Eso explica los altos niveles de impunidad y de violencia que sacuden al país

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debemos de entender que seguridad pública es un derecho fundamental de los ciudadanos; los derechos fundamentales son aquellos limites que se impone al actuar de la autoridad (gobierno) frente a los ciudadanos constituyendo normas fundamentales.

El artículo 21 de la Constitución señala en su párrafo noveno que “la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social” y que esta “comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley”.

De acuerdo a lo establecido por nuestra Constitución, la seguridad pública es una obligación del gobierno frente a los ciudadanos, que debiera consistir en todas aquellas acciones tendentes a salvaguardar bienes jurídicos de vital importancia como la vida, la libertad, la integridad corporal y el patrimonio de los gobernados; dichas acciones deben enmarcarse en la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como en la sanción de los mismos, incluyendo las infracciones administrativas, lo que debería contribuir al orden público y a la paz social.

Como se puede advertir, en el ámbito de la seguridad pública deben intervenir los tres poderes de la Unión. Al Legislativo le corresponderá la creación de las normas jurídicas que protejan dichos viene jurídicos; al Ejecutivo ─a través de las instituciones de seguridad pública─, generar las acciones más eficaces para la prevención del fenómeno delincuencial, así como la sanción de infracciones administrativas; la investigación y persecución de los delitos corresponderá a las fiscalías generales de la Federación y de los Estados y, finalmente, el procesamiento y eventual punición de las conductas delictivas, al poder Judicial.

Ahora bien, para que esto pueda ser una realidad se necesita primordialmente voluntad política, es decir tomar las decisiones efectivas y necesarias que permitan, en primera instancia, prevenir y en instancias posteriores, combatir el fenómeno delincuencial; adicionalmente, mejores normas, combatir las múltiples causas generadoras de hechos potencialmente delictivos, generar espacios de desarrollo personal, etc.

A las policías les corresponde la prevención de los delitos, lo que se logra con un apuntalamiento tecnológico y científico, que les permita combatir adecuadamente todos aquellos brotes generadores del fenómeno delincuencial, preparar a sus elementos con una mayor capacitación y adiestramiento no solo en la prevención de la comisión de los delitos sino también en el trato respetuoso de los derechos fundamentales; desde luego mejores condiciones laborales, triplicar los recursos humanos y materiales, dignificar la labor policial, etc.

A las fiscalías y sus auxiliares a quienes les corresponde la investigación y persecución de los delitos, claramente vemos que requieren de un marco legal que perfeccione su actuación, una mayor capacitación de sus elementos, principalmente de ministerios públicos y peritos, mejorar sus condiciones laborales, empezando por multiplicar los recursos humanos que permitan materialmente la investigación de los delitos y su persecución ante los órganos jurisdiccionales. El actual número de ministerios públicos, de policías de investigación, de peritos etc., hace prácticamente imposible que los probables delitos se investiguen y eventualmente se persigan, lo que desde luego genera una ventana de impunidad extraordinaria que incentiva las conductas delictivas. (Los ministerios públicos, en los más de los casos, no pueden preparar adecuadamente la persecución de los probables delitos en proceso por una sobre carga de trabajo).

Y finalmente en el ámbito judicial se repite la misma problemática: jueces que se ven materialmente rebasados por la carga de trabajo ─lo que retrasa la adecuada administración de justicia─, recursos materiales y técnicos insuficientes. etc.

De tal suerte que ese derecho fundamental al que todos los ciudadanos deberíamos poder accesar, se convierte en un sueño de imposible realización, mientras no haya voluntad política que priorice la seguridad pública antes que cualquier otra acción de gobierno.

Sin embargo, paradójica e increíblemente, la seguridad pública no representa votos para los políticos, por lo que ante la falta de ética política seguiremos teniendo a la seguridad pública como un mero enunciado de un derecho que no se cumple y que a ningún político le importa cumplir.