Por Juan José Agustín Reyes Rodríguez (*)

En la agenda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se han establecido numerosas fechas relativas al ambiente y a los recursos naturales, a lo largo de cada año. En el caso de los recursos forestales esa organización determinó que el 21 de marzo, coincidiendo con el inicio oficial de la primavera, sea el Día Internacional de los Bosques; así mismo el 22 de marzo sea el Día Mundial del Agua.

Las medidas de política forestal y ambiental de la ONU, orientando a los países que conmemoren esos días, son para destacar la relevancia que esos dos recursos tienen para la vida, no sólo humana, sino de todos los seres que habitan nuestra nave espacial.

En algunos gobiernos se hacen celebraciones de trascendencia y son congruentes en dictar medidas legislativas, administrativas, presupuestales y participativas con la sociedad. Son congruentes de lo que dicen en sus posiciones políticas con su actuar en términos de presupuestos, gente capacitada, aplicación de la legislación, normatividad y la participación de los núcleos comunales, en donde están esos recursos.

Por otro lado hay gobiernos que les importa un verdadero cacahuate estos temas y simplemente los ignoran o simplemente no los atienden porque implica sencillamente tapar actos de corrupción e impunidad de personas, empresas y organizaciones que violan constantemente las leyes, reglamentos y normas. Coloquialmente, ¡se hacen ojos de hormiga!

Un tercer grupo de gobiernos es el que tiene posiciones políticas muy estridentes y contundentes con respecto a los recursos naturales, la importancia para la vida, sobre todo de los pueblos en donde se encuentran los ecosistemas forestales, en donde se capta, almacena y distribuye el agua. Sin embargo, del dicho político a los hechos hay una enorme distancia, porque como dice el dicho popular, “de lengua me como un taco”; y no sólo uno sino muchos.

Desde luego que en la realidad hay varias combinaciones de estos tres tipos de gobiernos que en algunos periodos aplica uno y en otro aplican los demás, o también en el mismo periodo aplican los tres y sus combinaciones.

En nuestro país hemos visto posiciones muy claras, aunque temporales de algunos gobiernos. Por ejemplo Lázaro Cárdenas tuvo una política muy clara de conservación forestal y de los recursos hídricos. Se establecieron la mayoría de los parques nacionales y las zonas de protección forestal de las cuencas hidrográficas, porque tenía muy clara la relación del agua-bosque.

En el periodo de Echeverría se dio un amplio impulso a los programas de reforestación que llevaba la desaparecida Subsecretaría Forestal y de la Fauna, sobre todo en la cuenca de México, en coordinación con la también desaparecida Dirección Técnica Forestal de la fábrica de papel San Rafael. Ello con el fin de restaurar y conservar suelos y reforestar los lomeríos, protegiendo así las microcuencas de captación orientales del Lago de Texcoco.

El tristemente célebre De la Madrid, declaró en su campaña presidencial que “Los bosques y selvas son prioridad nacional” y su primer acto legal, por instrucciones de Salinas de Gortari, fue desmantelar la Subsecretaría Forestal y de la Fauna, transfiriendo atribuciones, recursos y personal a la naciente Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) y así darle vida y cuerpo.

Otro de sus brillantes actos fue que a diez días de haber clausurado el Congreso Forestal Mundial, celebrado en México en 1985, ¡desaparece la Subsecretaría Forestal! ¿Eso es congruencia? Algo de lo que se logró rescatar, fue la creación de la primera Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), como un proyecto interinstitucional, uno de cuyos resultados fue promover y lograr la Ley Forestal en 1986, la cual fue aprobada en la Cámara de Diputados POR UNANIMIDAD y con una sola abstención.

El inicio del remate del país fue con Salinas de Gortari, que a dos años de terminar su mandato, en 1992, hizo las reformas más trascendentes para rematar los recursos naturales y servicios estratégicos del país, al modificar diversos artículos de la Constitución, especialmente el 27, en donde está el dominio de la nación sobre todos los recursos del suelo, subsuelo, mares y costas. En carrera siguieron las modificaciones a las leyes Forestal, de Aguas Nacionales, Minera, General de Ecología y Protección al Ambiente, entre las más importantes para el tema que nos ocupa.

Estas reformas constitucionales y legales son las que han prevalecido hasta nuestros días y han sido la base legaloide para el despojo de tierras y aguas de ciudades y pueblos originarios.

Pasando el periodo de Zedillo, del que no hay mucho que comentar, entró el gobierno de Fox; uno de los actos fundamentales y que siempre he de reconocerle, aun cuando hay muchos otros que no, fue la creación de la segunda Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), ahora sí como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a la que se le asignaron importantes recursos para atender los asuntos forestales de conservación, fomento, producción, restauración, comercialización e industrialización, con una participación activa de los productores forestales y los gobiernos estatales, con los que se firmaron convenios para aportar recursos y hacer acciones conjuntas.

De Calderón, prácticamente no hay mucho que decir, más que permitió que la CONAFOR continuara. Con Peña Nieto sucedió lo mismo que con Calderón respecto a la CONAFOR, habiéndose incrementado notablemente el personal administrativo y minimizado el operativo en campo, pero nada más relevante que contar.

Y llegamos a la Cuarta Transformación. En una situación muy complicada por la economía mundial, las deudas BILLONARIAS heredadas y un activismo político de los que perdieron el poder, en contra del presidente, las decisiones que se han tomado en cuanto a la asignación de recursos presupuestales han sido muy lamentables. Desde luego cada gobierno establece sus políticas y sus prioridades.

Así, vimos cómo a la CONAFOR de más de siete mil millones de pesos con los que nació, se le redujo a poco más de dos mil millones, teniendo que despedir a técnicos y profesionales, aunque también a muchos amigos de Peña, que no se sabían la o por lo redondo.

Se inventó un Programa de “Sembrando Vida”, cuyo objetivo principal es “sembrar” (sic) un millón de hectáreas en dos a tres años, de árboles frutales y maderables. En 2019 se iban a plantar (es el término correcto, no sembrar) medio millón de hectáreas, lo cual vimos como un reto formidables, pero no realista.

De acuerdo a reportes de la propia Secretaría del Bienestar, no se llegó ni a la mitad siquiera, como suponíamos y con altos costos en la producción de planta, a cargo del Ejército en más del 50 %. ($375/planta, cuando en realidad no debía pasar de cinco o seis pesos a lo máximo).

Respecto al incumplimiento de este programa, la propia Secretaría de Bienestar, sin decirlo directamente, lo atribuyó al responsable operativo, el subsecretario May, quien no tiene la menor idea de los asuntos forestales y se dedicó más a la grilla política, que es su verdadera ocupación.

La Secretaría publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, quitándole a May la responsabilidad del programa Sembrando Vida, por lo que este presentó su renuncia a López Obrador, quien —para su fortuna y para desgracia del programa— no la aceptó, así que la secretaría se tuvo que comer su valiosa decisión. Mientras tanto la CONAFOR sigue buscando la manera de avanzar en los temas forestales con escasos recursos y personal calificado, cuando debería ser la que retomara por lo menos la parte de reforestación.

El sector forestal requiere más apoyos integrales para el manejo comunitario en bosques nativos, así como las plantaciones forestales comerciales, que además de recuperar eriales y tierras abandonadas, tienen la importante función de capturar bióxido de carbono, restaurar en gran medida la fauna silvestre, el suelo y la captación de agua, además de darle un valor económico y social con la producción de materia prima (con lo que se reducirían las importaciones forestales, principalmente de madera dimensionada, celulosa y papel).

Esto sí sería motivo de celebración del Día Internacional de los Bosques. El hacer inversiones públicas y privadas en las tierras forestales reducirían la deforestación para dedicarla a otros usos más rentables en el corto plazo, pero con graves daños al ambiente, como es la ganadería que desmonta selvas en el sur sureste del país y el aguacate —el oro verde— que sigue devastando bosques en Michoacán, Jalisco, Nayarit y Estado de México, por mencionar los más graves.

Todos los aspectos forestales tienen un vínculo directo con el agua.

Desde la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en 1992, que puso en el mercado la venta del agua como una mercancía, se han otorgado miles de concesiones, 537 mil de acuerdo al Registro Público de Derechos del Agua (REPDA), especialmente a las grandes empresas y a los distritos de riego, que están en manos de los empresarios más poderosos y con poca participación de ejidatarios y comuneros. (El 7% de los concesionarios controla el 70% del volumen de agua).

De esas, acorde con la misma fuente, 354 personas y 657 empresas acaparan, cada una, más de un millón de metros cúbicos por año. Esto refleja la inequitativa distribución del agua. Estos “AGUAPOLIOS” han sido posible por la compra-venta de concesiones de agua permitidas por la LAN y operadas por la CONAGUA y sus directores de Regiones Administrativas.

Desde febrero de 2012, se reformó el artículo 4.° constitucional, para garantizar el derecho humano al agua y en sus transitorios ordena al congreso expedir en el término de un año la nueva Ley General de Aguas (LGA), lo cual a siete años de ese plazo no ha ocurrido.

Hubo algunos intentos gatopardianos de aprobar una nueva ley, que prácticamente dejaba vigentes las canonjías y discrecionalidad de la “autoridad” del agua para seguir rematando ese recurso como una mercancía, a cambio de favores y canonjías. Estos proyectos de iniciativas se conocieron como la Ley Korenfeld y la Ley Pichardo, las cuales no se concretaron ¡por fortuna!

Son impresionantes los cientos de miles de concesiones y asignaciones (537 mil) que se han entregado a las empresas más poderosas, no sólo de México, sino también extranjeras, como la Modelo-Constellation Brands, la Heineken, Coca cola, Bonafont, Wal-Mart, en todas sus plantas que tienen en el país, así como las mineras —que tanta destrucción social y ambiental causan—, la privatización de los sistemas de aguas potable y drenaje en Puebla, Aguascalientes y otras ciudades, así como muchas situaciones problemáticas más.

Recientemente salió a la luz que la Secretaria de Gobernación actual tiene 17 concesiones y su esposo otras más, con volúmenes que suman en total 2 millones 644,500 litros de agua para sus huertas de cítricos en el Acuífero Citrícola del Norte, en Nuevo León. Estas concesiones por estar clasificadas como uso agrícola están exentas del pago de derechos, aunque la producción es altamente rentable por ser de cítricos (Información del REPDA de CONAGUA).

Desde gobiernos anteriores y en el actual, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ha sido la única autoridad para otorgar concesiones y asignaciones de aguas nacionales, tanto subterráneas como superficiales, con una absoluta discrecionalidad y sospechas muy evidentes de corrupción en sus diferentes niveles de autoridad. Esto es basándose en la actual Ley de Aguas Nacionales.

En lustros recientes, grupos de la sociedad, activistas y, sobre todo, los pueblos afectados se han venido organizando para protestar legalmente, mediante amparos —que no se concretan o los que se concretan no se acatan—, marchas, plantones y denuncias públicas. Ejemplos hay muchos: el Acuífero de Apam, Hidalgo; los pueblos originarios de Xochimilco; el Pueblo Yaqui en Sonora; la contaminación de cenotes en Yucatán: el Programa Integral Morelos, Chiapas. Veracruz, entre otros muchos. Sus líderes han sido encarcelados con acusaciones y pruebas falsas, asesinados, amedrentados y desaparecidos por las pandillas y cárteles bajo el mandato de las empresas explotadoras y por algunos de los propios gobiernos de los tres órdenes de gobierno.

En la conmemoración de estos días Internacional de los Bosques y Mundial del Agua, justamente se está llevando una consulta pública muy amañada por la Secretaría de Gobernación, operada por la subsecretaria Diana Álvarez, enviada expresamente a Mexicali, por el Súper Delegado de Bienestar en Baja California y la CONAGUA, para decidir el futuro de la cervecera Constellation Brands en Mexicali.

Esta encuesta, a pesar de lo amañada porque está orientada a favorecer a la empresa —como puede verse en las preguntas; los acarreos por parte de la empresa y del súper delegado de Bienestar; el robo de urnas (mismas que se llevaron a la Delegación de Bienestar custodiadas por la Guardia Nacional, la policía local y una empresa privada de seguridad como consta en los videos que oportunamente se filmaron, entre otras irregularidades al estilo prianborolista— reflejó la decisión que los Cachanillas y los habitantes del Valle de Mexicali del futuro quieren para su supervivencia a largo plazo en esa región desértica del país.

Como era de esperarse, han salido en defensa de esa cervecera gringa el propio embajador americano en México, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, los PRIANBOROLISTAS, algunos medios de desinformación y presuntos ciudadanos sin partido. Han pronosticado que si se cancela la cervecera, será una tragedia para México, como sucedió con la cancelación del aeropuerto en el Lago de Texcoco, sobre lo cual no dejan de machacar, en cualquier expresión que hacen. El presidente de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, acérrimo enemigo de López Obrador pidió su destitución y la de la secretaria de gobernación, lo cual no es congruente, puesto que una de sus subsecretarias estuvo operando en favor de la cervecera.

Considero que debería aplicarse un principio de legalidad. Si un acto jurídico fue ilegal desde su inicio (por situaciones de corrupción, violaciones a la propia Constitución —al no haber habido consulta previa de los pueblos—, violación a normas, leyes y procesos, como se ha denunciado desde que se inició esta planta en 2017), entonces los efectos legales son nulos de pleno y de plano.

Seguramente vendrán los amparos y se desatará otra vez la guerra mediática contra la cancelación de esa obra. Hay una resolución muy clara de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que condena esa obra y la misma consulta que no debió hacerse sino simplemente acatar la resolución de esa Comisión. ¡Los derechos humanos no se consultan!

La inversión que tiene programada Constellation Brands, es de 1,400 millones de dólares (otras fuentes dicen 1,500), de los cuales presuntamente ya gastó 900 millones y lleva “construido el 65% (seguramente este avance es como el que dijeron en la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco, donde reportaban un del 35% y solamente llevaban 20%).

También, supuestamente, se perderían miles de empleos, lo cual es una verdad a medias, porque es una planta altamente robotizada, como lo mostraron en su video promocional, lo que significa que la creación de empleos directos es ridícula. ¿Que los transportistas se verán afectados? Es posible que no tengan esa fuente de ingresos, pero ¿cuántos de ellos son gringos y no mexicanos?

Por otro lado ¿Cuál será el impacto del desabasto de agua para la población, no sólo de Mexicali sino de todo el Valle, a mediano y largo plazo? Ese es el fondo de la situación. Hay muchas empresas limpias que pueden establecerse y no necesitan el alto consumo de agua.

Los resultados de la consulta celebrados el 21 y 22 de marzo arrojaron más del 70% en contra de la terminación de la planta Constellation Brands.

Por otro lado, desafortunadamente, siguen prevaleciendo los intereses personales y de grupos para que no se apruebe la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas y abrogar la ley vigente, con resistencias de algunos legisladores, empresarios, cerveceros, embotelladores, minas, desarrollos inmobiliarios, agricultores transnacionales radicados en México y otros interesados en seguir conservando sus canonjías y prerrogativas, aun a costa de la mayoría de la sociedad. Sin embargo hay que señalar que ya se iniciaron grupos de trabajo en la Cámara de Diputados, para analizar y discutir cada uno de los capítulos de la iniciativa.

Una magnifica celebración del Día Mundial del Agua será cuando se apruebe la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas y se cancelen las concesiones y asignaciones otorgadas por CONAGUA a lo largo de décadas de manera “legal” pero inmoral.

(*) Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques, por la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, Texcoco, Estado de México (hoy Universidad Autónoma de Chapingo); Maestro en Ciencias y candidato a Doctor en Recursos Naturales por The University of Michigan, en Ann Arbor, Michigan; Consultor en Recursos Naturales, Ambiente y Desarrollo.