La idea de Trump es explícita y simple: impedir que competidores extrahemisféricos posicionen fuerzas o capacidades amenazantes en la región y evitar que posean o controlen activos estratégicamente vitales dentro del Hemisferio

Por Oscar Méndez Oceguera
Imagen ilustrativa: Captura de pantalla
La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para 2025 no se presenta como una pieza administrativa más dentro de la liturgia de Washington, sino como un documento de selección estratégica: afirma, con una sobriedad que no deja espacio para lecturas ornamentales, que la superpotencia no puede atender con igual intensidad todas las regiones y todos los problemas del mundo. En esa frase vive la clave de su arquitectura. La política de seguridad, sugiere el texto, no se legitima por la amplitud de sus promesas, sino por la jerarquía de sus prioridades. Lo que no es central deja de recibir energía sostenida. Lo que es central absorbe recursos, lenguaje y voluntad política. En esa lógica, el Hemisferio Occidental deja de ser un ámbito de atención fluctuante para convertirse en el territorio de la necesidad.
La consecuencia para México es inmediata: las categorías estratégicas que antes podían evaluarse por separado —migración, crimen transnacional, infraestructura, cadenas de suministro— aparecen ahora como un solo expediente. El documento no lo dice con dramatismo; lo ordena con método. La frontera no es únicamente una línea geográfica. Es una interfaz de seguridad nacional. La industria no es únicamente un motor económico. Es una palanca geopolítica. La infraestructura crítica no es únicamente inversión. Es un activo de estabilidad regional. Para México, esta convergencia es una condición de lectura y un eje de decisión.
Existe un punto conceptual que conviene fijar sin rodeos para evitar confusiones analíticas: una cosa es el principio general de soberanía y protección del interés nacional; otra es su proyección estructurada por una potencia sobre el espacio inmediato que considera vital. La estrategia de 2025 opera en ambos niveles. Afirma el derecho a la defensa y simultáneamente rediseña el entorno regional como zona de prioridad doctrinal. En esa doble operación reside el verdadero giro.
El documento desarrolla esa prioridad con una fórmula que equivale a un parámetro de orden: reafirmar y hacer cumplir la Doctrina Monroe mediante un corolario contemporáneo. El texto no se limita a invocar una herencia histórica; la actualiza como criterio operativo de negación estratégica. La idea es explícita y simple: impedir que competidores extrahemisféricos posicionen fuerzas o capacidades amenazantes en la región y evitar que posean o controlen activos estratégicamente vitales dentro del Hemisferio. La seguridad regional queda definida, por tanto, no sólo por lo que los Estados del área hagan entre sí, sino por lo que actores externos no deben ser capaces de hacer aquí.
Este diseño se concreta mediante una consigna de acción tan breve como elocuente: “Enlist and Expand”. Enlistar implica movilizar a aliados ya existentes para controlar migración, frenar flujos de drogas y consolidar la seguridad de rutas terrestres y marítimas. Expandir implica cultivar socios nuevos y asegurar que Estados Unidos se mantenga como el socio económico y de seguridad de primera elección del Hemisferio. Dentro de ese mecanismo aparece una categoría clave: la búsqueda de “campeones regionales” capaces de producir estabilidad tolerable más allá de sus propias fronteras. Su misión es concreta: contener migración ilegal desestabilizadora, neutralizar cárteles, facilitar la relocalización manufacturera regional y estimular economías privadas locales. La estrategia añade un criterio político de incentivo: se recompensará a quienes estén alineados con los principios y objetivos de Washington. No se formula como condena de los demás; se establece como regla de preferencia.
En seguridad dura, el documento despliega una mutación de lenguaje que no debe leerse como mero estilo. Propone un reajuste del despliegue global hacia el Hemisferio; una presencia reforzada de Guardia Costera y Marina para control de rutas marítimas, migración no deseada y tráfico de drogas; despliegues dirigidos para asegurar la frontera y derrotar cárteles; y la apertura o expansión de accesos en ubicaciones estratégicas. El elemento que marca un umbral doctrinal nuevo es la afirmación de que, cuando sea necesario, el enfoque contra cárteles podrá incluir el uso de fuerza letal, en sustitución de una estrategia que el documento considera fallida por descansar exclusivamente en la aplicación de la ley. El crimen transnacional, en ese marco, deja de ser un capítulo policial y se incorpora de manera formal a la lógica de seguridad nacional.
En el plano económico, la estrategia no disimula su intención de convertir la diplomacia comercial en herramienta de poder directo. Señala que usará tarifas y acuerdos recíprocos para fortalecer su economía e industrias, y plantea que un Hemisferio económicamente más robusto será un mercado más atractivo para inversión estadounidense. La promesa implícita es clara: la región puede crecer dentro de una arquitectura de proximidad industrial; el costo implícito es igual de claro: ese crecimiento estará crecientemente alineado con parámetros de seguridad económica. La estrategia añade que el fortalecimiento de cadenas críticas dentro del Hemisferio reducirá dependencias y elevará resiliencia, y que los vínculos creados dificultarán la expansión de influencia extrahemisférica.
Este punto se conecta con una línea especialmente relevante para quienes diseñan política industrial o infraestructura en México. El documento propone que los términos de acuerdos, particularmente allí donde Estados Unidos tiene mayor apalancamiento, se traduzcan en contratos preferentes para empresas estadounidenses y en esfuerzos para desplazar a compañías extranjeras que construyen infraestructura estratégica en la región. La competencia aquí no es sólo de precios o eficiencia; es de control de activos, capacidad de decisión y orden de dependencias.
La sección asiática introduce el pasaje de mayor sensibilidad inmediata para México. Afirma que China ha adaptado su estrategia frente al endurecimiento arancelario estadounidense y que una vía de esa adaptación consiste en exportar a Estados Unidos indirectamente desde intermediarios y fábricas construidas por China en una docena de países, incluido México. El mensaje operativo es inequívoco: cualquier ruta percibida como triangulación sistemática será objeto de escrutinio. En términos de política industrial, esto significa que la relocalización manufacturera regional no podrá sostenerse únicamente sobre el argumento de costos o cercanía; deberá exhibir trazabilidad, contenido regional real y gobernanza de inversión en sectores sensibles.
Un lector mexicano que pretenda mantenerse en el registro de hechos —y no en el de adjetivos— puede ordenar estas piezas en cuatro realidades estructurales. Primero, la estrategia formaliza una prioridad hemisférica explícita con criterios de negación frente a competidores extrahemisféricos y protección de activos estratégicos. Segundo, integra seguridad económica y seguridad fronteriza en una sola arquitectura, donde tarifas, acuerdos recíprocos y cadenas críticas son instrumentos de poder. Tercero, eleva el umbral operativo en la lucha anticárteles, incorporando opciones de despliegue y fuerza más amplias. Cuarto, incorpora a México dentro del mapa de observación de la competencia manufacturera vinculada a China. Estas cuatro piezas definen el campo real de opciones.
En ese campo, México ocupa una triple condición simultánea. Es socio indispensable por proximidad y escala. Es plataforma industrial clave de la reorganización productiva regional. Y es frontera estratégica donde se condensan riesgos internos y expectativas externas. Ninguna de estas condiciones es elegida a voluntad; todas son elementos del entorno. La cuestión mexicana no es si el nuevo marco existe, sino cómo convertirlo en ventajas verificables sin erosionar el margen de decisión nacional.
La respuesta más funcional comienza por reconocer que la soberanía, en el siglo de las cadenas de suministro y la rivalidad tecnológica, se defiende tanto en las fuentes de poder material como en los discursos. La trazabilidad industrial se vuelve un instrumento soberano. La gobernanza de infraestructura crítica se vuelve parte del interés nacional. La arquitectura bilateral de cooperación en seguridad debe diseñarse con objetivos definidos, mecanismos institucionales claros y métricas verificables, precisamente para evitar que la densidad estratégica de la frontera produzca lecturas operativas ambiguas o sustituciones de responsabilidad estatal.
Hay un último ángulo que no puede omitirse si la lectura pretende ser completa. En México, la comprensión pública de este tipo de documentos suele quedar atrapada en un ecosistema de explicación breve y fragmentada dominado por la televisión. El problema no es su existencia; es su forma de conocimiento. La pantalla tiende a reemplazar la deliberación por la impresión, la razón práctica por la emoción administrada, el imperio de la ley por el imperio de la imagen, la presencia real de la comunidad política por una pseudo-presencia que devora memoria y juicio. Allí donde el razonamiento exige jerarquías, matices y continuidad histórica, el formato televisivo favorece la simultaneidad de lo inconexo y la tiranía suave de lo visible. La política se vuelve espectáculo de reacción; la geopolítica, secuencia de titulares. La consecuencia es un empobrecimiento de la inteligencia pública: se confunde el método con la consigna, el diagnóstico con un gesto de trinchera, el interés nacional con la performance de coyuntura.
Este artículo no pretende disputar ese terreno. Pretende señalar un hecho intelectual: una estrategia hemisférica de esta densidad no puede ser leída por fragmentos ni discutida como si fuera una noticia efímera. Requiere el tipo de atención que la pantalla, por diseño, suele disolver. Exige un retorno al análisis como disciplina cívica, no como entretenimiento.
La NSS 2025, en suma, codifica una nueva gramática hemisférica. Declara con claridad que el entorno regional inmediato vuelve a ser condición de seguridad nacional estadounidense. Integra, bajo un mismo marco, migración, crimen transnacional, infraestructura estratégica y relocalización industrial. Identifica a los competidores extrahemisféricos como variables que deben ser contenidas tanto en presencia militar como en control de activos críticos. Y establece incentivos políticos para socios alineados con esa arquitectura.
Para México, el imperativo es definible sin ruido: blindar la plataforma industrial mediante trazabilidad robusta; administrar la infraestructura crítica como activo soberano dentro de una competencia regional declarada; y convertir la cooperación de seguridad en arquitectura institucional verificable, eficaz y compatible con el control soberano de su territorio. En un hemisferio donde la seguridad y la economía han sido reunificadas en una sola matriz, la improvisación no es neutralidad: es fragilidad. Y la fragilidad, en este nuevo orden regional, tiende a ser interpretada como oportunidad por otros y como costo estratégico por uno mismo.
