A esa deformación jurídica corresponde también una deformación política. Europa ha vivido durante años bajo lo que cabe llamar un Estado de Permiso

¿Qué tiene que ocurrir para que un continente deje de hablar de acogida y empiece a hablar de retorno? ¿Qué clase de fracaso obliga a un poder político a abandonar el tono pedagógico y a refugiarse en el lenguaje seco de la expulsión, la inadmisión y el tercer país seguro? ¿Y qué revela de Europa el hecho de que, después de años de presentarse como espacio de apertura, hoy se vea obligada a reforzar la coerción para contener lo que antes afirmaba poder ordenar?

El hecho es inequívoco. El 26 de marzo de 2026 el Parlamento Europeo aprobó, por 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, abrir negociaciones sobre un nuevo marco común de retornos para extranjeros sin derecho a permanecer en la Unión. La orientación aprobada respalda un régimen más severo, con instrumentos como los llamados centros de retorno fuera del territorio europeo y un endurecimiento general de la ejecución de las expulsiones. Los datos del escrutinio parlamentario son, en este sentido, incontestables.

Pero la noticia no se agota en el hecho. Su sentido aparece cuando se atiende a la justificación oficial del viraje. La propia Comisión Europea ha reconocido que las tasas de retorno en la Unión se sitúan en torno al 20%. Esa cifra no describe un simple desajuste de gestión. Describe una impotencia. Un poder que resuelve mucho más de lo que puede ejecutar ha dejado de ser plenamente potestad para convertirse, en lo esencial, en una administración que registra, tramita y promete, pero ya no manda con eficacia allí donde está en juego la continuidad de la comunidad política. La nueva ley no inaugura esa impotencia. La confiesa.

Aquí radica el núcleo del conflicto jurídico-político. No estamos ante la corrección de un mecanismo torpe, sino ante el reconocimiento tardío de que la legalidad positiva se había separado de la legitimidad. La política migratoria europea fue construida como si la ley pudiera limitarse a gestionar individuos abstractos, desgajados de vínculos naturales, culturales e históricos. Pero la ley no existe para administrar átomos humanos intercambiables. Existe para custodiar el bien común de una sociedad concreta, su paz, su continuidad y su unidad de orden. Cuando olvida esa finalidad, la norma no se vuelve más neutral: se vuelve más irreal.

Por eso el fracaso no debe medirse primero con el lenguaje tecnocrático de la eficiencia. La ineficacia vino después. Lo primero fue el error de principio: creer que la comunidad política era un espacio vacío, disponible para cualquier flujo, y que bastaría con reglamentos, oficinas y procedimientos para integrar lo que ya no se quería asimilar. El resultado no podía ser otro: la realidad, tarde o temprano, desmintió a la abstracción.

A esa deformación jurídica corresponde también una deformación política. Europa ha vivido durante años bajo lo que cabe llamar un Estado de Permiso. No un Estado ausente, sino un Estado que ha dejado de gobernar en orden al bien y se ha habituado a permitir, tolerar, amortiguar y administrar. No ha querido decir con claridad qué debe ser protegido, qué puede ser acogido, qué debe ser asimilado y qué no puede ser admitido. Ha reemplazado el gobierno por la gestión, la autoridad por el procedimiento y la prudencia por una mezcla de filantropía abstracta y cálculo burocrático.

Por eso el giro actual no debe confundirse con una restauración. Europa ha pasado del permiso a la reacción, pero sigue sin recobrar la forma clásica del gobierno. Antes permitió sin ordenar; ahora corrige sin restaurar. Antes neutralizó el problema bajo lenguaje moral; hoy intenta contenerlo bajo lenguaje policial. En ambos casos persiste la misma carencia: la ausencia de una autoridad que sepa mandar en nombre de una verdad compartida sobre la vida buena de la comunidad.

Los instrumentos nuevos delatan esa fatiga. Los centros de retorno fuera del territorio europeo no expresan serenidad política, sino cansancio institucional. Externalizar una parte del problema significa reconocer que el espacio europeo ya no se percibe capaz de cerrarlo todo dentro de sí. Lo mismo ocurre con la insistencia en construir un sistema “más eficiente” y “más robusto”: nadie promete robustez cuando viene de una etapa sólida; la promete cuando sabe que lo anterior era endeble. Y la inserción de este viraje dentro del Pacto sobre Migración y Asilo, cuya aplicación está prevista para el 12 de junio de 2026, confirma que no se trata de un ajuste parcial, sino de una reconstrucción defensiva de la arquitectura entera.

Sin embargo, el problema no es sólo normativo. Es civilizatorio. La gran ceguera europea consistió en tratar como una cuestión de gestión lo que era, desde el principio, una cuestión de unidad de orden. Una sociedad no integra personas como quien distribuye piezas en un mecanismo. Una sociedad viva asimila: incorpora a una tradición, a una memoria, a una jerarquía de bienes, a una forma común de entender la ley, la familia, la educación y la autoridad. Cuando esa forma se debilita, la llamada integración deja de ser incorporación y se vuelve simple yuxtaposición. Aparecen entonces barrios paralelos, lealtades divergentes, escuelas partidas, guetos culturales y una creciente incapacidad del poder para producir verdadera concordia.

Éste es uno de los puntos donde el lenguaje moderno resulta más engañoso. La palabra “integración” sugiere un mecanismo neutro y suficiente. Pero una comunidad política no es una estructura neutra. Es una sociedad orgánica, compuesta por vínculos naturales, cuerpos intermedios, hábitos heredados y formas históricas de convivencia. La migración tratada como flujo de individuos abstractos es la culminación de un nominalismo jurídico que ya no ve personas encarnadas en familias, municipios, oficios y patrias, sino unidades intercambiables de presencia. Por eso sus efectos no se limitan a tensionar servicios públicos; erosionan también la textura misma de la vida común.

Tampoco basta explicarlo todo por ingenuidad. Lo que se advierte es un patrón político bastante reconocible. Primero, la moralización del debate: toda reserva se presenta como dureza o fobia. Después, la funcionalización económica: la migración se ofrece como respuesta a déficits de mano de obra y a la crisis demográfica, algo que la propia documentación europea y organismos internacionales han subrayado repetidamente. Luego viene la homogeneización ideológica: se igualan flujos profundamente distintos en cultura, religión, hábitos y compatibilidad con la sociedad receptora. Finalmente, cuando el malestar político se vuelve demasiado visible, aparece la corrección técnica. Francia endurece. Bruselas endurece. España matiza, regulariza y canaliza, pero dentro de la misma presión estructural. No se trata de un retorno a las raíces, sino de una reacción defensiva del liberalismo para sobrevivir a sus propias consecuencias.

Aquí conviene nombrar otra sustitución decisiva: la de la caridad por el humanitarismo. La caridad es amor ordenado; presupone verdad, jerarquía y responsabilidad. El humanitarismo, en cambio, suele convertirse en una filantropía abstracta que no exige costo real a quienes la proclaman y que descarga sobre la sociedad concreta las consecuencias de sus propias fórmulas sentimentales. De ahí la perversión de la acogida convertida en dogma. Una política que compromete la paz de la propia casa en nombre de una hospitalidad desordenada no practica una virtud más alta; abdica del primer deber de la autoridad, que es custodiar el bien común de la polis.

La neutralidad liberal agrava todavía más esta crisis. Se presentó como un terreno pacificador. En realidad, ha operado muchas veces como un mecanismo de vaciamiento. Una Europa que se declara neutral respecto de su propia tradición no se vuelve universal; se vuelve disponible. Al renunciar a afirmar la herencia cristiana, jurídica y cultural que la constituyó, no crea un espacio puro de convivencia, sino un vacío administrativo incapaz de asimilar identidades que no son neutrales ni pretenden serlo. El problema no es sólo que lleguen otros; es que llegan a una Europa que ha dejado de saber con suficiente firmeza qué es ella misma. La nada no integra. El vacío no ordena.

Por eso el elemento religioso no puede ser expulsado del análisis. No toda migración presenta la misma dificultad. No es lo mismo una proximidad lingüística y religiosa que una distancia mayor en materias decisivas: autoridad, familia, ley civil, espacio público, relación entre convicción religiosa y vida común. Decir esto no es odiar al otro; es negarse a mentir sobre la realidad. Sin asimilación suficiente, no hay convivencia orgánica, sino yuxtaposición de mundos paralelos.

UN ESTADO FUERTE EN LO ACCIDENTAL, DÉBIL EN LO ESENCIAL

La cifra del 20% no es sólo la medida de un mal rendimiento administrativo. Es el signo de una disolución de la soberanía. El Estado moderno europeo se muestra totalitario en lo accesorio —impuestos, regulaciones minuciosas, interferencia en la vida cotidiana y una hiperregulación tecnocrática que multiplica normas sobre aspectos secundarios de la vida social— e impotente en lo esencial: fronteras, continuidad histórica, defensa de la estirpe cultural. Ésa es una de las contradicciones más severas del momento europeo: un poder exhaustivo para reglamentar lo menor y una impotencia creciente para ejecutar aquello que compromete su propia forma. Ha dejado de ser una verdadera potestad para convertirse en una agencia compleja de servicios y controles parciales. Regula mucho, pero ya no sabe gobernar lo decisivo.

También aquí conviene una precisión final. Europa no es un “club de valores”, ni una suma de preferencias normativas sostenidas por un parlamento. Europa es una herencia: una continuidad histórica, religiosa, jurídica y cultural. Cuando pierde conciencia de esa continuidad, deja de saber qué protege. Y cuando ya no sabe qué protege, convierte la política de fronteras en un puro reflejo defensivo. No se trata de xenofobia; se trata de autoprotección de una forma histórica de vida. Una comunidad sólo puede acoger sin deshacerse si sabe primero, con claridad, qué es lo que no puede dejar de transmitir.

Ésa es la cuestión que la nueva ley no resuelve. Puede blindar retornos, reforzar procedimientos, externalizar salidas. Pero no puede devolver por sí sola a Europa la conciencia de su destino.

La nueva ley acusa, por tanto, dos fracasos. Uno es operativo: el sistema anterior no respondía como se prometía. El otro es mucho más hondo: ha fracasado una idea de Europa que creyó posible sustituir el gobierno por la gestión, la asimilación por la integración mecánica, la comunidad por la neutralidad y el bien común por una moral abstracta de derechos sin patria. La nueva dureza no nace de una voluntad de restaurar una civilización consciente de sí; nace del miedo electoral, del cansancio social y del instinto de conservación de unas instituciones que perciben, al fin, que el problema ya no podía seguir siendo negado.

Ésa es la última verdad del episodio. Europa no ha endurecido una ley para salvar serenamente su civilización. Ha improvisado una defensa para contener las consecuencias de haber dejado de creer en ella. Porque una frontera sólo tiene sentido cuando resguarda una comunidad viva, consciente de su origen, de su forma y de su destino. Sin esa conciencia, cualquier muro exterior será siempre insuficiente, porque la ruina principal no está fuera: está en el nihilismo de unas leyes que han dejado de reconocer qué clase de realidad deben proteger.

Europa, en suma, ha aprendido a expulsar mejor.
Pero sigue sin saber del todo por qué debería querer conservar lo que todavía queda dentro.