A la luz del Global Risks Report 2026 (World Economic Forum): poder, inteligencia artificial y la erosión de la realidad compartida

No es que falten noticias. Sobra información. Y, sin embargo, el hombre contemporáneo avanza como quien atraviesa una ciudad inundada de señales sin mapa: todo le llega, nada le consta. Nunca hubo tanto acceso a datos y nunca fue tan difícil afirmar, en común, que algo ocurrió. Esta paradoja no es un fallo técnico del ecosistema digital. Es el síntoma de una fractura más profunda: la ruptura del vínculo entre percepción, evidencia y juicio.

El pulso del momento no es retórico; es institucional. El Global Risks Report 2026, presentado en vísperas de Davos, describe un mundo donde los riesgos geopolíticos, económicos y de seguridad se intensifican en el corto plazo. Pero entre todos ellos emerge uno con un efecto corrosivo singular: la desinformación. No como fenómeno mediático, sino como riesgo estructural, porque actúa como ácido sobre la confianza que hace posible coordinar cualquier respuesta colectiva. No es un riesgo más; es el riesgo que incapacita a los demás.

En el horizonte de dos años del informe, misinformation and disinformation aparece entre los riesgos más altos, ocupando el segundo lugar global. No se la trata como ruido comunicacional, sino como factor que agrava polarización, erosiona instituciones y vuelve inestable el consenso mínimo sobre hechos. Y esta lectura no es aislada. Organismos internacionales, reguladores, observatorios de medios y análisis de seguridad coinciden en el diagnóstico: la crisis informativa ha dejado de ser periférica y se ha convertido en condición del sistema.

Aquí conviene despejar un equívoco: el problema no es la “comunicación”. Es el criterio que permite que la comunicación tenga sentido. No es que circulen falsedades —han circulado siempre—, sino que se ha vuelto rentable erosionar el acto mismo de verificar. El objetivo ya no es imponer una mentira concreta, sino degradar el rango de la evidencia. Cuando la evidencia pierde autoridad, no gana la libertad: gana quien administra la niebla.

De la mentira a la erosión de lo real

La mutación es sobria y brutal. El engaño clásico necesitaba el prestigio de la prueba. Mentía dentro de un mundo que seguía creyendo en el valor de comprobar. La operación contemporánea —potenciada por una inteligencia artificial ya plenamente operativa— aspira a algo más alto y más corrosivo: instalar la sospecha como reflejo. Allí donde toda imagen puede ser montaje, la refutación llega herida; donde todo audio puede ser fabricado, la responsabilidad se disuelve; donde todo puede “parecer”, nada obliga.

La discusión pública deja entonces de apoyarse en hechos y se apoya en climas. Y un clima no se refuta: se soporta.

Este desplazamiento explica un cambio profundo en la política global. No se vuelve simplemente más mentirosa; se vuelve más dependiente de técnicas de percepción. La soberanía empieza a desplazarse del territorio al umbral de percepción. Qué aparece, a quién, con qué secuencia, con qué carga emocional y con qué costo por disentir: ahí se instala el mando. No hace falta prohibir para gobernar si se gobierna el flujo. La ley puede seguir escrita; la obediencia empieza a fijarse en el algoritmo.

La industrialización del estímulo

Conviene decirlo sin adornos: el problema no es la falta de información, sino la industrialización del estímulo. El exceso funciona como forma de control. Cuando todo llega, nada se asienta; cuando todo conmueve, nada se piensa; cuando todo indigna, nadie ordena. La inteligencia artificial acelera este proceso no por una perversión intrínseca, sino por economía: abarata el volumen, personaliza el mensaje, automatiza la repetición.

Lo que antes era artesanía —una falsificación plausible, una campaña sostenida, un rumor dirigido— se convierte en producción en serie.

Y la serie tiene método. Primero, se identifica una grieta psicosocial: agravio, miedo, identidad tensionada, cansancio colectivo. Luego se inyecta emoción, porque la emoción es energía de difusión. Después se fabrica verosimilitud con “pruebas” que ya no sólo afirman, sino que encarnan. Finalmente, se construye inmunidad contra la corrección: el desmentido pasa a ser leído como confirmación. En ese punto, la falsedad deja de ser contenido y se convierte en pertenencia. Y una pertenencia no se discute; se defiende.

Escenas de un poder ya operativo

Esto no es teoría abstracta.

— Una empresa enfrenta un audio falsificado atribuido a su director. El mercado reacciona antes de que exista verificación. Se activa una cláusula de riesgo. El daño contractual ocurre antes de la aclaración.
— Un video “prueba” irrumpe en redes durante un proceso político. La rectificación posterior no recompone el clima. La decisión ya fue inducida.
— En un juicio, material audiovisual circula fuera del expediente. La pena reputacional precede al debido proceso. El tribunal real ya no es el juez: es la plataforma.

Aquí se entiende la gravedad: no es sólo manipulación de opinión; es desplazamiento del foro decisorio.

El impuesto a la verdad y el quiebre del derecho

El costo económico es inmediato. La desinformación opera como un impuesto a la eficiencia: encarece la verificación y abarata la acusación. Quien intenta sostener la verdad paga una prima —tiempo, recursos, reputación—; quien difunde falsedad cobra una prima de velocidad. Con IA, el sabotaje reputacional se vuelve quirúrgico: no hace falta destruir una organización; basta con quebrar una relación clave.

Pero el daño más profundo es jurídico. El Estado de Derecho presupone un terreno común de hechos, pruebas, causalidades e imputaciones. Si la evidencia audiovisual pierde su presunción social de autenticidad, el juicio corre el riesgo de degradarse en teatro. La justicia migra del expediente al impacto. La prueba deja de ordenar el conflicto y pasa a alimentarlo.

Durante décadas, una fotografía, un audio o un video operaron como evidencia espontánea: no infalible, pero socialmente privilegiada. Ese privilegio está muriendo. Y cuando muere, la realidad exige algo que antes no exigía: procedencia. Ya no basta mostrar; hay que poder responder de dónde viene, qué le ocurrió y quién responde por su integridad.

Infraestructura como autodefensa institucional

Por eso, el mundo institucional se está moviendo. No por entusiasmo tecnológico, sino por supervivencia. Es el mismo movimiento que produjo la contabilidad moderna, las auditorías externas y la cadena de custodia penal. Cuando el entorno se vuelve falsificable, la confianza deja de ser virtud privada y se convierte en procedimiento público.

Aparecen así marcos de diligencia debida: estructuras para demostrar que el uso de IA no es una caja negra irresponsable. Si una organización emplea sistemas capaces de afectar decisiones, reputación o derechos, deberá poder exhibir control, trazabilidad y responsabilidad. No es certificación moral; es estándar de cuidado.

Surge también la exigencia de procedencia en ámbitos críticos: algo análogo a una cadena de custodia digital para contenidos sensibles. No para declarar falso todo lo no trazado, sino para que, donde el riesgo es alto, exista una vía técnica para reconstruir autenticidad sin depender del termómetro emocional.

Y se desarrollan capacidades forenses: detección, caracterización y respuesta. No para alcanzar infalibilidad, sino para no quedar inerme ante la normalización del montaje.

Nada de esto es moda. Es señal de gravedad sistémica.

México y América Latina: la duda como forma de gobierno

Este fenómeno no impacta igual en todas partes. En entornos de alta confianza institucional, la desinformación erosiona. En entornos frágiles, gobierna.

En México, la asimetría es particularmente peligrosa. Aquí el rumor no sólo confunde: disciplina. Puede inducir pánico local, desacreditar árbitros, simular pruebas, neutralizar coordinación cívica. En contextos de violencia, la desinformación se vuelve logística: decide conductas sin necesidad de mando formal. La duda se convierte en forma de gobierno por parálisis.

Cuando los ciudadanos no pueden distinguir entre amenaza real y fabricada, la capacidad de respuesta del Estado y de la sociedad civil queda neutralizada.

El autogobierno de lo real

La respuesta sensata no es moralina ni censura. La censura sustituye la verdad por decreto y consolida la sospecha. La respuesta es disciplina: infraestructura verificable, responsabilidad organizada, trazabilidad cuando el riesgo lo exige y una pedagogía pública del juicio.

Porque la técnica puede ayudar a reconstruir rastros, pero no puede devolver por sí sola la facultad de discernir.

Al final, inevitablemente, volvemos a la realidad. No como consigna, sino como condición de libertad. La realidad es lo que resiste a nuestra voluntad; por eso puede obligarnos y por eso hace posible el derecho. Sin un mundo común de hechos, el lenguaje deja de referir y se vuelve instrumento; la deliberación se degrada en choque de climas; el procedimiento jurídico conserva formas, pero pierde verdad que ordenar.

Y cuando se han agotado los diagnósticos técnicos y las arquitecturas defensivas, la cuestión vuelve a su definición más antigua y más exigente. Aristóteles llamó verdad a decir de lo que es que es, y de lo que no es que no es. No como fórmula retórica, sino como acto del entendimiento que se adecua a lo real: una conformidad humilde y resistente entre la inteligencia y la cosa. Esa adecuación —no fabricable— es lo que hoy está en disputa. Porque cuando el entendimiento deja de ordenarse a lo que es y empieza a ordenarse a lo que aparece, la verdad deja de ser medida y se convierte en efecto. Y sin verdad como medida, ni la ley puede obligar con justicia, ni la libertad puede ejercerse sin manipulación, ni la política puede aspirar al bien común. Defender la realidad, en este sentido clásico y austero, no es nostalgia filosófica: es la condición mínima para que el hombre siga siendo autor de sus actos y no simple objeto de conducción.