México, con su 2.6% del PIB destinado a salud, ilustra una tendencia global

I. El termómetro de las civilizaciones

En las cuentas nacionales de cada país late, sin saberlo, un diagnóstico moral.

El modo en que una nación financia su salud pública refleja su escala de prioridades. Cuando los hospitales funcionan con presupuestos que retroceden, la crisis deja de ser técnica: se convierte en un signo de decadencia cultural.

México, con su 2.6% del PIB destinado a salud, ilustra una tendencia global .

Europa envejece, Asia se hipertensa, África carece aún de acceso básico, y América Latina sobrevive entre sistemas fragmentados.

En todos los casos, el bienestar se ha vuelto una palabra que ya no describe una realidad, sino una aspiración.

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II. El espejismo del incremento

El informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) expone con precisión la contradicción: el presupuesto en salud para 2026 aumenta 5.9% respecto a 2025, pero en términos reales implica un recorte del 4.7% frente a lo ejercido en 2024 .

La causa no está en la cifra, sino en el contexto: la inflación médica supera el 14%, los insumos importados aumentan, y los recortes de 2025 no fueron compensados.

Así, el “incremento” no representa una expansión del sistema, sino un ajuste contable que apenas mantiene la operación corriente.

El aumento se concentra en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 58 mil millones adicionales, mientras la Secretaría de Salud pierde 2,200 millones y el IMSS-Bienestar, que atiende a la población sin seguridad social, apenas crece 0.8%.

El resultado es un traslado de recursos hacia el aparato asegurador y una contracción del acceso efectivo para los más vulnerables.

En términos técnicos, México repite el patrón que la OCDE identifica como “crecimiento nominal con deterioro real” (Health at a Glance, 2024): países que anuncian aumentos, pero que, descontando la inflación médica y la depreciación del tipo de cambio, pierden capacidad real de atención per cápita.

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III. Salud mental: el vacío estructural

El recorte del 13.8% en salud mental, que reduce este rubro al 1.5% del gasto sanitario frente al 5% recomendado por la OMS, no es una anécdota presupuestal .

Refleja la ausencia de una estrategia integral de salud mental en el marco de bienestar.

México mantiene programas dispersos —Comisión Nacional de Salud Mental, Instituto de Psiquiatría, Centros de Integración Juvenil— sin una arquitectura interinstitucional unificada ni mecanismos de evaluación.

El contraste internacional es instructivo.

Corea del Sur, tras una década de crisis por suicidios y estrés laboral, integró su Mental Health Integration Act (2020), que conecta políticas de salud, educación y trabajo: las empresas deben aplicar programas preventivos certificados, y los gobiernos locales financian redes comunitarias.

Francia, desde 2018, adoptó el Plan Santé Mentale con enfoque territorial, destinando recursos no solo a hospitales, sino a espacios públicos, empleo y cultura.

Ambos países demostraron que la salud mental no mejora con psiquiatras, sino con ecosistemas saludables.

México, por el contrario, carece de indicadores nacionales de bienestar emocional, y su gasto en prevención psicosocial representa menos del 0.1% del presupuesto sanitario.

El vacío no es solo financiero: es metodológico.

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IV. Enfermedades crónicas: el costo de la inacción

El informe del CIEP identifica a las enfermedades crónicas —diabetes, hipertensión y cáncer— como el principal factor de pérdida de productividad y gasto sanitario .

Sin embargo, no existen programas nacionales de prevención sostenida.

El país dedica menos del 10% de su presupuesto sanitario a prevención y más del 80% a atención curativa, replicando un modelo de reacción, no de anticipación.

Aquí el contraste con Chile es revelador.

Su sistema público, el Fondo Nacional de Salud (FONASA), implementa desde 2005 el plan AUGE-GES, que garantiza cobertura preventiva de 85 enfermedades con metas verificables y sanciones presupuestales por incumplimiento.

Los resultados: disminución del 30% en mortalidad cardiovascular y aumento del diagnóstico temprano de cáncer en un 40% entre 2010 y 2022 (Ministerio de Salud de Chile, 2023).

Francia, a su vez, destina más del 11% de su presupuesto sanitario a prevención primaria (alimentación, ejercicio, educación médica), mientras México apenas alcanza el 6%, según la Base de Datos de Salud de la OCDE, 2024.

La evidencia es concluyente: sin prevención, cada peso adicional en salud se convierte en gasto de emergencia.

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V. Los hospitales como frontera de la desigualdad

El CIEP muestra que una persona con seguridad social recibe 2.3 veces más recursos públicos que quien depende del IMSS-Bienestar .

Esa desigualdad se traduce en una fragmentación estructural: un país con dos sistemas de salud coexistiendo sin integrarse.

Mientras la atención formal crece, la informalidad sanitaria se perpetúa.

Los sistemas más sólidos del mundo —como el británico (NHS) o el francés— se sostienen sobre el principio de universalidad: todos los ciudadanos, con independencia de su condición laboral, acceden a la misma red.

México mantiene un modelo segmentado que multiplica burocracias, complica la coordinación y diluye la eficiencia fiscal.

El problema no es de gasto total, sino de arquitectura institucional.

Unificar la gestión en un sistema interoperable permitiría reducir duplicidades y liberar hasta un 12% del gasto, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2023).

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VI. La bomba demográfica y el límite fiscal

El gasto en salud equivale a 3.4% del PIB, frente al 6% recomendado por la OMS, y al 9.2% promedio de la OCDE .

México invierte menos de la mitad del umbral mínimo para sostener una población que envejece rápidamente.

El número de mayores de 65 años pasará de 10 millones en 2025 a más de 20 millones en 2040 (INEGI, Proyecciones Demográficas 2025–2050).

Si no se actúa, la combinación de envejecimiento, enfermedades crónicas y gasto reactivo provocará una espiral de insostenibilidad fiscal: más gasto público con menos efecto sanitario.

La OCDE calcula que los países que no incrementen su gasto real en salud al menos 1.5 puntos del PIB en la próxima década enfrentarán colapsos parciales en sus sistemas hospitalarios antes de 2035 (OECD Health Outlook 2024).

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VII. Hacia una política de salud con sentido estructural

El desafío no es aumentar el gasto, sino reorientarlo con visión de sistema.

Una política sanitaria eficaz para el siglo XXI exige:

            1.        Unificar el sistema de atención bajo un esquema nacional interoperable, eliminando duplicidades entre IMSS, ISSSTE y SSa.

            2.        Invertir en prevención estructural, con metas de reducción en factores de riesgo y participación comunitaria.

            3.        Vincular fiscalidad y salud, creando un Fondo Nacional de Prevención financiado con impuestos correctivos (azúcar, alcohol, tabaco).

            4.        Profesionalizar la gestión pública sanitaria mediante métricas de impacto poblacional y evaluación independiente.

            5.        Integrar salud mental y salud física en una política única de bienestar humano, basada en evidencia y sostenida en el tiempo.

Modelos como Corea del Sur (integración multisectorial), Francia (planificación presupuestal preventiva) y Chile (gobernanza basada en resultados) demuestran que es posible mantener sostenibilidad fiscal y bienestar simultáneos, siempre que la política sanitaria deje de ser curativa y se convierta en predictiva.

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VIII. Conclusión

El colapso del bienestar no se mide en hospitales cerrados, sino en la pérdida de dirección.

Un Estado que confunde gasto con inversión y atención con salud pierde su brújula civilizatoria.

La verdadera política sanitaria no busca contener la enfermedad, sino cultivar la salud como bien público.

Una nación sana no es la que cura más, sino la que enferma menos.

Mientras el presupuesto siga siendo un espejismo, la salud pública seguirá siendo el punto ciego del progreso.