La debilidad de las instituciones de la sociedad cae como anillo al dedo al gobierno, que se fortalece. La pandemia justifica una mayor y más férrea intervención del Estado en la economía, y en la vida social.

Por Mario Rosales Betancourt (*)

Imagen ilustrativa: Pixabay

No sabemos ni cuándo, ni cómo y lo peor, con qué costos en vidas y enfermedades irreversibles, terminará la pandemia.

Realmente no sabemos si nosotros mismos, o nuestros seres queridos, serán afectados por el virus; ignoramos cuánto tiempo pasará para que se encuentre disponible, un remedio y una vacuna; pero los que sí se pueden prever, son los daños a nuestro sistema de convivencia social en todos los aspectos: bienestar, economía eficiente, sistema jurídico, control al ejercicio del poder, paz social, equidad, felicidad, justicia y coexistencia humana.

En lo económico, en México, hasta el gobierno prevé un decrecimiento del 3.9%, mientras los bancos internacionales, de más de 8%. Será la peor recesión que muchos mexicanos habrán vivido en su historia, con sus terribles consecuencias en el empleo y en la calidad de vida.

Muchos de los sobrevivientes pasarán de la clase media a la pobreza, y de la pobreza a la pobreza extrema. Las necesidades de muchos serán insatisfechas. Y como no sólo será una recesión, sino que también se incrementan precios, sufrimos lo que los economistas llaman estangflación: inflación + recesión.

Evidentemente esto nos cambia para mal, en nuestra forma de vida y de convivencia humana.

El sistema capitalista de mercado funciona con el supuesto ceteris paribus, o sea, si no hay cambios se colapsa, hoy se enfrenta una sobredemanda de servicios de salud con una pobre e ineficiente oferta. Y así, un factor exógeno a la economía altera gravemente la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. El mercado falla ante el coronavirus.

Los efectos económicos se convierten en sociales, en malestar social, en violencia, en delincuencia, en agresividad y en enojo social. Las controversias se incrementan en un clima que provoca y puede provocar más graves estallidos en todos los ámbitos (desde el familiar —como pleitos de parejas—, lo laboral —como despidos— , y los comunitarios —como la comisión de delitos—).

Lo anterior daña todo el sistema jurídico. Los ordenamientos, normas, contratos, acuerdos, etc., basados en el llamado Pacta Sum Servanda, o sea, en que los pactos deben de cumplirse, caen en el supuesto de la Rebus Sic Stantibus, esto es el no cumplimiento, por un cambio fundamental de circunstancias.

Así, las empresas paradas, medianas y pequeñas, no pueden pagar a sus proveedores, a los empleados, a los bancos, al Estado, etc. El no cumplimiento de obligaciones destruye el estado de derecho, y más cuando los órganos jurisdiccionales o están cerrados o son insuficientes .

La debilidad de las instituciones de la sociedad cae como anillo al dedo al gobierno, que se fortalece. La pandemia justifica una mayor y más férrea intervención del Estado en la economía, y en la vida social.

Así, Trump puede obligar a las grandes empresas automotrices a producir ventiladores en lugar de coches, a practicar entregas directa de dinero; el gobierno nos puede obligar a un no hacer. Se nos priva, de facto, aunque por causa justificada, de libertades como las de tránsito o reunión, se nos confina sin haber cometido una falta.

No sabemos cuándo ni cómo terminará la pandemia, pero lo que sí, es que los sobrevivientes viviremos un peor mundo en lo económico, social, jurídico y político, al que antes teníamos; y la recuperación será necesariamente muy lenta, muchos nos quejábamos de lo que vivimos en 2019, pero ahora —si tenemos suerte y sobrevivimos— lo extrañaremos.

(*) Abogado, periodista y profesor universitario