El 68: la otra historia. (4)

El presidente López Obrador y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, premian con la impunidad a los vándalos políticos y terroristas porque aplican el plan anarquista del movimiento del 68. No pudieron con Díaz Ordaz; pero hoy, después de 51 años, tienen el poder en sus manos

Por Jorge Santa Cruz (*)

El 1 de septiembre de 1968, el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, previo las traiciones que se cometerían a la Patria medio siglo después.

Al rendir su cuarto informe de gobierno —atrapado por la espiral de violencia política disfrazada de movimiento estudiantil—, el poblano señaló puntualmente el riesgo de que la agitación tenía como modelo la que sacudía a diversos países:

«De algún tiempo a la fecha, en nuestros principales centros de estudio, se empezó a reiterar insistentemente la calca de los lemas usados en otros países, las mismas pancartas, idénticas leyendas, unas veces en una simple traducción literal, otras en burda parodia. El ansia de imitación se apoderaba de centenares de jóvenes de manera servil y arrastraba a algunos adultos».

¿Qué perseguía esta «imitación servil»? Impedir la realización de los Juegos Olímpicos para desprestigiar a México y provocar un cambio de régimen.

Díaz Ordaz estaba consciente de eso. Hablando en primera persona, apuntó:

«Es penoso pero conveniente, aclarar que los Juegos no son una oportunidad de lucimiento personal, ni en el orden interno ni en el exterior; dentro de México sabemos que el esfuerzo es de todos y si logramos éxito, el éxito será también de todos; en el exterior nuestros nombres nada significan. El daño, en consecuencia, no será para las personas y aun en caso de que lo fuera, no tendría importancia. Lo que cuenta es México».

El mandatario mexicano tenía razón. Los nombres que pesaban en el mundo eran los de Lyndon Baines Johnson, presidente de los Estados Unidos que llegó al poder luego del sospechoso asesinato del presidente John F. Kennedy; el de Fidel Castro Ruz, mandamás de la revolución comunista cubana; el de Mao Tsé-tung, dictador comunista chino y el de Leonid Brezhnev, dictador comunista soviético.

En cambio, el general Charles de Gaulle —incondicional de los aliados en Francia, cuando la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial— veía cómo iniciaba su declive en la escena internacional. Otro, con menos suerte, el argentino Ernesto Che Guevara, fue asesinado por fuerzas bolivianas en octubre de 1967.

Díaz Ordaz sufrió el escarnio cuando inauguró los Juegos Olímpicos en 1968 y, después, cuando puso en marcha el Campeonato Mundial de Futbol, en 1970. Para él no hubo lucimiento personal.

Su visión de futuro, sin embargo, fue más allá, cuando aquel 1 de septiembre de 1968 dibujó las consecuencias que tendría para México la eventual derogación del delito de disolución social que contemplaban los artículos 145 y 145 Bis del Código Penal, mismos que especificaban con claridad cuáles eran los delitos de carácter político.

En ese contexto, Díaz Ordaz hizo un recuento de los hechos de violencia política cometidos en el país hasta ese 1 de septiembre de 1968. Sin que pudiera ser desmentido, acusó a los subversivos de valerse, incluso, de menores de edad:

«Son del dominio público la sistemática provocación, las reiteradas incitaciones a la violencia, la violencia misma en distintas formas, el tratar de involucrar a grupos estudiantiles —en ocasiones hasta a niños de escuela primaria—. en resumen, los evidentes y reiterados propósitos de crear un clima de intranquilidad social, propicio para disturbios callejeros o para acciones de mayor envergadura, de las más encontradas tendencias políticas e ideológicas y de los más variados intereses, en curiosa coincidencia o despreocupado contubernio.

»Las mismas disímiles fuerzas del interior y exterior que han seguido confluyendo para tratar de agravar el conflicto, de extenderlo, complicando a otros grupos, y estorbar su solución».

La relación de hechos de Díaz Ordaz

El presidente Díaz Ordaz dijo de cara a la Nación que el pleito entre porros (golpeadores profesionales disfrazados de estudiantes) de las vocacionales 2 y 5 del Politécnico contra alumnos de la escuela preparatoria particular Isaac Ochoterena, ocurrido el 23 de julio de 1968, había sido precedido por una larga serie de incidentes:

«El incidente, en apariencia minúsculo, que señala como origen del problema, no fue el primero de su género, sino culminación de una larga serie de hechos violentos, de atentados a la libertad y a los derechos de muchas personas.

»En efecto, se cuentan por centenares los casos, en toda la extensión de la República, en que estudiantes o seudo estudiantes, se posesionan violentamente de sus escuelas, presionan a sus rectores, directores o maestros, llegando incluso al secuestro, bloquean calles, se apoderan de camiones, destruyen, atacan a otros estudiantes o a personas totalmente ajenas, etcétera».

Díaz Ordaz no podía referirse, en ese momento, a los «normalistas» de Tenería, Estado de México, que secuestraron a 92 operadores de autobuses foráneos ¡con todo y sus unidades!

Estos terroristas y vándalos, presuntos responsables de disolución social (figura borrada de nuestras leyes luego del movimiento del 68 mexicano) no sólo quedaron en la impunidad, sino que fueron premiados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Gobernación (encargada de la política interior del país) les dio lo siguiente:

• 84 plazas docentes para egresados
• Becas de 3 mil pesos
• Becas de cobertura absoluta para titulación y estudios de posgrado
• Pasto sintético para sus canchas deportivas
• El compromiso del Estado de no sobrevolar sus instalaciones

A la distancia, puede entenderse que la gestión del secretario de Gobernación del gobierno de Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, fue deficiente y hasta traidora porque su agenda apuntaba a circunstancias como ésta.

Pero retomemos la relatoría hecha por el presidente Díaz Ordaz aquel 1 de septiembre de 1968, a un mes y un día de la tragedia del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas:

«Veamos, ahora, aspectos de los que mucho se habla, pero poco se escribe: aquellos que se refieren a las personas que han sufrido daños, a veces graves, ya se trate de acaudalados camioneros o de modestos integrantes del sistema de transporte, cuyo patrimonio es un autobús, o parte de los derechos sobre él; los propietarios de grandes y pequeños comercios que han sido víctimas de destrucción o saqueo; los conductores de camiones repartidores de víveres o refrescos, a los que les han sido arrebatados tales efectos […]».

Díaz Ordaz no hablaba de los disturbios ocurridos en la Ciudad de México en las semanas recientes. Pero lo que dijo aquella vez nos suena dolorosamente familiar y cercano.

Regresemos con quien era el presidente de México y daba su cuarto informe de gobierno el 1 de septiembre de 1968:

«… las fábricas y los locales de organizaciones de obreros y campesinos, atacados con violencia, las casas pintarrajeadas y rotos los vidrios de sus ventanas; la rabia callada de tantos y tantos automovilistas detenidos para pedirles dinero para la «causa» o destrozarles los cristales, las antenas o las llantas; los miles de pasajeros obligados a descender de los vehículos de transportación popular, inclusive el trastorno económico de aquellos para quienes cincuenta centavos significan mucho en el presupuesto semanal […]».

Eso era disolución social. Hoy, lo sigue siendo, aunque haya sido borrada de nuestras leyes. Hoy, es complicidad de las autoridades. Autoridades que emanan de las filas guerrilleras y terroristas. De un sistema que premia con la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República a una promotora de la subversión: Rosario Ibarra de Piedra.

Sigamos con la relación de hechos:

«… el abogado, el médico, el ingeniero, el ama de casa que llegan tarde a los tribunales, al hospital, a la obra, al comercio o al hogar porque se congestiona en una gran área, el ya de por sí difícil tránsito de la ciudad; las penalidades de las personas totalmente ajenas, que fueron tomadas como rehenes; tantos pacíficos transeúntes injuriados, humillados o lesionados, que han tenido que resignarse, ante la fuerza del número o la conveniencia de no comprometer su personal futuro en una riña absurda y vulgar; tantas mujeres soezmente vejadas que, además de sufrir la propia vergüenza, han llenado de indignación a una madre, a un esposo, a un hermano o a un hijo y que pudieron haber sido la esposa, la madre la hermana o la hija de quienquiera de los mexicanos. Agreguemos los más recientes y graves desmanes, la calumnia es grande, los rumores alarmantes para provocar compras de pánico y desquiciar la economía de la ciudad».

Todo lo anterior fue cierto. Nadie lo puede negar. Nadie, que supedite su interés ideológico personal a la ética puede desmentir tales hechos.

«Todo tiene un límite»

Por supuesto que en la argumentación de Díaz Ordaz debía figurar la tragedia ocurrida en su estado natal, Puebla. Leamos:

«Recordemos también estos hechos: en el mes de julio, en la ciudad de Puebla, dos grupos estudiantiles, no por ideales o banderas universitarias, sino por diferencias internas, tienen un encuentro violento, que se prolonga por varias horas, con el resultado de un estudiante muerto y varios heridos por arma de fuego. La policía no interviene. Los estudiantes protestan por la no intervención de la policía y acusan de lenidad al Gobierno. Unos cuantos días después, en el mismo mes de julio, en la ciudad de México, dos grupos de estudiantes, también por cuestiones netamente internas, sin banderas ni ideales universitarios, tienen varios encuentros violentos que obligan a intervenir a la policía. Los estudiantes protestan, entonces, porque la policía interviene y la acusan de crueldad, lo mismo que al Gobierno.

»El dilema es pues, irreductible: ¿Debe o no intervenir la policía? Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión; se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones, ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso del artículo 9o constitucional; hemos sido tolerantes hasta excesos criticados; pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo; tenemos la ineludible obligación de impedir la destrucción de las fórmulas esenciales, a cuyo amparo convivimos y progresamos».

Para la 4T no hay límites

El anterior planteamiento de Díaz Ordaz, sustentado en la más elemental lógica, es contrario a la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, puesto que él mismo llamó, como agitador, a quemar pozos petroleros en su natal estado de Tabasco y luego, como candidato presidencial derrotado —muy probablemente a raíz de un fraude— ocupó, secuestró, obstruyó  la principal avenida de la Ciudad de México: el Paseo de la Reforma.

Algo similar se puede decir de una hija del 68, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien protege a los vándalos que golpean, incendian, destruyen y atemorizan a los ciudadanos.

«En la anarquía nadie es libre y nadie produce»

Tanto López Obrador como Sheinbaum quien hacer añicos el orden jurídico que invocó Díaz Ordaz, aquel 1 de septiembre de 1968, como justificación para castigar a los delincuentes políticos:

«El orden jurídico general —del que la autonomía universitaria no es más que una parte— es el que propicia el trabajo, la creación de riqueza para poder sostener universidades, politécnicos, escuelas normales y de agricultura; el que ampara las libertades, porque en la anarquía nadie es libre y nadie produce».

En la siguiente entrega, explicaremos por qué López Obrador rechaza al Ejército y a la Marina, a pesar de que son las instituciones que tienen la más alta confianza de la sociedad. Y cómo defendía Díaz Ordaz a nuestros juanes, es decir, a nuestros modestos soldados.

Continuará

(*) Periodista mexicano