El autor sostiene que la declaración notarial presentada por Yazmín Esquivel carece de peso probatorio

Por chicana se entiende una práctica maliciosa de abogados, para obturar o retrasar un proceso legal.

Era evidente que la investigación de la UNAM iba en el sentido de que efectivamente la ministra Yazmín Esquivel Mossa había plagiado su tesis; pero presentó un extraño documento notarial, en el cual la persona que se recibió primero confiesa que él plagió la tesis de ella.

Con esta maniobra, la ministra logró que se retrasara la decisión de la Universidad sobre el tema y el lunes 2, la Corte tendrá que decidir quién asumirá la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

Así, la ministra Esquivel tomó la peor actitud, la de arrojar los lodos de su desprestigio personal a dos instituciones que, para bien del país, deben mantener su credibilidad y confianza. Lo que además evidencia su ingratitud hacia ambas instituciones autónomas, que han hecho mucho por ella.

Por lo demás, ha quedado claro que la tesis del abogado Edgar Ulises Báez y la de ella ―ambos, asesorados por la misma maestra― son 90 % iguales.

Lo segundo que queda claro y aceptado, es que el abogado Báez presentó su examen profesional antes, en 1986, y la hoy ministra Esquivel, hasta 1987.

A falta de mejores argumentos, el único elemento importante de prueba que presentó, es una declaración escrita ante notario público, en la cual alguien ―que dice que es el licenciado Báez― confiesa solo ante el fedatario público plagió la tesis de Yazmín Esquivel; y que lo hizo cuando era estudiante en la Facultad de Derecho, mientras que Esquivel era estudiante en la ENEP Aragón.

Ciertamente, con esto la ministra crea dudas sobre quién plagió a quién. Muchos mal pensados piensan que esa declaración notarial es apócrifa (esto es, que se hizo pasar a una persona ―con una identificación falsa― por el licenciado Báez). Incluso, hay un medio que dice que lo encontró, que habló con él y que Báez niega haber hecho la declaración notarial.

Pero si realmente fue él, muchos creen fue comprado o algo peor: que fue intimidado.

Las maniobras de la ministra, por lo demás, nos resultan inverosímiles. Los que hemos asesorado tesis en la UNAM, particularmente en la licenciatura en Derecho ―incluyendo los años 80― sabemos que el proceso era y sigue siendo el mismo: antes de iniciar, hay que registrar la tesis, esto es, es necesario llenar un formato. Antes era en físico, por escrito; ahora, de manera digital. En este documento se pone el nombre del alumno y del asesor, el título, el proyecto de capitulado, el objetivo y una bibliografía. Esto se hace para evitar duplicidad de temas a investigar.

Lo importante es que, para hacer este registro, el alumno o alumna debe tener cubierto el 100 % de los créditos, o sea, haber aprobado todas las materias del plan de estudios y haber hecho el servicio Social.

En 1985, la entonces alumna Esquivel aún estaba estudiando. Terminó sus materias en 1986 1986, por lo que es imposible que hubiera tenido el registro de su tesis y menos, esta terminada. Sin tesis, ¿cómo puede argumentar que se la plagiaron?

Luego viene el proceso de elaboración de la tesis. En este periodo, solo quien está elaborando la tesis y la asesora, la conocen, por lo que nadie ―y menos en esa época en la que se carecía de los actuales desarrollos tecnológicos―, podía plagiar un documento de esa naturaleza.

Y sólo es hasta que se termina la tesis, se designa a los sinodales. Estos dan el voto aprobatorio y se fija la fecha para el examen profesional. Es después de todo este proceso que la tesis se hace pública. Incluso se tenían que entregar copias de la tesis a Ia biblioteca de Aragón y a la biblioteca central de la UNAM, o sea, solo hasta ese momento, puede ser susceptible una tesis de ser plagiada. Y, obviamente, la primera que llegó a las bibliotecas fue la del licenciado Báez y solo después, la de la alumna Esquivel, por lo que ―aún con la declaración notarial― no es creíble que la plagiada haya sido la actual ministra.

Desde luego, su táctica funcionó, porque con ello género una duda, y, ante ella, la UNAM actúa responsablemente, posponiendo hasta después del 5 de enero, que terminan sus vacaciones, su decisión.

Es evidente que detrás de esto, hay un conflicto por quién controlará la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Tal es el origen y razón de este escándalo. Y la UNAM no tiene por qué meterse en ese pleito. Así que veremos qué decide la Suprema Corte el día 2: si es un poder autónomo o ya una dependencia más del Ejecutivo.