El mensaje final de la cumbre de Davos

Davos 2026 dejó de ser, por un instante, un espejo de vanidades para recuperar su función más antigua: registrar un desplazamiento real del mundo. Allí se dijo —con una sobriedad que ya no pretende persuadir, sino dejar constancia— que el orden internacional no atraviesa un ajuste, sino una ruptura. Y esa ruptura no consiste en el fin del comercio ni en la desaparición de los tratados. Consiste en algo más grave: el comercio ha dejado de ser un espacio sostenido por la expectativa de reciprocidad para convertirse en una técnica de poder. Se sigue comprando y vendiendo, sí; lo que ha cambiado es la naturaleza del acto: ya no se presume que el intercambio funda un orden, sino que el orden administra el intercambio.

A este fenómeno conviene darle un nombre exacto, porque lo que no se nombra se confunde, y lo que se confunde se padece: unilateralismo comercial condicional. No es el viejo proteccionismo que cerraba puertas con el gesto visible del arancel; tampoco es el multilateralismo que fingía reglas neutrales para todos. Es otra cosa, más eficaz: mantener el intercambio, pero convertir la continuidad en privilegio revocable. No se prohíbe; se clasifica. No se excluye; se encarece. No se rompe el vínculo; se lo vuelve dependiente de una validación constante.

Este unilateralismo no es un accidente del mercado ni una anomalía ideológica. Es la expresión coherente de una soberanía que no reconoce ley superior a su propia voluntad. Allí donde no existe un orden jurídico sustantivo por encima del poder, la norma deja de ser medida de justicia y se convierte en instrumento. El llamado derecho internacional se revela entonces, con frecuencia, menos como derecho en sentido pleno y más como política de fuerza estabilizada por procedimientos. Funciona mientras conviene; se suspende cuando estorba. La justicia conmutativa —dar a cada quien lo suyo— cede su lugar a la administración de conveniencia.

En este escenario emerge el imperio de la vigilancia técnica. En él, la culpa ya no es jurídica ni moral: es funcional. No se castiga al infractor, sino al disfuncional. El sistema no persigue únicamente conductas prohibidas; clasifica riesgos, filtra aptitudes, tolera lo tolerable y estrangula lo inconveniente. La frontera ya no se defiende con muros, sino con estándares, listas, auditorías, certificaciones, verificaciones interminables y excepciones por seguridad. El poder contemporáneo ha aprendido que no necesita el martillo; le basta con la compuerta. El arancel total provoca reacción; la verificación técnica produce obediencia. La sanción rara vez se anuncia: se disfraza de demora, de “revisión pendiente”, de requisito adicional, de cumplimiento incompleto. El castigo no es espectacular; es fatigante. Y esa fatiga, acumulada, disciplina más que cualquier decreto.

La retirada estadounidense de estructuras multilaterales debe leerse como parte de esta misma lógica: desinvertir donde el mando se diluye y reinvertir donde la palanca es directa. Se abandona aquello que exige consenso y distribuye responsabilidad; se refuerza aquello que permite control inmediato. Lo multilateral deja de ser útil cuando limita la prerrogativa; lo bilateral y lo regional se vuelven preferentes cuando transforman el acceso en palanca. La ficción de una “comunidad internacional” cede ante una realidad más antigua: cuando el poder puede, decide.

En este régimen, Canadá suele presentarse como caso de estabilidad. Conviene matizar. Canadá no está fuera del sistema condicional; está dentro con mejores credenciales. Su estabilidad no es inmunidad, sino capacidad de administrar su vulnerabilidad. La sola amenaza de medidas totales ante una hipótesis de desalineamiento cumple una función disciplinaria suficiente: recuerda que la continuidad se compra con compatibilidad. La respuesta canadiense —reafirmar compromisos, cerrar anticipadamente puertas consideradas riesgosas— no es retórica: es cálculo. Es la conducta de quien entiende que el poder no se moraliza; se gestiona.

México enfrenta una situación distinta y más grave. Aquí la condicionalidad no se limita a reglas de origen o capítulos laborales. Se desplaza al terreno donde el poder actúa sin paciencia: la seguridad. El componente narcopolítico no es una variable más; es un multiplicador sistémico. Cuando un país comienza a ser leído no solo como socio económico problemático, sino como potencial amenaza, el comercio deja de discutirse en términos de eficiencia y se traslada al lenguaje de la seguridad nacional. Y ese lenguaje habilita un derecho de policía internacional: un conjunto de prácticas que no negocian, sino clasifican; que no persuaden, sino autorizan o excluyen.

En este contexto, ciertos hechos deben leerse con frialdad. La cooperación en materia de seguridad, cuando se vuelve moneda explícita de relación, deja de ser rutina y se convierte en prueba permanente. Lo que “sale a la luz” —investigaciones, expedientes, trazabilidades, filtraciones— no permanece en el plano del escándalo político: activa mecanismos automáticos. Bancos recalibran riesgos; aseguradoras elevan primas; corporaciones introducen cláusulas de salida; cadenas de suministro incorporan fricciones selectivas. El castigo no llega como sanción formal, sino como re-etiquetado. Y cuando un país es re-etiquetado, la prima de riesgo no sube lentamente: salta.

Este desplazamiento coincide con el agotamiento del modelo económico que sostuvo a México durante décadas. El ensamblaje basado en mano de obra relativamente barata y logística continental descansaba en tres supuestos: continuidad normativa, ventaja de costos y neutralidad geopolítica de las cadenas. Hoy, el origen vuelve a ser criterio estratégico; la continuidad se erosiona bajo la lógica de revisiones constantes; la ventaja salarial se vuelve insuficiente sin productividad y tecnología. Y, por encima de todo, la credibilidad de la jurisdicción se convierte en infraestructura económica: cuando el derecho se percibe frágil, el costo de capital devora cualquier ventaja logística.

Aquí emerge el dato político central: México no enfrenta una pérdida repentina de soberanía, sino la culminación de una subordinación estructural. La constitución escrita subsiste, pero la constitución material —la que decide qué es viable— se valida fuera. El Estado no desaparece; funciona por permiso. El tratado deja de sentirse como pacto entre iguales y opera como normativa de administración: permite el flujo mientras no se altere la arquitectura política del centro. México descubrió tarde que la modernidad adquirida a crédito jurídico no genera ciudadanía productiva, sino administrabilidad. La soberanía formal permanece; la soberanía efectiva se negocia diariamente, muchas veces sin mesa visible.

La palabra “confianza” domina este sistema. Conviene desenmascararla. No es una virtud moral; es una creencia funcional en la estabilidad del orden técnico. Se exige confianza como se exige compatibilidad: como condición de acceso. Y cuando una sociedad abdica de su orden interno —jurídico, social, moral— queda inevitablemente a merced de arquitecturas externas que no buscan justicia sustantiva, sino eficiencia, control y previsibilidad para el capital. La vulnerabilidad de una nación no reside solo en sus aranceles o balanzas, sino en la erosión de aquello que la hace comunidad política real.

A esta presión se suma el factor tecnológico, hoy decisivo. Microchips, datos, inteligencia artificial e infraestructura digital han convertido la integración en arquitectura de dependencia. El comercio seguro se extiende a estándares, nubes, proveedores “aptos”, trazabilidades invisibles. No se decide quién tiene razón; se decide quién es funcional. La integración se vuelve policía de la civilización tecnológica: clasifica a los participantes según su utilidad y su riesgo. En este mundo, quien controla los nodos controla las alternativas.

Todo lo anterior podría conducir al fatalismo. Sería un error. Incluso dentro de este régimen de autorización externa subsiste un margen que no depende del consentimiento del centro. La condicionalidad avanza donde el Estado se vuelve abstracto y la sociedad se desarticula; retrocede donde el orden cotidiano es real. Allí donde la seguridad mínima se ejerce en el territorio, donde la producción es cercana y trazable, donde el cumplimiento contractual es hábito, donde la justicia práctica resuelve conflictos antes de convertirse en litigio interminable, el poder externo pierde palancas. No porque desaparezca, sino porque encuentra menos vacío que ocupar. Esa es la función política decisiva de la subsidiariedad: no como ideal decorativo, sino como restauración de capacidades reales en los cuerpos intermedios para que la nación vuelva a negociar con sustancia, no con discursos.

La calificación final no puede hacerse desde indicadores estrechos. Debe hacerse desde el bien común político. Y el bien común político no es el crecimiento del PIB ni la confianza de los mercados, sino el conjunto de condiciones que permite a una comunidad vivir conforme a la justicia, realizar sus fines propios y gobernarse realmente. Una nación puede ganar transacciones y perder gobierno; puede ganar flujos y perder forma; puede ganar exportaciones y perder autoridad.

Por eso el cierre no es retórico, sino conclusivo. La frase escuchada en Davos condensa el orden entero con precisión implacable: “If you’re not at the table, you’re on the menu.” En el régimen del unilateralismo comercial condicional no hay tercera posición. O se reconstruye la comunidad política capaz de ordenar su vida —institución, jurisdicción, producción, seguridad, disciplina social— o se acepta la reducción a unidad administrada por una arquitectura exterior que solo reconoce eficiencia, control y conveniencia.

Mesa o menú.