionalidad”, pasando por las fundaciones que financian la academia de género, hasta las ONGs que certifican la moralidad pública, se ha tejido una red que hipoteca la soberanía de las naciones. Es un mercado de la culpa masculina y de la victimización femenina que mueve carreras, presupuestos y prestigios, y que necesita mantener encendido el conflicto para justificar su propia existencia.

México encarna la tragedia de este modelo con una crudeza insoportable. El país posee una de las legislaciones de género más vanguardistas del mundo, un entramado barroco de alertas, fiscalías especializadas y unidades de género. Y, sin embargo, la sangre no cesa. La burocracia florece mientras la impunidad permanece intacta. El Estado simula protección mediante la inflación legislativa y la propaganda, mientras en la realidad fáctica las mujeres siguen siendo asesinadas y los varones comunes son demolidos simbólicamente, convertidos en chivos expiatorios de una ineficacia estatal estructural que nadie quiere reconocer.

El resultado final de esta operación es un Gran Sacrificio. El 25-N se ha transmutado en un ritual donde la realidad se inmola en el altar del relato ideológico. Se sacrifica a la mujer real, que necesita seguridad física, justicia pronta y presupuestos para investigación y prevención, no abstracciones lingüísticas; se sacrifica al varón, empujado a una pasividad temerosa o a una rebeldía sin cauce; y se sacrifica a la familia, convertida en un campo de minas legal y simbólico, donde la desconfianza mutua suplanta a la donación recíproca.

El orden humano no se reconstruye enfrentando al hombre con la mujer, sino restaurando su complementariedad: dos modos distintos de una misma naturaleza llamados a sostenerse, no a vigilarse. La verdadera resistencia, por tanto, no consiste en negar la violencia —lo cual sería una aberración moral—, sino en rechazar el secuestro ideológico de la compasión. Resistir implica exigir un retorno al realismo y a la medida de la ley natural: castigo severo para el agresor concreto, respeto irrestricto a la presunción de inocencia, protección eficaz para la mujer y reivindicación de la autoridad servicial del padre y del esposo; políticas públicas que fortalezcan la familia en su verdad, y no que la disuelvan en nombre de una emancipación abstracta.

Defender a la mujer exige, paradójicamente, defender la verdad del varón y la complementariedad de ambos en la familia. Porque si se destruye esa complementariedad, no emerge una sociedad más justa, sino una masa informe de soledades, mucho más fácil de gobernar por quienes han decidido que la cinta blanca sea, en última instancia, el nuevo brazalete de obediencia a su poder.