Era una gran nota, sobre todo para un reportero más que principiante: en el atrio de la Catedral, a un costado de Palacio Nacional, y a cuatro días del segundo informe de Gobierno del entonces presidente José López Portillo, había iniciado una huelga de hambre.

Habría que hacer la historia de las huelgas de hambre en México, pero el 28 de agosto de 1978, hace 43 años, comenzaba con esa huelga un movimiento que, con mucha tristeza y enojo, hay que decirlo, no termina: la búsqueda de los desaparecidos, en ese momento, por motivos políticos. Hoy en día muchas personas desaparecen y no se sabe por qué.

En 1978 era algo insólito que se instalara en el atrio catedralicio un movimiento de esa naturaleza. Fue ahí porque no se les permitió la entrada al recinto de culto. Estaban por cumplirse 10 años, una década, del dos de octubre de 1968, pero su recuerdo era fresquísimo, tanto como el del «halconazo», del 10 de junio de apenas 1971.

El recuerdo de esa presencia mortal de la fuerza del Estado hacía impensable que se diera una protesta tan rotunda. Pero se dio y ahí estaban ocho mujeres y dos hombres, recuerdan las crónicas, exigiendo la aparición de sus hijos desaparecidos por el Estado. Así sí, sin duda, había sido el Estado.

Por supuesto, un reportero más que principiante no tenía tiempo ni agudeza para esas sofisticaciones conceptuales. Había que «ir a cubrir la nota» y al hacerlo, aprender lo que solo se aprende así, en la práctica, sobre la marcha, a la hora de la hora, en caliente…

La nota quedó en la cinta amarilla de télex y nunca fue publicada pero, no piensen mal, no por la intervención de una oscura mano de un agente de Gobernación, sino porque el medio para el que se trabajaba estaba aún en pruebas.

Pero en la mente del reportero más que principiante, llegar al atrio y recoger las palabras de la líder de la huelga de hambre, Rosario Ibarra de Piedra quien buscaba a su hijo Jesús, desaparecido en 1974, quedó como una génesis profesional personal imborrable, que hoy recuerda con la muerte de quien fue mucho más que una activista.

Recordar ese acto reporteril y contrastarlo con la realidad actual del país, es triste, doloroso e inexplicable.

El “Comité Pro-Defensa de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos de México», o más sencillamente, Comité Eureka, buscaba en agosto de 1978 a poco más de 500 desaparecidos, todos con historias donde agentes del Estado habían participado en su desaparición. Muchos de los 500 eran opositores al régimen político, varios por la vía armada, pero otros muchos solo eran amigos o familiares, y no dejaron de reportarse desapariciones de quienes «iban pasando» por donde estaba el operativo gubernamental, pero igual los detuvieron.

Cuarenta y tres años después el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas hizo hace cuatro días 85 recomendaciones a las autoridades mexicanas en materia de desapariciones forzadas.

El citado Comité contabilizó 95 mil 121 desaparecidos, 190 veces más que aquellos 500 de hace 43 años. De la primera cifra, 98 por ciento desaparecieron entre 2006 y 2021, sobre todo hombres de 15 a 40 años, con «una creciente tendencia a la desaparición de niñas y niños a partir de los 12 años, aunque también se debe incluir a los adolescentes y a las mujeres», señala el informe del Comité.

Para Carmen Roda Villa Quintana, presidente del grupo de Naciones Unidas, las desapariciones de menores de edad, adolescentes y mujeres «se trataría de desapariciones que tendrían como objeto ocultar la violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual».

No, el autor ya no es solo el Estado. Ahora también el crimen organizado, y lo más inquietante, casi cualquier miembro de la sociedad.

Rosario Ibarra murió este sábado 16 sin encontrar a su hijo Jesús, que de vivir, tendría 68 años de edad.