El objetivo no es integrar personas en comunidades vivas, históricas y densas, sino producir un tipo humano intercambiable, sin raíces, sin deberes históricos, apto para ser gestionado por la tecnocracia

El 12 de junio de 2026 entrará plenamente en vigor el llamado Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. El dato ha sido presentado como un hito técnico, como la culminación de un largo proceso de armonización normativa destinado a “gestionar” de manera eficaz un fenómeno descrito como complejo e inevitable. Pero ese lenguaje, cuidadosamente aséptico, deliberadamente neutro, encubre lo esencial. No estamos ante una simple reforma administrativa ni ante una respuesta pragmática a una coyuntura transitoria. Estamos ante un acto constitutivo: la cristalización jurídica de un proyecto político que, desde hace décadas, avanza con constancia silenciosa. Un proyecto cuyo objetivo no es ordenar la migración, sino reconfigurar Europa mediante la disolución jurídica de las patrias históricas.

Resulta profundamente equívoco interpretar el Pacto como el síntoma de una soberanía europea debilitada, fragmentada o exhausta. La soberanía moderna, lejos de hallarse en estado de impotencia, se manifiesta aquí en su forma más vigilante y coherente. No ha perdido el control: lo ha redefinido. No ha abdicado de su poder: lo ejerce con una lógica interna perfectamente reconocible. La soberanía que actúa a través del Pacto no está ordenada al bien común de los pueblos concretos, sino a la construcción deliberada de una sociedad abierta, líquida, desarraigada, gobernable mediante procedimientos impersonales y compatible con un orden económico y burocrático sin raíces. El Pacto no representa el fracaso de la soberanía moderna; constituye, por el contrario, su triunfo como instrumento de disolución política.

La clave de esta mutación se encuentra en la antropología que el derecho europeo presupone y consagra. La migración no es tratada como un acto humano concreto —el desplazamiento de personas reales que aspiran a incorporarse a una comunidad política determinada, aceptando su orden, su ritmo y sus límites—, sino como un fenómeno abstracto, mecánico, comparable al comportamiento de un fluido que debe ser canalizado, redistribuido o desviado. La persona desaparece como sujeto moral y político para reaparecer como vector de movimiento. El derecho deja de dirigirse a hombres situados en relaciones de justicia y pasa a operar sobre flujos que deben ser procesados. Este desplazamiento no es meramente técnico: es gnóstico. La realidad no se reconoce; se reconstruye. La naturaleza no se ordena; se niega. Y precisamente por eso, el Pacto ofrece una de sus señales más reveladoras allí donde el nominalismo jurídico se atreve a formularse como regla: en el punto en que, por virtud de una ficción procesal, se declara que el migrante, aunque se halle físicamente en suelo europeo, “legalmente” no ha entrado. La negación de la realidad territorial no aparece aquí como abuso excepcional, sino como método: se prefiere el limbo de la no-entrada, la suspensión nominal de la presencia humana, antes que reconocer la evidencia elemental de que el hombre está donde está y, por estar, se coloca ya bajo un orden concreto. El derecho, en lugar de nombrar la realidad para ordenarla, la rebautiza para administrarla.

En este marco conceptual, el migrante no es solo un beneficiario pasivo del sistema, sino un instrumento funcional del mismo. Al convertir el movimiento en un derecho procedimental absoluto, el Pacto niega implícitamente el derecho natural de las comunidades a su propia autopreservación. La pertenencia deja de ser una realidad moral y política para convertirse en un efecto administrativo. El objetivo no es integrar personas en comunidades vivas, históricas y densas, sino producir un tipo humano intercambiable, sin raíces, sin deberes históricos, apto para ser gestionado por la tecnocracia. El “hombre nuevo” de las ideologías del siglo XX reaparece aquí bajo una forma higienizada: la del expediente digital, despojado de memoria, de misión y de arraigo. No es casual, en este mismo espíritu, que el sistema tienda a sustituir la prudencia por la secuencia y el juicio por el cronómetro: los procedimientos de frontera, comprimidos en plazos perentorios, fuerzan una justicia estadística, una decisión por tasas y por tiempos, donde la verdad del caso concreto corre el riesgo de ser desplazada por la necesidad de cumplir calendarios. La autoridad ya no mira; procesa. Ya no discierne; despacha. Se instala así una línea de montaje jurídica: el expediente se vuelve la unidad real del derecho, y la rapidez —no la justicia— el signo de buen funcionamiento.

El lenguaje legitimador de este proceso es el de los llamados “derechos humanos”. No entendidos como expresión de la dignidad objetiva de la persona inserta en un orden natural, sino como religión política secularizada, radicalmente desvinculada de los deberes naturales y del bien común. En nombre de una humanidad abstracta se priva a los pueblos concretos del derecho a juzgar qué es bueno para su propia casa. La elevación de la migración al plano supranacional y judicial no protege verdaderamente al débil: blinda a la oligarquía gobernante frente a la resistencia de los pueblos. El llamado “gobierno de los jueces” no es una anomalía del sistema; es su dispositivo de seguridad. Allí donde la deliberación política podría reaparecer, decide el tribunal; allí donde la comunidad podría decir “no”, se impone el estándar.

Se comprende así que el Pacto no persiga la paz civil entendida en su sentido clásico —la tranquillitas ordinis, la armonía fundada en un orden justo—, sino otra cosa muy distinta: una pax administrativa. No interesa que los pueblos vivan en concordia real, sino que no existan fricciones capaces de interrumpir el mercado, la movilidad o la maquinaria burocrática. El conflicto no se resuelve; se administra. La tensión no se cura; se gestiona. El resultado no es la paz, sino un estado de enfrentamiento larvado, permanente, contenido por policías, jueces, protocolos y dispositivos de contención. Y esta pax no se sostiene por virtud común, sino por engranajes de gobernanza que, cuando la presión crece, se reservan el recurso más característico de los regímenes postpolíticos: la excepción. No como remedio extraordinario, sino como forma prevista de operación. Allí donde se invoca “crisis”, “fuerza mayor” o “instrumentalización”, se abre la posibilidad de suspender el curso ordinario, de alterar garantías y de sostener la maquinaria mediante la suspensión temporal de sus propios principios. La excepción, normalizada, deja de proteger el orden; protege el dispositivo.

La comunidad política, bajo esta lógica, deja de ser comprendida como una unidad moral ordenada a un fin común. Se la redefine como un espacio de coexistencia regulada por valores subjetivos, móviles y discutibles. Pero las comunidades no se sostienen por valores proclamados, sino por virtudes compartidas y deberes asumidos. La solidaridad no nace de cuotas ni de mecanismos obligatorios; brota del reconocimiento de un destino común. Convertida en imposición técnica, la solidaridad degenera en tiranía burocrática y produce resentimiento allí donde debería generar lealtad. Más aún: se introduce la tentación, fría y reveladora, de sustituir el vínculo por la tarifa. Cuando el deber común puede convertirse en contribución pecuniaria, cuando la acogida puede eludirse mediante pagos, la solidaridad deja de ser virtud política y se vuelve transacción. La comunidad se expresa entonces como contabilidad: un balance de cargas, un precio por persona, una monetización del deber. Y nada delata mejor el espíritu de una época que el momento en que el vínculo se mide en cifras.

Aquí se revela la quiebra más profunda del derecho europeo contemporáneo: el abandono del primado del deber. El Pacto es una arquitectura de derechos sin servicios, de títulos sin funciones, de exigencias sin misión. La pertenencia a una nación ya no se concibe como participación en una tarea histórica compartida, sino como acceso a un catálogo de prestaciones. Al reconocer derechos políticos y sociales a quienes no comparten ni la tradición ni la misión de la comunidad, se destruye la base misma de la sociedad, que no es la libertad individual aislada, sino la función que cada cual cumple en el cuerpo vivo de la patria. Sin deber, el derecho se vuelve corrosivo; sin misión, la comunidad se disuelve.

Lo que el tecnócrata denomina “gestión de flujos”, el hombre de tradición lo reconoce con mayor lucidez como profanación del hogar. La patria no es un territorio neutral ni una plataforma logística. Es la tierra de los padres, el ámbito donde rigen leyes no escritas, donde la continuidad histórica engendra vínculos de honor, piedad y lealtad. Al privar a las naciones del derecho a decir “esto es mi casa”, el Pacto transforma a Europa en un espacio de tránsito, en una estructura de cemento y reglamentos desprovista de espíritu. La masa desarraigada que emerge de este proceso no es integrada: es ordenada externamente, sin alma común ni memoria compartida. Y el desplazamiento de la decisión hacia órganos técnicos de supervisión y activación —lejos de las patrias históricas y de toda responsabilidad ante un pueblo real— confirma la sustitución de la política por la gobernanza: el cumplimiento de estándares reemplaza al gobierno, y la oligarquía técnica ocupa el lugar de la autoridad.

Por todo ello, el 12 de junio de 2026 no debe leerse como una fecha administrativa más. Es una fecha simbólica y reveladora. Marca el momento en que Europa consagra jurídicamente su renuncia a la política entendida como arte de ordenar comunidades vivas al bien común, sustituyéndola por la gobernanza: ejercicio del poder sin responsabilidad ante un pueblo real. No es que falten normas; sobran. No es que falte poder; se ejerce con rigor. Lo que falta es la verdad del hombre y de la sociedad.

Europa no está perdiendo el control de la migración. Está ejecutando, con precisión normativa, un proyecto de desnaturalización. Mientras no recupere el sentido del deber, del hogar y del orden natural de las comunidades, cada nuevo dispositivo será un paso más en la confirmación de un derecho sin naturaleza, de una soberanía sin patria y de una civilización administrada hasta su extinción.