Por Mario Rosales Betancourt (*)

Foto: Notimex vía Twitter.

Ante la crítica de que con su llegada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) perderá autonomía, la respuesta de Rosario Piedra fue: «Nunca ha sido autónoma».

Ante esta aseveración, y dada la política de austeridad de la actual Administración Pública, que lleva a desaparecer a organismos autónomos inútiles, la duda es si se justifica mantener un organismo (la CNDH) cuyo costo-beneficio es muy negativo.

Para empezar, no es la Comisión de Nacional de los Derechos Humanos, sino el poder judicial, el que debe de proteger con efectividad y eficiencia —o sea, en forma imparcial y expedita— los derechos humanos que tenemos los mexicanos por el solo hecho de ser seres humanos. Derechos que se reconocen en nuestra Constitución y en tratados internacionales.

Desde que Jorge Carpizo convenció a Carlos Salinas de que se creara lo que desde ese momento muchos criticamos como un costoso e inútil elefante blanco —eso si muy vistoso—, creímos que era mejor fortalecer al ministerio público y al poder judicial para que se atendieran por esos medios las denuncias de violaciones a derechos humanos.

El argumento para avalar la creación de la CNDH fue que  la Procuraduría General de la República (PGR) era una dependencia del ejecutivo, que no era autónoma. Así, la CNDH nació como un supuesto contrapeso —fundamentalmente— contra las procuradurías. Fue la época en que la CNDH solo sirvió para proteger criminales.

Ahora, la PGR no existe. Ahora es una Fiscalía autónoma. Por lo tanto, bastaría con tener una eficaz Fiscalía Especial de Derechos Humanos, dependiente de la Fiscalía Autónoma, que llevara ante el poder judicial las investigaciones, querellas y denuncias contra actos de autoridad que presuntamente fueran violatorios de los derechos humanos.

Con la ventaja de que tienen mucho más fuerza, por ejemplo, las sentencias de amparo que las recomendaciones de la CNDH, que han sido olímpicamente ignoradas por el actual gobierno de López Obrador.

La fuerza de la Comisión de Nacional de los Derechos Humanos es más moral, y estaba basada en el prestigio y los conocimientos jurídicos de quienes la presidían.

La psicóloga Rosario Piedra, que no es abogada, llega tras un proceso muy cuestionado; admite su cercanía con el gobierno de López Obrador, y su único mérito es ser hija, de alguien que solo ha sido una gran luchadora, pero no de todos los derechos humanos, sino de quienes han sufrido la desaparición forzada.

Por lo anterior, no tiene ni la fuerza moral, ni los conocimientos técnico jurídicos, para desempeñar su tarea.

Por eso creo que lo mejor sería desaparecer la CNDH, y que los cuantioso recursos que se le asignan, se le dieran tanto a la Fiscalía Autónoma —para que mejore la persecución de los delitos que violen los derechos humanos— como al Poder Judicial.

Se podría crear, eso sí, una Comisión de la Verdad, presidida por Rosario Piedra, para que apoye en el tema de desaparición forzada. Pero no usar toda la estructura y presupuesto de la CNDH solo para resolver el asunto de lo que le pasó a su hermano.

(*) Abogado, profesor universitario y periodista